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Protestas y artefactos explosivos contra la falta de agua en República Dominicana

Santo Domingo.- El pasado 13 de octubre, en la República Dominicana, estalló una bomba en la sede del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en Nagua, 180 kilómetros al norte de esta capital, reportó Prensa Latina.

El artefacto explosivo no causó víctimas pero destruyó una parte de la edificación gubernamental. Quienes detonaron este artefacto estaban motivados por la escasez de agua en esa localidad costera, donde desde hace 15 días no se suministra el líquido vital y raras veces se les proporcionan facilidades para adquirirlo.

Según explicó a la prensa oficial Ramón Santos, encargado de INAPA en esa zona, la falta de agua "se debe al poco abastecimiento de energía, que hace imposible bombearla hacia los hogares dominicanos". Santos declaró además que "algunas plantas encargadas de generar la energía necesaria están fuera de servicio por falta de combustible, averías, o ausencia del pago gubernamental a sus dueños".

Lo que no declaró es que esto sucede porque las empresas proveedoras de energía, siguiendo la política neoliberal de la mayoría de los paises latinoamericanos, han dejado de pertenecer al estado y se han privatizado, y sus dueños no se hacen responsables de los beneficios económicos pero no de proporcionar un servicio esencial para la población.

Hace una semana murieron en esta capital dos personas y otras seis resultaron heridas tras brutales cargas policiales contra protestas provocadas por la suspensión del aprovisionamiento de agua.

Recientemente, el gobierno dominicano entregó a los proveedores energéticos privados cerca de 50 millones de dólares para saldar parte de una deuda ascendente a 150 millones de dólares. Esta cantidad de dinero es la que el estado se comprometió a pagar a las empresas privadas para que gestionen el suministro de agua, pero que evidentemente no ha pagado en su totalidad. Tras esto, las empresas privadas se consideran en su derecho dejar a la gente sin agua, con la aceptación del gobierno, que prefiere reprimir con muertos en vez de presionar a las empresas.

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