Sobre la nueva ley del aborto: clase, género y dominación.

Tras la aprobación el pasado día 20 de la última reforma de la “ley del aborto” (Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada) por el gobierno del Partido Popular, es necesario analizar los distintos intereses a los que responde dicha ley, tanto como las evidentes y terribles repercusiones que esta tendrá en la salud y soberanía sobre sus propios cuerpos de las mujeres del Estado español. Aunque como siempre ha sido, por el carácter clasista de toda legislación capitalista, esta intromisión en cuerpos y voluntades la sufrirán principalmente las mujeres del pueblo trabajador, que son quienes sufrirán la incapacidad económica para viajar al extranjero a abortar.

Una parte importante a tener en cuenta y denunciar es la materialización legislativa de una reivindicación tan insistida por la Iglesia católica, lo cual evidencia la vigencia de la estrecha vinculación entre la Iglesia y el Estado. Si bien esta relación siempre ha sido una constante en la articulación del poder estatal español, en los últimos años la presencia de la Conferencia Episcopal está notando un importante crecimiento en sus distintas manifestaciones hegemonistas a través de declaraciones, grandes eventos de masas, campañas publicitarias de todo tipo y creación de medios de propaganda y comunicación.

Este aumento de la presencia de la Iglesia católica en el panorama político actual, debe plantear la readecuación del peso de la misma, en tanto que actor político con importantes intereses económicos, en el actual marco de coyuntura. No se trata de valorar a la Iglesia católica como la institucionalización de la contradicción principal del momento por encima de las políticas estatales dirigidas al pago de la deuda y todos los recortes sociales que produce, sino de no minusvalorar su capacidad injerencista en la política del país, además de denunciar las relaciones legales -vía Concordatos- en las que sustentan su capacidad de actuación.

En lo estrictamente tocante a la aplicación de la nueva ley, lo primero que cabe destacar es la supresión del derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo. Este derecho se traspasa a los médicos que valorarán el supuesto de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer; o el supuesto de violación, que se valorará por vía judicial. Ambos supuestos son los únicos en que no será delito la interrupción voluntaria del embarazo, y, que evidentemente, quedan muy lejos de producirse en una situación producida por la voluntad de la mujer, y también muy lejos de producirse en un marco legal que tenga en cuenta a la mujer como persona soberana, libre y capaz de decidir. De igual manera que con las mujeres menores de 18 años, que necesitarán el consentimiento de los padres o tutores para decidir lo que pasa con sus cuerpos.

Otro aspecto reseñable, y que supone un gravísimo volver atrás en la aplicación de la ciencia de la interrupción voluntaria del embarazo, es la ilegalización del aborto por riesgo de anomalías graves en el feto. Si atendemos a los últimos datos sobre el tema publicados por el INE, en el 2011, el 2.73% de los abortos realizados de un total de algo más de 118.000 fue por estas causas. Esto suponen más de 3000 abortos que con la nueva legislación, y sumado a la gran cantidad de recortes en ayudas sociales, significarían una situación realmente complicada para muchísimas familias.

Para terminar, es necesario denunciar la incoherencia del doble juego que supone la creciente incapacidad impuesta a ejercer el derecho a la maternidad a través de la constante aplicación de medidas precarizadoras del trabajo o los recortes en ayudas, convirtiendo la maternidad deseada, planificada y disfrutada, en un privilegio de clase, a la par que se promueve la sanción del aborto y se recorta en educación (ahí va también, por supuesto, la educación sexual). Esta constante no es ni mucho menos nueva, pero por la creciente profundización de las contradicciones en el actual periodo de crisis del capitalismo, este factor, así como cualquier otro que implique la reproducción y desarrollo de la vida equilibrada y con dignidad, se ven atacados por la lógica de la acumulación y el beneficio de las minorías expotadoras capitalistas.