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06/10/2016 :: Mundo, Mundo

Honduras: Un asesinato con mensaje

x Fabián Chiaramello

El 2 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, luchadora por los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente en Honduras. Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando dos personas ingresaron a su casa en la ciudad de La Esperanza y la acribillaron a balazos. Pero algo salió mal, dejaron un cabo suelto: los asesinos no sabían que ese día había alguien más en la vivienda.

 Berta Cáceres fue una líder indígena hondureña, incansable luchadora por los derechos humanos y por la defensa de la naturaleza. A sus veintipico fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la que era Coordinadora General al momento de su asesinato y desde donde resistía a los avances del extractivismo sobre los territorios indígenas del pueblo Lenca.

En los últimos tiempos se habían incrementado las amenazas, la criminalización y la persecución contra Berta y contra otros miembros del Copinh. Esta situación se fue agravando luego del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya en 2009. Durante los primeros meses del gobierno de facto de Roberto Micheletti se aprobó la Ley General de Aguas, que facilitó concesiones sobre los recursos hídricos y, por medio de decretos, se derogó la legislación que prohibía la instalación de proyectos hidroeléctricos sobre áreas protegidas. Lo que vino después estaba cantado.

La resistencia del Copinh y del pueblo Lenca a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el territorio indígena, sin consulta previa, se hizo más fuerte. También el rechazo a otras decenas de proyectos que se fueron instalando bajo la misma modalidad (según el Environmental Justice Atlas hay 17 represas en territorios de comunidades lenca). A la par de la resistencia fue creciendo la militarización de los territorios, tanto de fuerzas militares o policiales como paramilitares. Del mismo modo crecieron la persecución, el espionaje, la represión y los asesinatos contra los activistas sociales.

Los grandes proyectos energéticos, principalmente represas, que se construyeron e intentan construir -arrasando y privatizando territorios y expulsando comunidades- tienen otro fin que también es de saqueo y avasallador: poder generar energía barata para las futuras operaciones mineras proyectadas en un treinta por ciento del territorio del país. La misma estructura para el saqueo extractivista que se repite en muchos países de América Latina. En este caso, facilitada por un golpe de Estado y continuada por los gobiernos que lo sucedieron.

Un crimen diseñado

Era cerca de la medianoche cuando al menos dos sicarios ingresaron a su hogar, ubicado en una zona bastante aislada de la ciudad de La Esperanza, cabecera del departamento Intibucá. Fueron directo a asesinarla, estaban esperando el momento en el que Berta durmiera. Pero lo que los asesinos no sabían era que el activista mexicano Gustavo Castro se había quedado a terminar unos trabajos en la casa de su compañera. Cuando los hombres ingresaron al hogar, uno se dirigió a la habitación de Berta y otro fue donde se encontraba Castro: le disparó, pero la bala rozó su mano y su oreja. El matador lo creyó muerto y se escapó. Cuando se fueron, Castro corrió a la habitación de Berta, pero ya era tarde. La líder indígena murió casi al instante. Desde ese momento el sobreviviente supo que su vida corría nuevamente peligro: es el testigo clave del asesinato y hasta pudo reconocer a uno de los hombres. Otra vez un fusilado que vive –como contó Walsh en Operación Masacre- para luchar contra la construcción de versiones oficiales que buscan la impunidad. “Cada vez estoy más convencido de que pretendían un asesinato limpio, en el que Berta iba a estar sola en su casa”, aseguró hace unas semanas a eldiario.es.

Tuvieron que pasar dos meses para que recién se dé con algunos de los responsables de su asesinato, pero el Copinh y los propios familiares de Berta denunciaron desde el primer momento al gobierno hondureño, al Ejército, a los grupos paramilitares, a las empresas detrás de los proyectos extractivos (principalmente a Desarrollos Energéticos S.A. -DESA- y a sus socias ejecutoras de Agua Zarca) y a las entidades financieras internacionales que los apoyan. También señalaron la falta de información respecto del desarrollo de la investigación, y por otro lado la injerencia norteamericana.

La defensora de los derechos indígenas había sido amenazada decenas de veces, directa e indirectamente. Desde el golpe de Estado, con la profundización del extractivismo, se incrementó la militarización y la persecución contra luchadores sociales. La figura de Berta fue tomando cada vez más notoriedad, llegando a adquirir reconocimiento internacional en 2015 cuando le fue otorgado el Goldman Environmental Prize, el mayor galardón que reconoce a quienes defienden el medioambiente. En la web oficial del premio, un escrito que reconoce su trayectoria finalizaba de esta manera: “Lo que no ha cesado son las amenazas de muerte contra Cáceres. Su asesinato no sorprendería a sus colegas, quienes tienen preparada una elegía que esperan nunca tener que usar”. Esta visibilidad internacional no le garantizó algo de inmunidad sino que, por el contrario, se efectivizaron tantas amenazas. Lamentablemente, la elegía se tuvo que usar y hoy Berta es semilla, es bandera y es agua que corre por los ríos de toda América Latina, multiplicándose -como creen sus compañeros del Copinh-.

La responsabilidad del gobierno del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández tiene varias aristas que exigen ser investigadas, pero es más que evidente en un aspecto: las persecuciones y constantes amenazas habían sido denunciadas reiteradas veces e, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado que tome medidas para proteger la vida de la activista; sin embargo, los hostigamientos contra la líder indígena continuaron hasta el anunciado final donde se vieron involucrados agentes del propio Estado.

