¿Cómo explica el Gobierno bolivariano de Venezuela la entrega del presunto miembro de la organización separatista vasca ETA, Juan Víctor Galarza Mendiola, a la Policía española? El artículo 49 de la Constitución Nacional vigente contempla un principio fundamental que debe respetar este Estado de Derecho: «el debido proceso». En el caso que nos asiste, es más que evidente la violación de tal principio, porque, en tiempo récord y administrativamente, el indicado fue enviado a Madrid, sin tomarse en consideración la solicitud pre- via de extradición interpuesta por el Gobierno de Aznar ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué sucedió al respecto? ¿Por qué fue inobservado por la Policía política del Estado venezolano tal hecho? Uno no entiende que estas cosas pasen en un país donde existe un gobierno revolucionario, que les respeta los derechos humanos a militares y civiles golpistas y le niega el derecho a la defensa a un refugiado político.

Todos recordamos el caso de José María Ballestas, cuya extradición fue solicitada por el Gobierno de Bogotá. Pensamos que en este caso también se cumpliría, como debió ser, el mismo procedimiento por ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En esta oportunidad no se pudo alegar absolutamente nada a favor del «presunto militante separatista»; por eso decimos que es un mal precedente para la revolución bolivariana la forma como se entregó a este ciudadano vasco. Ni siquiera los socialcristianos y socialdemócratas Caldera y Pérez cedieron ante las presiones del Estado español; y ahora, esta administración revolucionaria permite que se cometa tal desafuero jurídico, pero con un agravante; es lastimoso decirlo, que de ser cierto, como parece, lo que ha señalado Izquierda Unida de que «el Gobierno español prestó su apoyo al golpe de Carmona Estanga», hoy en día se le premie, no se sabe por qué razón, entregándole a un ciudadano que trabajaba y producía en este país con toda su documentación en regla, sin hacer reparo en lo establecido en el Texto Constitucional y en la Ley de Asilo Político de reciente vigencia.

Hay consternación en los sectores intelectuales, sindicales y de luchadores revolucionarios venezolanos por esta forma como se ha procedido, contraria desde todo punto de vista a la tradición democrática demostrada por el pueblo venezolano hasta en los períodos gobernados por Adecos y Copeyanos. Cuesta entender cómo es que Pedro Carmona se fugó del lugar de su reclusión, sin que ningún cuerpo de seguridad del Estado venezolano haya podido detenerlo. Al contrario, facilitaron su huida. Pero en este caso, sin embargo, se actuó de manera expedita, siendo suprimidas, al mejor estilo del gobierno de facto del 12 de abril, las garantías judiciales y administrativas que le asistían a Galarza Mendiola, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Existe una solicitud de extradición de otros cinco refugiados políticos que se encuentran en Venezuela desde hace más de una década y media. Es deber de todo revolucionario conocer sus causas para oponerse a nuevas violaciones de los derechos humanos.

Entendemos que hay un mensaje subliminal cuando el Estado español habla de «colaboración internacional», pues lo que busca es involucrarnos a nosotros los venezolanos en la represión contra el pueblo vasco, utilizando para ello desde la manipulación informativa, con el fin de crear una matriz de opinión favorable a su estrategia represiva, hasta la presión económica o política sobre el gobierno revolucionario de Chávez. No queremos ser depósito humano de ninguna potencia extranjera. Los refugiados políticos vascos que están en Venezuela llegaron aquí por acuerdos internacionales suscritos válidamente en el pasado, y como tal deben respetarse.

Gara