Colombia: La Jurisdicción Especial para la Paz protege a militares y paramilitares

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo Nº. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.- expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de revictimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

Las fuerzas militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...

El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.