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Estado español, Madrid, Europa :: 15/02/2017

Marchas en distintos puntos del país recuerdan a los 15 inmigrantes africanos muertos en el Tarajal

Carlos Martín - Homer
“Somos negros y pobres es muy difícil que se haga justicia pero no imposible” dice una de las madres de la asociación de familiares victimas del Tarajal

El 6 de febrero se cumplieron tres años de la tragedia en la playa de Tarajal (Ceuta) donde resultaron ahogados 15 inmigrantes. El suceso se produjo cuando un grupo de inmigrantes que se disponía a cruzar la frontera marítima española fue interceptado por varios agentes de la guardia civil que intervinieron para impedirles la entrada. La operación, a todas luces fuera del protocolo asignado para estas situaciones, pudo tener relación con los ahogamientos al no cumplir con la obligación de socorrer.

Varios vecinos que estaban en la zona presenciaron los hechos y grabaron con sus dispositivos lo que allí acontecía. Al poco tiempo los informativos retrasmitieron los videos conmocionando a la opinión pública por su contenido. En estos se podía apreciar como en el espigón que da a la playa varios agentes hacían disparos, supuestamente de pelotas y botes de humo, en dirección a las personas que se encontraban en el mar al grito de auxilio debatiéndose entre la vida y la muerte. Las imágenes hablan por sí solas mostrando un sadismo que pone en entredicho el estado de derecho de un país de la Europa democrática. Sin embargo lo verdaderamente sorprendente es que hayan imágenes que acrediten estos sucesos. Se podría decir que es lo nunca visto, pero las nuevas tecnologías instaladas en la sociedad captan incluso los trapos sucios que se quieren esconder.

No es la primera vez que tienen lugar episodios similares en las vallas fronterizas donde se produce la entrada ilegal de inmigrantes. Los que tienen la suerte de cruzar ambas fronteras cuentan que el primer escollo al que se enfrentan suele ser la frontera marroquí, pero no siempre el trato inhumano viene de ese lado de la valla. En ocasiones las actuaciones punibles contra el derecho a la vida se dan en nuestras propias fronteras, cuando no se da la colaboración arbitraria entre ambas policías que deportan salvajemente bajo acuerdos tácitos donde no prevalece la ley.

A lo largo de estos años se han descubierto episodios similares. En 2005 en las valla de Ceuta y Melilla se produjeron avalanchas masivas donde resultaron muertos por impacto de bala 13 inmigrantes subsaharianos. En un arrebato de desacuerdos ambos países se echaron la culpa uno a otro de lo sucedido, lo cual impidió esclarecer los hechos y aportar transparencia a las investigaciones que aún siguen sin determinarse las causas. En 2009 y en extrañas circunstancias resultó muerto un subsahariano por arma de fuego, cuyo caso quedó también en tierra de nadie. SOS Racismo y otros movimientos sociales han determinado, tras varias averiguaciones sobre centenares de desaparecidos y muertes en extrañas circunstancias, que es consecuencia directa de una mala aplicación de las políticas de inmigración entre ambos gobiernos. Las asociaciones llegan a la conclusión de que es preciso suspender los acuerdos en esta materia con Marruecos mientras se siga violando los derechos humanos de los ciudadanos expulsados y se actué contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos al que estamos suscritos. Es decir, poner veto hasta que dejen de producirse muertes.

Los acontecimientos del Tarajal reflejan una flagrante transgresión del marco de todo el conjunto de estados miembros que comparten políticas migratorias, además de una acción inhumana por parte de las autoridades, pero queda lejos ver una implicación institucional en el caso. Las familias en sus países de origen por medio de asociaciones y de los pocos resortes que pueden emplear no olvidan lo ocurrido y siguen alentando a la movilización “Somos negros y pobres es muy difícil que se haga justicia pero no imposible” dice una de las madres de la asociación de familiares victimas del Tarajal. Las organizaciones sociales y políticas mueven ficha a nivel internacional en la actuación del proceso. El caso que fue archivado provisionalmente en octubre de 2015 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 por no quedar probado un uso indebido del material antidisturbios, es reabierto por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta. La Audiencia ha estimado los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional y libre de las actuaciones iniciadas para esclarecer la muertes y estima que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 no alcanzaron "los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles". Sin embargo el proceso del caso aunque esté en manos de los juzgados podrá transcender siempre y cuando haya una exigencia social que pelee porque se pidan responsabilidades.

Este febrero de 2017 han vuelto a suceder movilizaciones en el Estado español. En Ceuta, Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona había convocadas manifestaciones y en otras partes del mundo también se produjo algún tipo de acto. Por las redes circulan videos, firmas y actividades para apoyar a las familias de los afectados y para esclarecer los hechos. Es evidente que no se trata de eventos multitudinarios por la naturaleza del caso y porque nos hemos acostumbrado a vivir en el desamparo constante, pero el resultado dependerá en última instancia de nosotras y nosotros mismos. La justicia y los aclamados derechos son algo que por desgracia o por fortuna dependen más de la sociedad que de las instituciones. No te los dan, tienes que arrebatarlos. La justicia la haremos nuestra o no será.

Carlos Martín

Foto: manifestación en Madrid capital el 11 de febrero 2017/ manuelfernandez

 

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