El asesinato de Tomás García, un líder indígena lenca, mientras se manifestaba pacíficamente contra el proyecto Agua Zarca en 2013, es apenas un eslabón más de la cadena de complicidades y encubrimientos que llegan hasta el asesinato de Berta y los que le siguieron -como el de otra activista contra las represas que se apropian de los ríos, Lesbia Yaneth Urquía, y el de Nelson García, ambos del Copinh-.

La lucha contra el extractivismo y contra el avasallamiento de los derechos de los indígenas hondureños lleva muchos años, pero se expandió luego del golpe de 2009. Según la ONG europea Global Witness, Honduras es el país con el mayor número de activistas asesinados por defender el medioambiente, en relación a su cantidad de población. El informe que lleva como título “En terreno peligroso” recopila los casos de 2015 en todo el mundo. Ese año, Honduras sufrió la pérdida de ocho activistas. Brasil supera ampliamente al resto de los países: entre 2010 y 2015 se registraron 207 casos; mientras que en el mismo período fueron asesinados 109 hondureños, una estadística alarmante. Con el mismo diagnóstico coincidieron tanto la CIDH, como la ONU y Amnistía Internacional, quienes llevan un largo tiempo denunciando esta situación y exigiendo que se tomen medidas para proteger la vida de los luchadores sociales. También denuncian que la impunidad en el caso de Berta es un cheque en blanco para que sigan siendo asesinados otros luchadores, como quedó demostrado en los meses posteriores.

Además, Honduras se ha transformado en un territorio de riesgo para ejercer el periodismo: luego de México, el país centroamericano se ubica en el segundo lugar de una negra lista que contó a diez periodistas asesinados en 2015. Según un informe de la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), estos son los dos países más peligrosos de América Latina para quienes intentan visibilizar lo que pasa en esas tierras.

¿Quién dispara, quién apunta?

En mayo fueron arrestadas cuatro personas por el asesinato de Berta. Dos de los detenidos tienen relación directa con DESA, la empresa hondureña financiada por capitales internacionales que impulsa la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en territorio lenca. Los otros implicados están relacionados al Ejército: uno era un mayor retirado y otro militar en funciones. Después detuvieron a un hermano del funcionario retirado y, recientemente, a quien sería el coautor del asesinato de la líder indígena y quien disparó esa noche contra el activista mexicano que se encontraba en otra habitación. Sin embargo, estos arrestos que son producto de la lucha de familiares y organizaciones -también de presiones internacionales- no alcanzan. Tanto para la familia como para el Copinh, la complicidad de la empresa y el gobierno de Honduras está demostrada, pero los responsables de mayor jerarquía no aparecen y la cadena de impunidad no se corta.

Además de la responsabilidad del Estado hondureño y de las empresas, aparece -otra vez- EEUU. Si bien desde un primer momento se denunció la injerencia norteamericana a través del financiamiento de muchos de los proyectos y sus relaciones con el gobierno, con el paso del tiempo fue haciéndose cada vez más evidente su participación en la represión y criminalización contra luchadores sociales. Con la excusa de la lucha contra el crimen, la potencia más grande del mundo financia a las fuerzas de seguridad de Honduras, las mismas que persiguen y asesinan activistas. Durante el gobierno de Hernández se creó una policía militar que toma atribuciones que no están dadas por la Constitución, bajo el pretexto de la seguridad interna. También se montó un aparato de inteligencia para infiltrar a militares entre los activistas y organizaciones.

La responsabilidad norteamericana no termina con el financiamiento del aparato represivo y criminal hondureño. Un soldado retirado, entrevistado por el diario británico The Guardian, reveló que una unidad especial entrenada en EEUU tenía una lista negra donde figuraban los nombres y las fotos de una decena de activistas con la orden de asesinarlos. El ex sargento primero -que utiliza un seudónimo para no ser identificado- no quiso cumplir esas órdenes y desertó. En esa lista figuraba Berta.

“Tuvo que morir asesinada Berta Cáceres para que por fin se abriera un debate público en EEUU sobre la financiación que la administración Obama ofrece a las peligrosas fuerzas de seguridad de Honduras”, dice un artículo publicado por The New York Times. Varios congresistas propusieron la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, que exigía la suspensión inmediata de ayuda a ese país en lo relativo a la seguridad. “Proporcionamos millones de dólares para asistencia en seguridad a Honduras, pero estas mismas fuerzas de seguridad se han creado para atacar y matar a activistas ambientales, laborales y de derechos humanos, como Cáceres, sin ninguna respuesta efectiva de las autoridades”, admitió a The Guardian el congresista norteamericano impulsor de la ley. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. “Más que continuar apoyando a un gobierno represor pagando salarios de sus delincuentes, EEUU debería suspender de inmediato cualquier ayuda militar o policial a Honduras”, sentencia al final el artículo firmado por Dana Frank, profesora de historia especializada en el estudio de la política de su país en Honduras.

Pasó medio año desde que el mundo perdió a una valiosa protectora y luchadora. La impunidad sigue siendo el mensaje. Los compañeros, compañeras y familiares de Berta continúan su lucha, aún sufriendo otras pérdidas y más presiones. La organización que ayudó a fundar la líder indígena emitió un comunicado a seis meses de su asesinato. “Copinh deja bien claro que justicia ante esta enorme pérdida significa: encontrar a quiénes la asesinaron, a quiénes mandaron a asesinarla y denunciar la estructura criminal que permitió su asesinato. Significa que la labor de resistencia, de emancipación, de rebeldía del Copinh y del pueblo Lenca se mantenga. Significa esa lucha incansable en contra de este sistema económico, político, cultural que busca la eliminación de las comunidades, de sus resistencias ancestrales y alternativas al despojo, explotación, racismo y exclusión”, expresaron en el escrito.

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