Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo

A pesar de la aprobación de la ley del aborto en 1985, éste continúa siendo un delito para el estado, un “pecado” para la iglesia y un tema polémico en la sociedad, donde perdura el nacional catolicismo del franquismo, como lo demuestran las manifestaciones y agresiones constantes contra las clínicas abortivas y sus trabajadores.

Desde el mes de octubre estamos asistiendo a una criminalización de los derechos reproductivos de la mujer, siendo muchas las mujeres llamadas a declarar, en medio de un clima de exaltación reaccionaria de una institución como la familia.

Reforma del artículo 417 del Código Penal -Ley de aborto 1985-

La institucionalización del régimen de la Transición en 1978 implicó para las mujeres la aceptación por parte de las organizaciones feministas, políticas y sociales de los límites impuestos alderecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

La ley aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1985, permitió la objeción de conciencia, mantuvo el aborto en el Código Penal, no garantizó la intimidad y la privacidad de las mujeres ysupuso la privatización del aborto, con un 97% de ellos practicados en la privada.

De hecho, en seis Comunidades Autónomas ningún médico practica abortos en la Sanidad Pública. En Navarra no hay ninguna clínica, ni pública niprivada que los practique. El aborto se ha convertido en un auténtico negocio para las empresas privadas con una facturación anual de cuarenta millones de euros.

Desde el momento en que hay que alegar alguna causa para abortar, esta ley no permite a las mujeres decidir sobre su maternidad ni ejercer su derecho libremente. Cuando acuden a la Seguridad Social se enfrentan a una verdadera carrera de obstáculos que a menudo las lleva a optar directamente por clínicas privadas, pagando de su bolsillo los 300 ó 400€ de una intervención. Además de soportar discursos ideológicos antiabortistas, en algunas comunidades autónomas se tiene que pasar por cuatro profesionales: el médico de atención primaria, el ginecólogo, el Centro de Asesoramiento Reproductivo y el hospital.

¿Qué hace el Gobierno?

A menos de dos meses de las elecciones generales el tema del aborto --silenciado por todas las fuerzas políticas, sindicales y feministas desde que el gobierno del PSOE aprobara la ley--- está de nuevo en debate, poniendo a la orden del día la contradicción entre los límites de una ley restrictiva y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

En las pasadas elecciones Zapatero se comprometió en su programa electoral a aprobar un cuarto supuesto para que las mujeres pudieran abortar, sin tener que alegar motivo alguno, hasta las 12 ó 14 semanas de embarazo. Sin embargo, una vez en el gobierno decidió incumplir dicha promesa y continuar con la miserable ley actual, votando además en contra de la moción presentada por IU-ICV en la que se instaba al gobierno a modificar la ley, argumentando que “no era el momento”. Ahora renuncia ya de entrada a incluir el aborto en su programa electoral, argumentando con el mayor cinismo “que es necesario abrir una reflexión para comprobar el funcionamiento y los resultados de la vigente ley, y después considerar si se debe modificar o no, buscando siempre el máximo consenso” de todas las fuerzas políticas, incluido el PP.

Este gobierno “progre” no tiene la menor intención de enfrentarse a la iglesia y a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Por el contrario, no tiene inconveniente en dejar en completo desamparo a las mujeres ante la repugnante cruzada de la derecha católica, apoyada por jueces neofranquistas y la Guardia Civil. De hecho, la Vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega, aunque dice que “no tolerará” la intromisión en la intimidad de las mujeres, admite el “derecho” de losjueces a investigar, lo que demuestra una vez más que para el Gobierno prima la “independencia” de los jueces ante la indefensión de las mujeres.

¿Reforma de la ley actual o una nueva ley?

El número de abortos en los últimos años se ha incrementado en un 7,86% según el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo. Parte de este crecimiento tiene que ver con la población de mujeres inmigrantes, obligadas a abortar por las mafias, falta de papeles, falta de recursos económicos.... Además, más de la mitad de los abortos corresponden a mujeres entre 20 y 29 años y casi el 15% a mujeres de menos de 20.

Por otro lado, el aumento de abortos no deseados entre las mujeres jóvenes pone de manifiesto una deficiente educación sexual y reproductiva donde la información, la prevención y la planificación puedan garantizar evitar los embarazos.

Para responder a esta realidad social el Gobierno apuesta por mantener la restrictiva ley del aborto actual. De hecho la sanidad pública ha abandonado sus responsabilidades de planificación integral y de prestación de servicios en esta importante parcela de la salud de la población, dejándolo casi exclusivamente en manos de la sanidad privada.

La mayoría de las organizaciones políticas, sociales, sindicatos y feministas tienen como política instar al gobierno a la aprobación de una ley de plazos, como existe en muchos países de Europa. Pero una ley de plazos que no prohíba la objeción de conciencia, que no asegure la realización de abortos, incluida la RU-486, en la Seguridad Social, impidiendo su privatización, y que no suponga la plena despenalización del aborto sería una ley claramente insuficiente, que no garantizaría a las mujeres y en concreto a las trabajadoras, jóvenes e inmigrantes el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Aborto libre y gratuito en la Seguridad Social

El sistema capitalista, la sociedad patriarcal y diferentes instituciones a lo largo de la historia han impedido a las mujeres ejercer el control sobre su ciclo de fertilidad con plena autonomía. Sin embargo desde épocas milenarias, las mujeres emplearon métodos para evitar y controlar su reproducción, el aborto entre ellos.

Ante la claudicación del gobierno del PSOE a la jerarquía eclesiástica, las organizaciones políticas, sindicales, sociales y feministas tenemos que retomar la lucha por la “vieja” consigna, asumida por todos y todas, de “aborto libre y gratuito en la Seguridad Social” para todas las mujeres, menores, inmigrantes… combatiendo la imposición de la maternidad obligatoria y la doble moral distinta para hombres ymujeres, que hace que la capacidad reproductiva de las mujeres y la maternidad funcionen como una forma de opresión.