ONU: "En Brasil la tortura no es un fenómeno aislado"

Desde la primera visita en 2011 del Subcomité de Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura (STP) éste alerta que “la tortura no es un fenómeno aislado en Brasil” especialmente “en los primeros días que los detenidos ingresan al sistema carcelario”. Esto volvió a afirmarse por el relator especial sobre el tema para Naciones Unidas, el argentino Juan Ernesto Méndez. Él estuvo en Brasil entre el 13 y 14 de agosto pasado y visitó doce penitenciarías en São Paulo, Sergipe, Alagoas, Maranhão y Distrito Federal. En su descripción de la situación afirma: “Sea en prisiones provisorias o definitivas vimos condiciones caóticas. Hay gran sobrepoblación en los locales de detención, fácilmente 200% o 300% por encima de su capacidad. Y cuando hay sobrepoblación todos los otros aspectos empeoran.”

De 2004 a 2014, la población carcelaria brasileña aumentó 80% en números absolutos, pasando de 336 mil presos para 607 mil, según el Levantamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen). Y ubicándose en el cuarto lugar después de EUA, China y Rusia, en ese orden. Pero, para investigadores independientes el número sobrepasa los 700 mil, y Brasil ya habría ocupado el tercer lugar. Este crecimiento brutal de la cantidad de presidiarios superando la infraestructura insuficiente se procesó durante los gobiernos del PT.

Méndez afirma: “En todas las visitas vimos sobrepoblación, problemas de asistencia médica a los presos, violencia entre los detenidos, falta de alimentación adecuada, y claro, falta de acceso a educación e reinserción social”. Resalta además como problema “la falta de capacidad para detectar la tortura por parte de médicos especializados”.

Méndez nos dice también que la peor situación carcelaria que encontró fue en el Complejo penitenciario de Pedrinhas en São Luís do Maranhão. Desde la rebelión iniciada en diciembre de 2013 fueron registrados innumerables casos de muertes y violaciones de derechos humanos. La ONU pidió a Brasil en 2014 que investigase la violencia en los presidios de Maranhão, principalmente en Pedrinhas, donde más de 60 detenidos fueron asesinados después del motín entre grupos criminosos. Demostrando preocupación al saber que los detenidos habían sido decapitados.

El relator de ONU señala que la práctica de la tortura en el país podría ser cohibida en parte con el fin de la figura judicial de prisión preventiva o provisoria. Ésta, “todavía es muy común en Brasil y termina siendo una pena anticipada. Es un círculo vicioso que en lugar de resolver el problema de la criminalidad lo exacerba”. En consecuencia Méndez sugiere también rever otras normas penales para quien comete delitos menos violentos y que no necesitaría cumplir pena en una cárcel.

Lo que institucionaliza la tortura es la continuidad del ciclo de impunidad respecto a esa práctica. En el país es muy poco o nada lo que se hace por investigar, procesar y castigar los delitos de tortura. Existe un espíritu corporativista en los agentes policiales que los protege frente a este y otros delitos. Y una clara renuncia de las autoridades policiales, judiciales, municipales, estaduales y federales para encarar con honestidad y justicia este grave problema de derechos humanos.

Según el relator de la ONU la falta de humanidad en el tratamiento carcelario y la impunidad son herencia de la dictadura militar. “Es un legado que persiste en la actuación de la policía y los agentes del estado. Hay también un fuerte aspecto racial y de clase que es preocupante. Pero los gobiernos democráticos pos dictadura no se deben esconder detrás del hecho de haber heredado la tortura del gobierno militar”, Tres décadas después, los distintos Ejecutivos lejos de resolver el problema lo han institucionalizado.

Pero más aún, la discusión en este nefasto Congreso actual de la reducción de la mayoría penal para 16 años, si se aprobara, irá a resultar en penas más altas y en que los jóvenes detenidos convivan con delincuentes habituales. Las experiencias de medidas similares en otros países sólo resultaron en el agravamiento de los problemas delictivos. Estamos frente a un Congreso contaminado de corrupción que lejos de ocuparse de los delincuentes irrecuperables que tiene en su seno, pretende aumentar la penalización de los jóvenes.

Luego de la visita de Méndez, el Subcomité de Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura (SPT) volvió a examinar Brasil del 19 al 30 octubre de 2015. Durante la visita el subcomité tiene derecho a hacer inspecciones sorpresivas en las prisiones. En el final de la inspección serán presentadas observaciones preliminares a las autoridades brasileñas a través de un informe confidencial. Pero el protocolo facultativo del subcomité ha sido ratificado por 80 Estados y ellos son incentivados a que el informe se haga público. Esperamos que el gobierno publique el nuevo informe de ONU.

Lo indiscutible es que la impunidad de la tortura en cárceles y locales policiales es un componente fundamental del Terrorismo de Estado en el país. Como lo demostró el caso del trabajador de la construcción Amarildo de Souza, de la favela Rocinha en Rio de Janeiro; detenido por la policía carioca el 14 de julio de 2013, en una Unidad de Policía Pacificadora (UPP), torturado allí, ejecutado y luego desaparecido. Más de dos años después, todavía no se ha iniciado el juicio a los ejecutores identificados de este crimen. Y con seguridad la Justicia no tiene ninguna intención de juzgar la responsabilidad de los comandos de la Policía Militar, la Secretaría de Seguridad del Estado y del gobernador de Rio de Janeiro implicados sin lugar a dudas en estos crímenes.

Como podemos apreciar la ONU ha identificado con claridad que la tortura en Brasil no es excepción y en determinadas circunstancias es una norma. Que su práctica está generalizada en los cuerpos represivos y que su funcionamiento cuenta con el círculo de impunidad que le otorga el Estado. La actividad del Subcomité de Naciones Unidas sobre Prevención de la Tortura (STP) en Brasil y su denuncia sobre la asiduidad y frecuencia de este flagelo era una tarea que correspondía a la Justicia brasileña. Es ella también la que debería haber roto el círculo de impunidad de esa práctica perversa. Pero no contamos con indicios que permitan tener cierto optimismo sobre una hipotética intervención judicial para detener la tortura institucionalizada.

Como los negros son amplia mayoría en las cárceles y los más afectados por las operaciones policiales, son también las víctimas principales de la tortura. Las restricciones a sus derechos impuestas por el racismo, los ubican también como los más abatidos por la tortura. Racismo y tortura se autoalimentan generando un gravísimo problema de DDHH que participa como un componente imprescindible del Terrorismo de Estado para mantener sumergidos en la desigualdad, la miseria y amedrentados a un alto porcentaje de brasileños. Un paso imprescindible para terminar con la tortura es la extinción de las policías militares, que son las que más ejercen esta perversión inhumana. Una medida ya aconsejada por ONU a Brasil en 2012 e ignorada por el gobierno del PT.

Sólo una fuerte protesta social, con apoyo de los medios de comunicación independientes que no actúen en complicidad con el Estado racista y torturador, puede extinguir las nefastas policías militares y detener la tortura sistemática y su círculo de impunidad.

La Haine