Argentina en las garras de los fondos buitres

En la naturaleza los buitres son aves rapaces que se alimentan de animales muertos pero también cazan presas vivas.

Resulta que en este mundo globalizado con la única superpotencia a cargo de este proceso se crearon condiciones para que aparezcan instituciones financieras imitando en su rapacidad a los buitres. Estas usan fondos de capital de riesgo que invierten en una deuda soberana y empresas al borde de default (el incumplimiento de la obligación de pagar estipulada en el acuerdo o contrato de préstamo).

Al divisar esta situación deciden comprar la deuda soberana o privada a precio de ganga: al 20 o 30 por ciento de su valor nominal y luego entablar sofisticados litigios para obtener el pago del 100 por ciento de este valor.

Actualmente en su mira voraz hay unos 11 países en el riesgo de default, según la publicación The International Forecaster, siendo Argentina su presa real. No es fácil imaginar cómo un país que en una época había sido la séptima nación más rica del mundo, que inclusive otorgaba préstamos al Reino Unido, ha sido arrojado por un sistema financiero depredador hacia una crisis que podría afectar seriamente su soberanía.

Argentina como el resto del Tercer Mundo tuvo que asimilar en los años 1970 la nueva consigna del Sistema Económico Mundial (WES) de que el mercado y las tasas de cambio flexibles eran la solución para todos los problemas económicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (WB) lanzaron la idea de modernización invitando a los países en desarrollo solicitar préstamos para iniciar este proceso que se otorgaban en dos o tres días con el consentimiento del FMI y el WB. De acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la deuda externa argentina entre 1975 y 1988 se incrementó de 5,7 a 118,2 mil millones de dólares y en los años 1980 el país sufrió una hiperinflación que alcanzó en 1990 el 197 por ciento abriendo el camino a una severa depresión económica.

Para el final de los años 1980 Argentina, como la mayoría de los países de América Latina, ya no tenía capacidad de pagar su deuda externa lo que ponía en una crítica situación todo el WES. El supuesto proceso de modernización resultó un total fracaso mientras que Argentina como el resto de los países del Tercer Mundo tuvieron que ponerse de rodillas ante el modelo de desarrollo llamado el mercado libre. Para prevenir una crisis financiera internacional y el colapso de los países como Argentina, el ex secretario de Tesoro norteamericano, Nicholas Brady lanzó El Plan Brady que instó a los prestamistas a condonar de manera voluntaria parte de la deuda no atendida por los países en crisis, reestructurar el saldo de la deuda que quedaba pendiente de pago y otorgar préstamos adicionales a esos países.

En el 2001 debido al colapso económico general, como resultado de la sumisión del presidente Carlos Menem (1989-1999) a Estados Unidos con la aplicación del Consenso de Washington y las “relaciones carnales” con aquel país, el gobierno de Argentina se declaró en default respecto a 81 mil millones de dólares de la deuda soberana.

Recién en 2005 logró reestructurar el 75 por ciento de aquella parte de la deuda y en 2010, la otra parte. En ambos canjes con los acreedores se reducían los montos y se diferían los pagos, lo que fue aceptado por el 93 por ciento de los tenedores de los bonos soberanos.

Sin embargo, un 17 por ciento de los acreedores pertenecientes a los fondos buitres no aceptaron desde el comienzo estas condiciones y entablaron una lucha sin cuartel contra el gobierno argentino imponiendo 28 embargos, logrando recuperar el país todos los bienes por la vía legal.

Uno de estos fondos buitres, Elliott Associates de Paul Singer demandó al gobierno de Cristina Fernández ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en 2011, fallando el juez Thomas Griesa favor de los fondos NML Capital, Aurelius Capital y algunos otros.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo de Griesa a favor de los fondos litigantes que reclaman al país el pago de 1,3 mil millones de dólares entre capital e intereses los bonos en mora desde 2001 que los querellantes obtuvieron en 2008. A la vez el juez declaró el bloqueo en Nueva York de 539 millones de dólares de bonos canjeados en 2005 y 2010 remitidos por Argentina en calidad de pago.

Así comenzó lo que la economista Noemí Brenta bautizó como un “Griesagate” cuyos autores son fondos buitres avalados por el Tesoro de EE.UU. A la vez, a pesar de que la titular del FMI, Christine Lagarte, que es muy crítica con estos fondos por la inseguridad que generan para las reestructuraciones de deuda, no hace nada para controlarlos.

La única entidad que puede influir sobre estos fondos es el Tesoro norteamericano, que por supuesto no presentaría un escrito a favor de Argentina. También el presidente Barack Obama tiene la facultad de intervenir, como lo hizo con el mismo fondo Elliott Associates, el presidente George Bush en favor de Congo. Lo único que tiene que hacer el presidente es decirle al juez Thomas Griesa que está interfiriendo en relaciones con otro país, utilizando la cláusula de la Constitución de separación de poderes.

Pero ni el Tesoro ni el presidente Barack Obama están dispuestos a dar la mano al país que lucha por su soberanía, ignorando las prescripciones del FMI y las presiones norteamericanas de alejarse de los países del ALBA. Tampoco le perdonan a la presidenta Cristina Fernández sus excelentes relaciones con Rusia. Vladimir Putin dijo hace poco, que “Argentina es uno de nuestros socios claves en América Latina”.

Los cabilderos de los fondos buitres están aprovechando la actual coyuntura anti rusa y tratan de recibir el apoyo del Congreso donde ya un representante demócrata del estado de Nueva York, Eric Massa presentó una moción para castigar a Argentina, cerrándole el acceso al mercado de capitales norteamericanos.

A la vez, las agencias de calificación de valores (rating agencies) empezaron a sembrar pánico respecto al futuro de Argentina. La agencia Stndart & Poor’s colocó la nota soberana de Argentina en “default parcial” y la Fitch Ratings en “default selectivo”.

También los cabilderos del Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (ATFA) están tratando de manipular a la opinión pública estadounidense y asustar a los argentinos anunciando el próximo colapso económico de su país.

Los buitres de la deudocracia atacan y agudizan lo que el estudioso norteamericano, J.K. Galbraith llamó la “Era de Incertidumbre” que vive la humanidad. Mientras Argentina presentó ante la Corte de Justicia Internacional de la Haya una demanda contra Estados Unidos, acusándolo de violaciones a su soberanía. Ahora todo depende si esta Corte acepte o no la demanda para parar a los buitres financieros en su afán de poner de rodillas su soberanía.

Ria Novosti