BOGOTÁ, 23 de septiembre. Granma/La Haine.- La resolución del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de crear zonas especiales de seguridad en este país, genera hoy diversas reacciones de protesta de autoridades regionales preocupadas por el menoscabo de los derechos civiles.

Una de las llamadas "zonas de rehabilitación y consolidación" comprende 24 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, mientras la segunda abarca tres municipios de la provincia de Arauca, todos al Norte del país, según PL.

Con el pretexto de la lucha contra la guerrilla, ambas áreas quedarán bajo el mando de supremos jefes militares, con autoridad sobre todos los miembros de la fuerza pública. En estos perímetros se podrán decretar toques de queda, restringir la circulación de ciudadanos y controlar la información sobre residentes, armas y vehículos existentes en la localidad.

Además, los habitantes de las franjas de rehabilitación, creadas por el Ejecutivo como laboratorios para el control de la población civil dentro del Estado de Conmoción Interior, tendrán que portar un carné que los acredite como integrantes del vecindario.

El gobernador del estado de Bolívar, Daniel Vargas, consideró que la condición extraordinaria de estos territorios le restará poderes a la autoridad civil. Quitan de alguna manera la facultad constitucional y legal que tenemos los gobernadores sobre la jurisdicción para la cual fuimos elegidos por el pueblo, señaló.

El gobernador del Arauca, Carlos Bernal, y varios alcaldes, acogieron con reservas las medidas de orden público del Gobierno, y reconocieron ante periodistas que existen dudas sobre el manejo de los derechos humanos por parte de la fuerza pública en las zonas especiales.

Mientras, también según PL, Uribe viajó a Estados Unidos con más peticiones financieras y logísticas para combatir a la guerrilla en la política de guerra total adoptada por su Gobierno. El mandatario tendrá más de 20 contactos con el subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz.