Uruguay: Oferta electoral, un solo modelo

Ddeclaración Política de Comuna, Militantes Guevaristas, Colectivo Militante

En Lucha, bimestral, setiembre de 2014

1.     En el tramo final. A José Mujica le resta poco tiempo de gestión. El 1° de marzo de 2015 deberá pasarle la banda presidencial a su sucesor. Tan solo unos meses atrás pocos dudaban sobre el favorito a recibirla. Tabaré Vázquez lucía como un “acorazado insumergible” y se encaminaba a obtener, por segunda vez, el máximo trofeo de Estado. A menos de 45 días para la elección, todas las certezas se esfumaron. “Es impredecible”, dicen los mercachifles que encuestan la “opinión pública”. Si bien ahora pronostican lo que cualquier observador atento -de la realidad política y social-, podía intuir: la pérdida de mayoría parlamentaria del progresismo en octubre y un muy probable balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en noviembre

Los sondeos que indican un “final abierto” irritaron al oficialismo. Sobre todo por los datos que divulgan: perdió adhesiones entre los sectores de “clase media baja” y en el interior del país; ya no recluta -como en el pasado- entre la mayoría de jóvenes que votan por primera vez; y los “votos prestados” (mayoritariamente colorados) que le dieron el triunfo al Frente Amplio en 2009, vuelven a estar en disputa.

Todos coinciden. La zafra electoral se recoge en el 15% de los votantes. Se trata de una “masa de voluntades” que manifiesta diversos grados de “indefinición ideológica”, “escepticismo político”, y una carga de latente descontento por diversos factores: inseguridad, impuestos, educación, salud, transporte, vivienda. En esta masa donde se incuba un “malhumor soterrado”, pueden encontrarse trabajadores, cuentapropistas, micro y pequeños empresarios, “gente de campo” y jubilados. Todos calificados de “centro”. A quienes no les valen las diferencias políticas entre los candidatos presidenciables sino “quien va a empujar mejor el carro”. Porque deducen (con buen ojo), que “no son tan distintos”

Allí están los votos a captar. Hay que cortejarlos y prometerles. Empezando por el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). Unos y otros anuncian “ajustes” en su franja no imponible. Se busca una “alivio tributario a la clase media”, afirma Tabaré Vázquez. Lo mismo anuncian Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Apenas se diferencian en los detalles y, cuando mucho, en los plazos a realizarlo

2.     El Frente Amplio reclama el voto porque “Uruguay no se detiene” (abandonando el “vamos bien” con que comenzó la campaña); el Partido Nacional quiere “un país en el que sea lindo vivir", apostando por las “coincidencias positivas; el Partido Colorado insiste con el “vivir en paz” (ya que su candidato, Pedro Bordaberry, es el paladín de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años); el Partido Independiente apela a su raquítico electorado con un “cambiá sin volver atrás”. Es parte del juego, disfrazado de “pugna democrática”

La oferta electoral se remite a un solo modelo. Porque la competencia en curso es entre opciones situadas en el campo del orden capitalista. Opciones que, sustentándose en alianzas políticas y fuerzas socio-económicas distintas, defienden, por igual, el mismo sistema: basado en la apropiación privada del trabajo social, piedra fundamental de la acumulación capitalista; en las condiciones estructurales que producen y reproducen la pobreza y la desigualdad, fabricando “excluidos” y “menores infractores”; en la subordinación del país a los intereses de las empresas transnacionales; en el acatamiento a las instituciones de la mundialización imperialista; en el respeto a los “compromisos asumidos” con los acreedores internacionales. Opciones que, por otra parte, defienden los pilares centrales del régimen de dominación: la arquitectura institucional antidemocrática, la impunidad y el fortalecimiento del aparato represivo

3.     En los años ’80 y ’90, los gobiernos de coalición de colorados y blancos, sentaron los principios rectores del “modelo neoliberal”. Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Rigen hasta hoy. Ninguna fue derogada en lo que va de la “era progresista”, pese a que el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. Por el contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora publicitar la “solidez” y el “éxito” de su programa económico

