Colombia: Tres operativos de la Fuerza Publica en la Comuna 13 de Medellín dejan más de cien civiles muertos en lo que va del año

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Mientras se llevan a cabo allanamientos y operativos con serias irregularidades en la Comuna 13 por parte de las autoridades, los “paras” se pasean como pedro por su casa y tienen bombas de gasolina". Las siguientes denuncias fueron hechas por habitantes de la Comuna 13 quienes fueron víctimas y tuvieron que abandonar la zona por temor a retaliaciones contra sus vidas y la de sus familias. Por este motivo asumimos derecho de reserva de fuente y por lo cual algunos de los nombres fueron cambiados.

La situación geoeconómica

Antioquia es un departamento privilegiado en términos geográficos, hídricos y de navegación dada su cercanía a la selva del Chocó y la cercanía al Río Cauca. En la zona occidental hay un macroproyecto de circulación y de tránsito de mercancías, asociado al túnel de occidente que tiene que ver con Urabá y con todo el tránsito de mercancías del Valle, Cauca, Centro Andino, Antoquia y el Caribe. Es un terreno muy apetecido y vulnerable. Además la zona occidental es cercana al Río Atrato y gran parte de la circulación de mercancías ilegales se da en esa zona. Lo mismo ocurre con el potencial energético de la zona nororiental de Antioquia.

La Comuna 13 está ubicada en el occidente de Medellín y es conformada por los barrios el Blanquizal, Olaya, Iguana, Vallejuelos, Pesebre, Santa Rosa de Lima, la Divisa, Juan XXIII, la Quiebra, Villa del Socorro, Antonio Nariño, San Javier, San Javier la Loma, Eduardo Santos, 20 de julio, independencias 1, 2 y 3, el Salado, Belencito, Corazón y la Arenera. Todos los enfrentamientos que ha habido, provienen del sistema de montañas occidentales, es decir la zona aledaña al Corregimiento de San Cristóbal. Desde 1999 se han intensificado los enfrentamientos con la aparición del Bloque Metro de las Autodefensas.

Los operativos militares

En lo que va corrido del año ha habido tres operativos de la Fuerza Pública en la Comuna 13: Operación Mariscal que fue llevada a cabo en mayo de este año y tuvo una duración de 12 horas. En ésta se vio una respuesta de la población quien salió protestar contra dicho operativo y los abusos de la Fuerza Pública.

En junio se llevó a cabo la operación Antorcha en donde también hubo heridos y detenidos, en estas operaciones militares hubo una parcial presencia de la prensa, Procuraduría y algunas ONGs de D.D.H.H, de estas dos operaciones resultaron 42 civiles muertos, entre quienes estaban 15 niños. Según Juana Maldonado habitante de la zona: “muchos de ellos murieron en sus casas, cuando estaban en el baño o incluso acostados”.

Por las irregularidades y abusos que se llevaron a cabo en la Operación Mariscal, se abrió un proceso que estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría en manos del Asesor José de Jesús Díaz Moncada. Díaz Moncada en su diligente trabajo manifestó la necesidad de vincular a dicha investigación a dos generales de la república (uno de la Policía y a otro del Ejército Nacional), así como a dos directores de la Policía Judicial y a un Procurador Judicial, y a otros servidores públicos.

A un mes de haber manifestado estas decisiones Díaz Moncada fue relevado de esa responsabilidad por parte de Ruth Miriam Escobar, coordinadora seccional de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quien según el propio abogado, intentaba truncar su trabajo de muchas formas.

Así las cosas: Cuando era más clara la participación de los altos oficiales en este caso, la funcionaria dio instrucciones de no practicar más pruebas, hasta tanto no hubiera un pronunciamiento sobre ese primer informe, poco después se le ordena Díaz Moncada la entrega del expediente. El funcionario fue relegado a una oficina y bien alejado del caso y con el agravante de amenazas contra su vida, sin que le haya dado protección.

En la operación Orión llevada a cabo en el mes de octubre, la situación fue diferente en algunas cosas. No se le permitió el ingreso a la prensa, ni siquiera a la Procuraduría, ni mucho menos a organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Debido a esto fue bastante difícil obtener las cifras exactas de víctimas civiles y detenidos. Así como datos de abusos por parte de las autoridades estatales. Sin embargo se habla de aproximadamente 300 detenidos y 70 muertos, entre ellos dos menores de edad. También se habla de por lo menos cinco desaparecidos.

Mientras el General Mario Montoya, Comandante de la IV Brigada del Ejército, quien fue también responsable de dicha operación, asegura en una entrevista realizada por El Espectador con fecha de octubre 27, que 212 personas fueron enviadas a la Fiscalía y que todas eran integrantes de grupos guerrilleros, lo cierto es que, según testimonios de habitantes del sector y de ONGS, entre las personas detenidas en los allanamientos de estas operaciones militares hay algunas personas que fueron militantes de la Unión Patriótica o del Partido Comunista Colombiano, así como dirigentes comunitarios que no tienen antecedentes delincuenciales. En la misma entrevista el General no da datos de “paras” detenidos.

