Erdogan y su cacería contra los kurdos

Alrededor de Sebahat Tuncel se forma un oscuro tumulto. La co-presidenta del Partido de las Regiones Democráticas (DBP) de Turquía intenta hablar por teléfono, camina de un lado hacia otro, un grupo de personas trata de protegerla. Es viernes 4 de noviembre y el Kurdistán turco, región del sureste del país, arde en indignación. También sobrevuelan el temor, el dolor y una profunda furia. Tuncel sigue caminando, pero ese tumulto oscuro, que no es otra cosa que un puñado de policías turcos, intenta detenerla. La dirigente sabe, sin exageraciones, que su vida corre peligro. Hace apenas unas horas, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ordenó una nueva cacería contra los referentes del DBP y del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza en el Parlamento.

El cerco sobre Sebahat Tuncel se estrecha, ahora caminar se vuelve sofocante. Comienzan los empujones, los gritos, los reclamos de los civiles que la rodean. Pero su suerte ya está echada. Unas horas después de su detención y traslado a un centro de interrogación, se difunde una foto que muestra, sin matices, la ferocidad de la policía turca. Tuncel es arrastrada por policías de civil, y una mano uniformada le tapa la boca. El simbolismo de esa imagen no es ajeno para el pueblo kurdo, que construye su historia esquivando no sólo la represión militar, sino también las prohibiciones de su lengua, su cultura y sus derechos más básico.

La tragedia, cargada de resistencia, que las kurdas y los kurdos atraviesan desde hace cien años ahora retoma con fuerza. El artífice de la nueva tragedia no es otro que el presidente Erdogan, el sultán, el cazador, el hombre que ha transformado al genocidio en una política cotidiana para Turquía.

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La madrugada del viernes pasado se convirtió en un gran operativo policial. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en locales del HDP y en las casas de sus principales dirigentes. El DBP y el HDP son los instrumentos políticos del pueblo kurdo, construidos en medio de trabas, prohibiciones y represiones permanentes. El HDP, luego de las elecciones del año pasado, logró la elección de 59 legisladoras y legisladores. El gobierno de Erdogan desplegó todas las herramientas necesarias para que esos comicios fueran cancelados. Pese a todo, el HDP ingresó al Parlamento, no sólo representando al movimiento kurdo, sino a sectores de la izquierda turca y a las minorías del país.

Los co-presidentes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, fueron encarcelados junto a otros nueve legisladores. Unos días antes, Gülten Kisanak y Firat Anli, co-alcaldes de Diyarbakir, la capital histórica del Kurdistán, fueron apresados. Desde el intento de golpe de Estado en Turquía en julio pasado hasta la actualidad, el gobierno turco intervino 28 alcaldías gobernadas por el DBP, expulsando a sus co-alcaldes y enviando interventores.

En un mensaje escrito a mano tras las rejas, Demirtas expresó que en Turquía está en curso un “golpe civil ilegal”. Frente a esto, el co-presidente del HDP aseguró que “vamos a seguir siendo estrictamente leales a la democracia, la libertad y la paz, en la lucha que nuestro pueblo está dando”. Demirtas afirmó que las detenciones son parte de “conspiraciones baratas” y que“estos días de atrocidades se terminarán tarde o temprano”.

Por su parte, Yüksekdag también manifestó su postura cuando fue trasladada a los tribunales. La dirigenta rechazó las acusaciones en su contra y expresó que “sólo el pueblo que me eligió me puede juzgar por mis actividades políticas”. Yüksekdağ manifestó no tener esperanza ni fe en el sistema judicial turco, al mismo tiempo que envió un saludo a las mujeres kurdas, a las que convocó a sostener la resistencia.

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Transcurridas algunas horas de las detenciones, el viceco-secretario del HDP, Hisyar Ozsoy, difundió un comunicado en el que sintetiza la represión desatada por el gobierno luego del intento de golpe. Los resultados son escalofriantes: aplicación del estado de emergencia, suprimiendo la libertad de expresión y de cátedra; alineamiento del Poder Judicial con la política gubernamental; al menos 170 medios de comunicación clausurados; más de 130 periodistas encarcelados; 80 mil personas detenidas desde el 15 de julio, de las cuales la mitad están en prisión; el despido de casi 70 mil trabajadoras y trabajadoras acusados de impulsar el intento de golpe; y el retiro de la inmunidad parlamentaria a las diputadas y diputados del HDP.

En el comunicado, Ozsoy resumió: “Hoy es un día negro no sólo para nuestro partido, sino para toda Turquía y sus alrededores, porque implica el fin de la democracia en el país”. Y agregó que desde la victoria parlamentaria del HDP, “Erdogan nos ha señalado como la principal diana de sus políticas autoritarias. La razón es nuestra motivada oposición contra su intención de implantar un sistema presidencialista en Turquía. Nuestros escaños en el Parlamento eran, y son, los principales impedimentos para realizar los cambios constitucionales necesarios para ello”.

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