Que se abran los archivos

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 4 de 2015

Necesitamos abrir esos archivos. Llegó la hora de conocer la verdad pura y limpia, las causas y la identidad con nombres y apellidos, de los máximos responsables que nos han impedido en 190 años de vida republicana, salir del oscuro laberinto de exclusión y violencia política que aflige y que todavía mantiene a Colombia encadenada al despotismo de la guerra. Necesitamos como el aire para respirar, la paz; y para construir nuestra reconciliación sobre la roca de la No repetición y del nunca más.

Nos dicen que como resultado de ciertas mediciones de opinión un gran porcentaje de encuestados pide cárcel para quienes, motivados por el altruismo y la solidaridad humana, empuñamos un derecho natural, universal: el de la rebelión contra un régimen injusto. Hay preguntas que inducen a una respuesta. Si a la gente del común se le pregunta si desea cárcel para la casta política de privilegiados y corruptos, que creyéndose dueños del país desataron la violencia desde el poder, impulsaron y financiaron el paramilitarismo, provocaron los falsos positivos que son crímenes de lesa humanidad, se enriquecieron y generaron la pobreza, la respuesta sería contundente: cárcel para todos ellos; para los que sostienen el orden social vigente que reproduce la desigualdad, la miseria, y la exclusión.

Se supone que las armas fueron confiadas por la sociedad al Estado para la defensa de la soberanía y las garantías sociales, pero cuando el establecimiento, cuando los gobiernos ordenan al ejército apuntar esas armas contra su propio pueblo, produciendo victimizaciones colectivas, exterminio de fuerzas políticas opositoras, o asesinatos selectivos de líderes del movimiento social, el uso de esas armas pierde totalmente su legitimidad, y sus crímenes adquieren la dimensión de lesa humanidad. De ahí que la responsabilidad sistémica sea un millón de veces mayor a la de los rebeldes.

Sí. Lo reiteramos: no hemos venido a La Habana a negociar impunidades con nadie. Por eso hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la Comunidad Internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. Jamás se podrá equiparar el derecho a la rebelión al terrorismo de Estado.

En el año 57 hubo un acuerdo de paz, entre la oligarquía liberal-conservadora, para frenar la barbarie de la violencia desatada por ella misma por la infame causa de la repartición de los cargos burocráticos del Estado. Hubo al menos 300 mil muertos, 1 millón de desplazados, desmembramientos de personas, decapitaciones o “cortes de franela”, violaciones sexuales, incendios, despojo de tierras y represión generalizada. Se hastiaron de la sangre derramada, pero su mayor preocupación no era tanto la muerte de inocentes sino su alejamiento por la guerra civil de los negocios y de las ganancias. Y ninguno de los responsables, pero absolutamente ninguno, pagó cárcel, ni siquiera una misa por los muertos.

Esos mismos personajes, cobijados siempre por la impunidad están promoviendo hoy que los rebeldes tienen que terminar tras las rejas para que haya un cierre jurídico confiable. Pero no hablan de su responsabilidad suprema ni de lugares de reclusión para los determinadores, sino para los “malos” que se sublevan. Y nos hablan de cortes y tribunales, y doctrinas obsoletas apegadas a la gramática que no miran el espíritu ni el contexto, ni la verdad histórica, que cierran, porque les da la gana, los ojos al derecho dúctil, a la paz como derecho síntesis, al margen nacional de apreciación, a la justicia prospectiva y a la posibilidad de que seamos los propios colombianos quienes adoptemos fórmulas acordes con nuestra idiosincrasia y soberanía para lograr la reconciliación; cuando podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz.

Ahora quieren convertir el proceso de paz en un proceso jurídico contra las FARC.

Los colombianos debemos entender que por encima de cualquier Corte está la paz de Colombia.

¿Por qué reclamamos que se abran los archivos? Porque la paz necesita la verdad, identificar a los responsables supremos del conflicto social y armado, para, a partir de la verdad histórica acordar fórmulas de solución ya sean políticas, ya sean jurídicas. No compartimos que se objete la apertura de los archivos aduciendo normativas obstruccionistas inventadas para ocultar la verdad. No estamos pidiendo que se abran los archivos de la política internacional de Colombia, sino aquellos referidos a la violación sistemática de los DDHH y el DIH, paramilitarismo, falsos positivos, crímenes de lesa humanidad y todos aquellos que develan la existencia de victimizaciones sistémicas.

En su Decreto 0434 del primero de marzo de 1956, del general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia, a instancias de una potencia extranjera asumió que “quien tome parte en actividades políticas de índole comunista incurrirá en presidio de uno a cinco años o en relegación a colonia agrícola penal por igual termino; en interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas.

Si se tratara de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además la degradación pública”.

Si miramos la actual legislación de seguridad ciudadana, ese mismo espíritu y tendencia criminal, prevalece y sigue vivo…En Colombia se penaliza el derecho constitucional a la protesta, que para que sea protesta tiene que ocupar vías y obstruir el transporte público. Se allana arbitrariamente y se encarcela a quien lance objetos contra la policía represora. Todavía hay presos de las redadas uribistas de 2006; y en el marco de esa arbitraria Ley de Seguridad Ciudadana acaban de condenar a 8 años de cárcel a uno de los dirigentes de las protestas campesinas del Catatumbo.

Con premeditación las élites en Colombia desterraron de colegios y universidades la enseñanza de la historia. Nos quieren ignorantes, desligados de nuestra trayectoria histórica como nación, para someternos por la vía del engaño, pretendiendo fundir nuestro destino con sus intereses particulares. No hay derecho a ese exabrupto. Por eso debemos restablecer el pensum o la cátedra de historia en todos los niveles académicos, para que siempre tengamos presente de dónde venimos y qué fue lo que se propuso el padre fundador de esta República.

Porque la transición debe ser hacia la justicia social y la democracia, proponemos mecanismos de verdad, justicia y reparación derivados de un acuerdo político entre las partes y que tenga en cuenta la historia del conflicto y sus responsabilidades. Lo que rechazamos son normas penales diseñadas para un solo destinatario –derecho penal del enemigo-, presentadas unilateralmente por el Gobierno ante el Congreso y la Corte Constitucional sin tener en cuenta,en absoluto, la opinión de sus interlocutores de paz en la Mesa, sabiendo de antemano que el Estado no puede ser juez y parte al mismo tiempo, y mucho menos cuando el Ius puniendi o atribución de los estados para sancionar, colapsó por motivo de la impunidad de los crímenes de Estado.

Qué paradoja la que se da Colombia: mientras los determinadores de la violencia atrincherados en el poder piden cárcel, cárcel y más cárcel, amnistías condicionadas pensando en la trampa y la traición, los humildes victimizados piden reconciliación, reparación y no repetición. ¡Qué desprendimiento y qué lección de humanidad y amor por la patria! Algunos poderosos no quieren compromisos de No Repetición, porque ello implica cambios estructurales, porque en el fondo aspiran a que todo siga igual.

Nos congratulamos de haber alcanzado un acuerdo de creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es parte de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está por cerrarse.

Vamos a seguir trabajando para acordar, además, otros mecanismos que nos permitan alcanzar esos propósitos. Es imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión.

www.pazfarc-ep.org