Los hechos revelan la naturaleza del “país productivo” -que pintaron como “pos-neoliberal”- y desmienten (como si hiciera falta) el cuento de  “dos proyectos de país”

Mujica viaja a Finlandia. Quiere “convencer” a la Kymmene Corporation (transnacional finlandesa de celulosa, conocida habitualmente como UPM, ex Botnia), para que instale su segunda fábrica en el país. Al inaugurar el funcionamiento de Montes del Plata (propiedad de Arauco-Stora Enso, transnacional chilena-sueco-finlandesa de celulosa), celebró el acontecimiento como “un salto del Uruguay”, sin olvidarse de agradecer “la generosidad de la empresa”  por construir “casitas decentes y abrigadas a las mujeres pobres llenas de hijos". (El País, 9-9-2014) Mientras tanto, Tabaré Vázquez dio inició a su ciclo de “teleconferencias” electorales. Panel con técnicos y “agentes económicos influyentes”. Entre los invitados especiales el empresario Gustavo Grobocopatel, considerado el “rey de la soja” (transgénica) en Argentina, con inversiones millonarias en Uruguay

Nadie debe sorprenderse. La “principal noticia económica” provino del capital financiero. Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) anunciaron que “están prontas para invertir 5.000 millones de dólares en obras de infraestructura pública”, gracias a que la Ley de Participación Público-Privada (PPP) -aprobada por todos los partidos con representación parlamentaria-, les permite invertir “hasta el 50% de sus fondos”. Vale decir, echar mano de los ahorros pertenecientes a futuros jubilados. Años atrás, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, demandaban la eliminación lisa y llana de las AFAP. Ya con el gobierno del Frente Amplio, el volumen del griterío se fue apagando, para terminar conformándose con la posibilidad de la desafiliación individual. A siete meses de aprobada la ley, los dueños del dinero ajeno enarbolan satisfechos un “balance positivo”: por cada desafiliado, hubo cuatro nuevos ingresos. Lo que da una medida exacta del sindicalismo gubernamental: había amenazado realizar una “gran movilización nacional” para “concientizar” a los trabajadores e impulsarlos a desafiliarse de las AFAP

La vicepresidenta ejecutiva del Scotiabank, Wendy Hannam,  certifica que no hay nada para temer. La entidad canadiense “se hace cargo” del Nuevo Banco Comercial (cuarto en cuota del mercado local). No solo porque la nueva ley de inclusión financiera “es una buena oportunidad” para los banqueros; sino porque "una de las fortalezas de Uruguay es la estabilidad de su sistema político y el compromiso con la estabilidad económica". (El País, 15-9-2014)

4.     Gane quien gane el modelo no corre peligro. El programa del nuevo gobierno será aprobado por el FMI, el Banco Mundial, las corporaciones patronales. Tal cual ha venido ocurriendo. Porque la ecuación progresista del “país productivo” se ratifica en el “modelo neoliberal”. Es la misma matriz: agro-exportación; concentración-extranjerización de la tierra; instalación de multinacionales forestales, sojeras y mineras; exoneraciones tributarias al gran capital local y transnacional; refugio para lavado de dinero; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras internacionales

No hubiera sido necesario que lo aclarara, pero lo hizo. La candidata a ministra de Economía por el Partido Nacional, Azucena Albeleche, adelantó cuál sería su manejo de la economía: “Acá no hablamos de cambios espectaculares. Hay cosas que se han hecho muy bien en el último gobierno y sobre esas cosas hay que basarse para seguir mejorando. Hay que continuar con lo que se está haciendo bien y mejorar en otros aspectos”. (Entrevista en El País, 22-8-2014). La señora conoce el paño: fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Empezó en el gobierno de Jorge Batlle, siguió en los de Tabaré Vázquez y José Mujica. Dejó su cargo apenas hace unos meses, elogiada por todas las autoridades económicas del gobierno.

