La Paz, Bolivia. La Haine/Agencias. 13/02/03.- Nuevos brotes de violencia callejera se registraron el jueves en Bolivia, al inicio de marchas para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La rebelión se propagó a la vecina y populosa ciudad de El Alto, parte de la zona metropolitana de La Paz, donde miles de personas saquearon la sede de la alcaldía, las instalaciones de Coca-cola y Pepsi, un enorme almacén aduanero, grandes comercios y decenas de sucursales bancarias.

"Dos de los vándalos fueron muertos esta mañana a tiros por soldados militares. Hay algunos heridos", dijo a Reuters un redactor del diario burgués El Alteño.

Según informes de la Radio Panamericana, miles de manifestantes que pedían la renuncia de Gonzalo Sánchez de Losada fueron reprimidos con munición de guerra en el centro de La Paz por patrullas militares, dejando cuatro heridos. Entre tanto, tanques y vehículos artillados del ejército, rodeados por tropas seguían apostados en las esquinas e inmediaciones de la principal plaza de Bolivia, escenario de los graves enfrentamientos del miércoles.

Sánchez dice que no renunciará

"El presidente no ha considerado, en ningún momento, la posibilidad de renunciar. Cumplirá su mandato", declaró categóricamente el portavoz del jefe de Estado, Mauricio Antezana, quién además tachó el levantamiento popular y las acciones contra el gobierno de "actos de provocación".

Justificó la sangrienta represión militar y señaló que "el ejército debió salir a evitar más saqueos", a la vez que dijo pretender "evitar el enfrentamiento entre bolivianos".

El funcionario se anticipó a marchas convocadas por la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB) y el campesino "Estado Mayor del Pueblo", que comanda el líder de Movimiento Al Socialismo y diputado indígena Evo Morales, para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada.

"La solución (a la crisis) es la renuncia del presidente. La democracia no se gobierna con balas", afirmó el jueves a la red radial Fides, de la Iglesia Católica, el jefe cocalero Morales.

Altos mandos de la policía boliviana anunciaron a bombo y platillo, en tanto, la gradual restitución de sus 22000 efectivos a sus servicios de represión, control del orden, la seguridad y el tránsito de vehículos, además de investigativos, en todo el país. Un supuesto acuerdo firmado en la madrugada entre el gobierno y "líderes del motín policial que desencadenaron los choques armados" puso fin al movimiento, según dijo el comandante de la institución, general Edgar Pardo.

Sin embargo, unos 2000 policías de Santa Cruz dijeron desconocer tal acuerdo y afirmaron que continuarian amotinados contra las medidas económicas del gobierno, por la renuncia del presidente boliviano y en venganza por la muerte de tres agentes a manos del ejército. Informes divulgados por cadenas televisivas dijeron que la presencia policial no era visible en La Paz y El Alto y que algunos miembros del Grupo especial de Seguridad (GES) permanecían amotinados al rechazar el acuerdo como "insuficiente". Los 300 miembros del GES, una fuerza de elite antimotines, se rebelaron contra el denominado "impuestazo" a los salarios, repudiado por todos los sectores sociales antes de ser anulado, y se acuartelaron a escasos 200 metros del palacio gubernamental.

El presidente, en tanto, trabaja con varios de sus ministros en su residencia particular con el propósito de frenar la revuelta popular y diseñar un nuevo presupuesto para el año 2003, después de que el miércoles debió retirar el proyecto incluía el llamado "impuestazo", debido a las acciones directas de masas contra las instituciones y el gobierno.

El saldo

El ministro de Salud, Javier Torrez, informó hoy jueves que 18 personas murieron por impactos de bala y 83 resultaron heridas, a consecuencia de los enfrentamientos y la posterior violencia militar.

Informes parciales dijeron que 13 inmuebles, entre ellos el palacio de la vicepresidencia, dos ministerios, cinco sedes de partidos políticos oficialistas, una penitenciaría y un centro comercial, fueron incendiados por manifestantes que también saquearon decenas de grandes negocios en el centro histórico de La Paz.

Los graves sucesos configuraron la peor jornada de violencia para la burguesía boliviana y el FMI en dos décadas de supuesta estabilidad democrática en Bolivia, una empobrecida nación acosada durante casi 2 siglos por golpes militares, cuartelazos y medidas económicas impuestas por EEUU y la oligarquía local.

El de ayer fue un día infausto para la democracia burguesa.