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Colombia, Colombia :: 13/05/2016

El asqueante estado colombiano

Libardo García Gallego

El domingo 8 de Mayo en 'Noticias UNO':

nos contaron cómo en el Tribunal Superior de Bogotá existió, quizás aún existe, “una compra-venta de asignaciones judiciales”, consistente en recibir millonarias dádivas, hasta 2.000 millones [680.000 dólares], por parte de funcionarios de reparto judicial “a cambio de hacer que los procesos lleguen a los despachos de los Magistrados que sus clientes desean”. Uno de los implicados contó que extraviaron expedientes y escondieron procesos sobre homicidios, extinción de dominio e hicieron llegar expedientes a determinados magistrados. Presumo lo peor con mi proceso en el Consejo de Estado.

En el mismo noticiero nos contaron cómo una magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá “ el año pasado falló una tutela a favor de Pretelt en el proceso disciplinario que se lleva contra este” y “engavetó durante 20 días la ponencia de su compañero de sala en que este le quitaba el carné de abogado a Víctor Pacheco, confeso lobista que intercedió ante el magistrado Jorge Pretelt para que favoreciera a la firma Fidupetrol y quien lo señaló de pedirle 500 millones de pesos”. Esta funcionaria fue ascendida al Consejo Superior de la Judicatura donde “podría llegar de nuevo a sus manos la impugnación de esta tutela”. Fallos políticos, no en derecho.

Otra perla de esa noche: “Tres coroneles de la Policía detenidos por su papel en el montaje contra el artista callejero Diego Felipe Becerra, muerto por el disparo de un patrullero, pedirán esta semana su libertad” Ellos guardaron silencio, cometiendo con ello fraude procesal, pues la verdad es que los tres oficiales llegaron al lugar en que cayó muerto el grafitero y se “habrían quedado callados al saber que no había un arma en el sitio donde un patrullero con el argumento de que el grafitero estaba armado y era un atracador le propinó un disparo por la espalda”. Falso positivo.

Una más: “La construcción de la planta de etanol Bioenergy en Puerto López, Meta, financiada por Ecopetrol, inicialmente tenía un costo de 140 millones de dólares mediante una alianza público privada. Hoy la inversión de la petrolera estatal ronda los 750 millones de dólares, pero la obra va en un 44%”. Según la Senadora denunciante del caso “el sobrecosto de 610 millones de dólares tiene nombre y apellido”. “Bioenergy se ha comprometido a entregar la planta a finales de este año, pero aun así el retraso ya cumple 36 meses. Un informe de auditoría dice que la empresa ha presentado pérdidas por 15 mil 700 millones de pesos”. Un REFICAR pequeño.

Otra más: “Diez Senadores tienen de a tres carros blindados y hay otros que no han devuelto los que tenían …..Como se sabe la Unidad Nacional de Protección le asigna a cada Senador 2 carros blindados y vean cómo varios Senadores se exceden en carros de alta gama, varios de los cuales han ido a parar, con papeles abiertos, a manos de narcotraficantes que los utilizan para transportar su mercancía. “ Desde 2013, cada carro con blindaje III, IV y V a nombre del Congreso, le estaría costando 40 millones de pesos al Senado entre el SOAT, mantenimiento y el Seguro todo riesgo”. Y los niños muriendo de hambre.

La conclusión sobre estas noticias la escribió Gustavo Alvarez Gardeazábal, en su artículo titulado “Encartados”: “ Si uno se pusiera con agudeza pero con serenidad a revisar por las que está pasando Colombia, hasta podría asustarse. Pero como nos hemos ido acostumbrando a que nos mientan o a que no nos digan la verdad, aquí no pasa nada porque pasa cualquier cosa, así tengamos que admitir que vivimos en un país donde todo es un encarte….. Pero como nos aguantamos este y otros gobiernos, todos seguimos viviendo ilusionados, así estemos encartados”.

libardogarciagallego@gmail.com

 

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