[Iruñea] Konzentrazioa: Ley mordaza: el poder se blinda, la calle no se calla.

Se ha aprobado en el Congreso la restrictiva Ley de Seguridad Ciudadana, la “Ley Mordaza”, que
ahora pasa al Senado para su aprobación definitiva, con la oposición de todos los grupos parlamentarios
a excepción del PP, Partido Aragonés y, COMO NO, DE UPN.

De las 270 enmiendas presentadas a esta Ley, la Comisión de Interior del Congreso aprobó
alrededor de 50, pero la mayoría de las cuales sólo hacen referencia a mejoras técnicas del texto –NO
DEL CONTENIDO–, mientras que otras suponen un endurecimiento de una ley que desde amplios
sectores de la sociedad e incluso desde la Unión Europea ha sido señalada por su carácter restrictivo de
los derechos de reunión y libertad de expresión.

Resulta significativo que pocos días después de su aprobación ya se están dando las primeras
actuaciones dirigidas a criminalizar la protesta a través de mediáticas operaciones policiales.

Pretenden blindarse ante el aumento de la movilización y la presión social, acallar la calle,
convertirnos en esa mayoría silenciosa para poder imponier sus medidas antipopulares impunemente.

ESTA LEY SUPONE:

Menos garantías para la ciudadanía. La policía en el ámbito administrativo tiene presunción de
veracidad y serán ella y la propia Administración quienes van a sancionar: juez y parte. Además se tendrá que pagar la multa antes de poder recurrir la sanción, un proceso por el que también se deben pagar unas tasas ante los tribunales.

Limitación genérica de las reuniones y manifestaciones. Se sancionarán (o incrementarán las cuantía
de las sanciones Leves: de 100 a 600 ; Graves: de 601 a 30 000 ; Muy graves: € € más de 30.000),las 

protestas que se realicen ante el Congreso, el Senado u otro organismo autonómico similar. También la

ocupación de entidades bancarias y otros inmuebles, encaramarse a edificios, la resistencia o
desobediencia a la autoridad o impedir un desahucio. Estas acciones y estos espacios son fundamentales
para la expresión de la denuncia de la actual situación.

Limitación de la posibilidad de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Se sancionarán la
difusión de imágenes o datos no autorizados de las fuerzas de seguridad, incluidas las realizadas por
profesionales del periodismo. Por lo tanto, los abusos policiales quedarán casi impunes.

Legalización de prácticas ilegales, con la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”.
Consisten en que, a pesar de que el/la inmigrante haya sorteado la valla fronteriza, se entrega a las
autoridades marroquíes sin darle la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han
llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla. Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas
por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un
procedimiento en el que puedan contar con la defensa jurídica pertinente.

También se restringen otros usos de la calle como la celebración de actos recreativos no autorizados,
beber o consumir drogas en la calle o la venta ambulante (Top Manta). Se trata de limitar el espacio
público, dificultando su uso, afectando negativamente a la ciudadanía en general y a los sectores más
excluidos y más reivindicativos en particular, en favor de un modelo urbanístico y social orientado al
consumo y la movilidad acelerada.