Mentira tras mentira al CPT

En su respuesta al último informe del Comité para la Prevención de la Tortura, CPT, las autoridades españolas siguen haciendo caso omiso de las recomendaciones que dicho organismo del Consejo de Europa les ha venido haciendo desde hace más de 20 años. Y también siguen mintiendo descaradamente, como lo han venido haciendo desde que respondieron por primera vez al CPT, en 1995.

Así, en la anterior respuesta, publicada en marzo de 2011 y referida al informe del CPT sobre su visita a España en 2007, justificaron su negativa a hacer obligatorias las medidas preventivas que aplicaban tres jueces de la Audiencia Nacional mintiendo sin rubor alguno. Pretendieron que la aplicación o no de esas medidas dependían de cada caso particular cuando era público y notorio que, en 2007, tres magistrados las aplicaban siempre y otros tres nunca. Era obvio, por lo tanto, que la decisión no dependía en absoluto de los detalles particulares de cada caso, sino de quién era el Juez Instructor.

En la actualidad, sigue sucediendo otro tanto y así lo ha remarcado el CPT en el informe que acaba de dar a conocer: “En el momento de la visita en 2011, tres de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional aplicaban sistemáticamente estas medidas. No obstante, la delegación observó que durante los cinco primeros meses de 2011 todas las detenciones en régimen de incomunicación fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de estas salvaguardias, una situación que resulta sorprendente”.

La respuesta de las autoridades españolas ha sido que, desde diciembre de 2006, en que el juez Garzón aplicó por primera vez esas medidas, hasta hoy en dia, “se han aplicado aproximadamente a un 32,5% de los detenidos en régimen de incomunicación”. Vuelven a mentir descaradamente. Según el CPT, esas medidas no se aplicaron en ninguno de los 16 casos que analizó en 2011 y en 2010 tan sólo 9 de los 78 detenidos incomunicados disfrutó de esas medidas, un 11,5%. No dispongo de datos glabales exactos, pero es evidente que la cifra dada por las autoridades españolas está muy pero que muy inflada.

El CPT remarca que es bien sencillo hacer obligatorias esas medidas preventivas que demanda desde hace más de veinte años, porque la Ertzaintza aplica algunas de esas medidas desde hace casi diez, “sin enmendar la legislación pertinente”. Sin embargo, las autoridades españolas en su respuesta siguen insistiendo en que necesitan cambiar las leyes para ello, lo cual es muy complicado. Otra enorme mentira que cae por su propio peso.

Esta última respuesta al CPT contiene, desde luego, aún más mentiras de las habituales y la siguiente que voy a mencionar tiene una historia bien significativa, ya que la utilizó por primera vez La Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, en junio de 2008. Después, la volvió a utilizar el Tribunal Supremo, en noviembre de 2010, para absolver a los guardias civiles acusados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola. Unos meses más tarde, en marzo del 2012, las autoridades españolas la utilizaron en la respuesta al CPT que se ha dado a conocer ahora. Y hace poco el periodista Fernando Iturribarria ha vuelto a la carga con la misma mentira. Lo ha hecho en un artículo que publicó el diario Correo el 2 de marzo.

El Supremo basó su decisión de absolver a los agentes acusados de torturar a Portu y Sarasola precisamente en esa flagrante mentira. Pretendió que numerosas frases que mencionó en su sentencia eran parte de un manual ocupado a ambos militantes de ETA cuando los detuvo la Guardia Civil en enero de 2008. Y se basó en esas frases para sacar múltiples conclusiones tendentes a invalidar las pruebas contra los agentes.

Es bien fácil de constatar que en ese manual, “Atxiloketari aurre eginez”, no se dice absolutamente nada de lo que aducía el Supremo y así lo tuvo que reconocer, tras hacérselo notar en su recurso la abogada de Portu y Sarasola, aunque no por ello varió un ápice su sentencia absolutoria. El auto del Supremo, reconociendo que dichas frases no estaban en absoluto en ese manual era del 19 de enero del 2012 y dos meses después, el 13 de marzo, las autoridades españolas volvieron a repetir la misma mentira al CPT.

A parte de mentir una y otra vez, dichas autoridades no hacen sino repetir al CPT artículos de la legislación donde se dice lo que podrán hacer los jueces para prevenir la tortura. Por ejemplo, el 520 bis de la LECrim, que dice que durante la detención el Juez podrá conocer personalmente la situación del detenido. Efectivamente, podría hacerlo, pero desde hace más de 25 años ningún juez ha visitado a un detenido incomunicado en dependencias policiales.
Creo que el último en hacerlo fue el juez Juan Piqueras de Donostia, en 1987, y la campaña que le montaron por haber osado presentarse de improviso en Intxaurrondo parece que disuadió a cualquier otro de hacerlo. Basta con echar una ojeada al ejemplar del diario ABC del 26 de julio de 1987 para comprobarlo.
También podrían aplicar los jueces el Habeas Corpus, y así lo remarcan las autoridades españolas en su respuesta al CPT, pero resulta que en detenciones incomunicadas lo aplicó por primera vez el juez de Iruñea Fermín Zubiri, en 1985, y que yo sepa no lo ha vuelto a aplicar nadie más. Esa es la realidad de la tortura en Euskal Herria durante los últimos más de 25 años en los que las autoridades han repetido sin cesar que las denuncias de torturas responden a consignas de “ETA y su entorno”. En los miles de casos de incomunicación, nunca un juez se ha presentado en dependencias policiales para comprobar el estado de los detenidos y nunca han aplicado el Habeas Corpus.

¿Quién sigue aquí consignas?