Se presentaron casos como el de un habitante que se dedicaba a la confección de ropa, la Fuerza Pública pretendió obligarlo para que confesara que confeccionaba uniformes a las milicias, como se negó le rompieron la cabeza con la culata del fusil.

Ignacio Torres testigo de estos operativos aseguró a VOZ que: “A las personas que han dejado en libertad por falta de pruebas, las autoridades les han hechos firmar una especie de acta en donde se comprometen a no dar declaraciones a los medios, o a otras entidades para denunciar los atropellos a que fueron sometidos y los maltratos que sufrieron en las inspecciones de seguridad”.

Muerte de inocentes e irregularidades en los operativos

La Fuerza Pública según voceros del sector, reciben información de parte de las Autodefensas y con base en ellas retienen gente y realizan allanamientos. Carmen observó ese día como un encapuchado iba señalando a personas que sacaban de las casas, e inmediatamente se procedían a realizar las órdenes de captura. Al parecer de abogados expertos en el tema, con este procedimiento se invierte prácticamente el proceso penal. Ya que primero debe haber una acusación formal por un delito y una investigación que antecede a estos allanamientos.

En estos operativos se han violado varios aspectos normativos, como el hecho de que en la actualidad no se permiten testigos secretos, y los encapuchados se han valorado como tal. Abogados defensores de derechos humanos, aseguraron a este medio que han recibido información de que se han invertido cerca de 200 millones de pesos en falsos testigos para estos allanamientos. De igual manera recibimos datos de que en muchos operativos los mismos fiscales o miembros de la Fuerza Pública proceden encapuchados.

Además se le ordenó a la Fiscalía que no se procesara por rebelión a los detenidos, sino por concierto para delinquir con fines terroristas y se vieron cosas como abogados firmando indagatorias sin haberlas asistido. Los operativos fueron llevados a cabo con el respaldo de la Fiscalía, hay que recordar que la Fiscalía es un ente acusador no un órgano de control.

Jorge Ortega aseguró que cuando se realizaban los operativos, en muchas partes si no estaba el presunto miliciano, procedían a llevarse a cualquier otra persona que estuviese en la casa.
Otro aspecto importante que vale la pena destacar es que la Fuerza Pública concentró toda su atención en los barrios en donde hay presencia miliciana, pero no en donde las AUC tienen el control político, económico y militar.

Este tipo de operativos, así como las zonas de rehabilitación y consolidación son proyectos en donde no hay control paramilitar y lo que se está implantando es su expansión pues es sabido de medio mundo que ya tienen bombas de gasolina en la comuna 13, para abastecerse y sobrevivir económicamente, una de ellas queda en cercanías a San Michel entre El Liceo y La Independencia.

Gabriel Matiz dijo a VOZ que: “las incursiones paramilitares son para reprimir la protesta social, ya que está aprobada por parte del gobierno municipal la ubicación de un relleno sanitario muy cerca de nuestras viviendas y como la gente seguramente va a protestar por ello y con toda razón, nos quieren es amedrentar”.

La Fuerza Pública en la operación Orión según Jorge Ortega: “empezó a disparar a todo lo que se moviera, de allí los resultados de muertos y heridos civiles. Lo peor es que a las personas que han colocado las denuncias las han detenido acusándolos de milicianos, les han obligado a firmar unos papeles en las inspecciones y en misma cárcel Bellavista diciendo que las autoridades no los presionaron”.

La Fuerza Pública ha medido los resultados en números sin importar las consecuencias que han traído para la población civil estos operativos. En este sentido el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL denunció cómo el Ejército disparó indiscriminadamente contra dos jóvenes, que llegaban a sus casas: Elkin de Jesús Ramírez Vélez, seminarista de la Comunidad Menor Capuchina, quien murió horas después por falta de asistencia médica (El Ejército no permitió su traslado a un centro médico) y su hermano, Alexander, quien resultó gravemente herido.

Centros de tortura en Medellín

Son cosas que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir por temor a la guerra sucia que se vive hoy en Medellín. Según nuestras fuentes los centros de tortura más conocidos en Medellín están ubicados en la Estación de Policía de San Blas de la Comuna Nororiental, la de Villatina en el Centro Oriente, la Estación Laureles en Centro Occidente y la Escuela de Policía Carlos Holguín. Allí se llevan varios de los “sospechosos” quienes a punta de torturas y abusos oficiales se ven sometidos a largos y brutales interrogatorios."

Published by Sara Cifuentes, Voz