x Walter Alegre - Red Eco

Hace dos semanas que estalló el conflicto en Paraguay por 6 iniciativas de ley impulsadas por el gobierno.

El Congreso Democrático del Pueblo es una amplia coalición de organizaciones campesinas, populares y políticas que gracias a movilizaciones y cortes de rutas, que provocaron caos y desabastecimiento, lograron que 4 de esas leyes sean retiradas o suspendidas. El gobierno se comprometió a: retirar los proyectos de Ley Antiterrorista y de Reforma de la Banca Pública; no sancionar la Ley de Concesión de Rutas y excluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado) Agropecuario.

Luego de estas parciales conquistas los insurgentes descomprimieron los cortes sin abandonarlos ya que, si bien consiguieron que la Cámara de Diputados suspenda los efectos de la Ley 1.615 de privatizaciones, es probable que la Cámara de Senadores siga adelante con la iniciativa en su sesión del jueves 5 de junio. Por este motivo alrededor de 400 personas se encuentran acampando en las plazas frente al Congreso Nacional, a pesar de varios intentos de desalojarlos por parte de las autoridades asunceñas a través de supuestas contravenciones municipales. El dirigente de la Federación Nacional Campesina, uno de los organizadores de la protesta, Marcial Gómez afirmó que las agrupaciones campesinas están dispuestas a apoyar una eventual huelga general que convocaría en breve una de la centrales obreras del país, si el Ejecutivo y el Parlamento no revocan el proceso de privatización.

Por la otra parte no están dispuestos a aceptar las presiones. El cada vez más acorralado gobierno de González Macchi dispuso que las fuerzas militares, apoyadas por helicópteros de guerra tomen posición para amenazar a los manifestantes que quieren llegar a Asunción para la sesión del jueves 5, en donde tratarán las controvertidas leyes. El dirigente sindical Eduardo Ojeda, de la Central Nacional de Trabajadores de Paraguay, denunció que las tropas tomaron posiciones en la zona de San Pedro, a 250 km. al este de Asunción, donde un millar de campesinos se mantienen pertrechados realizando esporádicos cortes de rutas, en un claro acto de amedrentamiento. En una colonia del Departamento de Itapúa, 400km. al sur de Asunción, fuerzas policiales antimotines quemaron ranchos y apresaron a una veintena de campesinos.

"El procedimiento forma parte de un plan represivo para persuadir a los campesinos del Sur y evitar que prosigan con los cortes" afirmó el dirigente rural Pablo Ojeda. Por su parte la misma policía confirmó que desde el viernes siguen detenidos más de un centenar de campesinos en la localidades de San Patricio (180 km. al sur de la capital). Las Fuerzas Armadas permanecen acuarteladas por orden del Poder Ejecutivo. A este clima enrarecido se sumó hoy la declaración del dirigente opositor Luis Alberto Wagner (Partido Liberal Radical Auténtico) quien propuso que las organizaciones sociales y campesinas se unan para destituir al presidente González Macchi. Y por si fuera poco el prófugo de la justicia, Lino Oviedo, dijo que ante la inminente caída del presidente la próxima reunión de su partido será en Paraguay.

Los dirigentes rebeldes advirtieron que el intento del gobierno de intimidar a la movilización no tendrá el efecto deseado, sino todo lo contrario, porque más y más personas se van a sumar a las protestas contra la intención de regalar los bienes públicos por culpa de la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aseguran que la marcha campesina romperá las barreras en las rutas para llegar a la capital y llenar la plaza frente al Congreso para frenar el proceso de privatizaciones de la ex Antelco y otras empresas.

Mientras tanto se siguen sumando columnas a la marcha hacia la capital dentro de un virtual Estado de Sitio implementado por el gobierno.