El continuismo, sin demasiados cambios, es una “política de Estado”. De forma tal que la decisión de Tabaré Vázquez es a todas luces coherente: si le toca repetir la presidencia de la República, Danilo Astori será, nuevamente, su ministro de Economía.  En todo caso, volverán a quedar en falsa escuadra aquellos que en el campo progresista (sectores del MPP, el Partido Comunista, la senadora Constanza Moreira, dirigentes del PIT-CNT, y hasta los “economistas críticos”), irradiaban la fantasía de un “gobierno en disputa” y demandaban (con poquísima convicción, hay que decirlo) un “giro a la izquierda”

5.     Es verdad que los trabajadores y las capas sociales más pobres, nada tienen que esperar de aquellos que, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, hundieron al país en la peor de la crisis económica, generando una escandalosa caída del salario, un masivo desempleo y una espantosa miseria. Sus programas actuales, revestidos de un lenguaje “positivo” y “renovador” continúan en la línea de la derecha más tradicional y reaccionaria. De volver al poder, gobernarán asociados, como siempre lo hicieron: en función de los intereses de las clases propietarias locales y del capital imperialista. Por más que ahora digan que mantendrán lo que “se hizo bien” durante los gobiernos del Frente Amplio. Cualquiera puede deducir que intentarán “equilibrar la balanza” (a favor de los patrones) en el terreno de los Consejos de Salarios y las relaciones laborales en general. En materia de seguridad pública, no solamente apoyan la baja en la edad de imputabilidad, sino que proponen “mano dura” y mayor criminalización de la pobreza y la protesta social

Pero tampoco hay que esperar nada nuevo (o sustancialmente distinto y mejor) de un tercer mandato del Frente Amplio. En su horizonte estratégico no se contemplan transformaciones estructurales, ni reformas más o menos “radicales”. Su abdicación a la lógica de la economía de mercado es completa. Por eso es una fuerza del orden del capital. El progresismo como corriente política sistémica, que ha dado continuidad al “modelo conservador” -utilizando sus vínculos históricos con la izquierda y su anclaje en el movimiento popular- entró, definitivamente, en declive.

Puede, sin duda, volver a ganar las elecciones. Es por lejos el principal partido del país; mantiene una hegemonía incontestada en los sindicatos y en los movimientos sociales; recibe amplias adhesiones en el mundo intelectual y académico; cuenta con medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión). Y, sobre todo, dispone a su antojo (como antes colorados y blancos) de los recursos que brinda la maquinaria de Estado, factor esencial para galvanizar el clientelismo. Aunque el Frente Amplio ya no concite las esperanzas de “cambio” -ni la movilización social, ni los entusiasmos políticos, ni la militancia organizada-, podrá volver a beneficiarse de un resignado voto útil por la “conjetura menos mala”. Agitando con fuerza el fantasma de la “restauración neoliberal”

En materia de seguridad pública, el progresismo no se deja correr por la derecha. Los datos son inequívocos. Perfeccionamiento del aparato policial vía un crecimiento inédito del presupuesto. Impunidad para los “excesos” que cometen sus efectivos (hostigamientos, “malos tratos”, corrupción, asesinatos). Aumento de las penas, con  la complicidad del Poder Judicial. Cárceles superpobladas que albergan en condiciones infrahumanas a más de 10.000 presos, la mayoría “primarios” y menores de 35 años. Adolescentes encerrados y torturados en los centros del SIRPA (Sistema de Responsabilidad de Responsabilidad Penal Adolescente y del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), considerados “verdaderos campos de concentración” por Rosa María Ortiz, la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos del Niño

Como es una de las principales “demandas de la sociedad”, el Frente Amplio ajusta la estrategia de “prevención y represión” para “combatir la inseguridad”. Entre los nuevos “asesores” de Tabaré Vázquez en la materia se encuentra la nueva adquisición llegada del Partido Colorado: Daniel Borrelli, ex jefe de Policía en el departamento de Salto y ex ministro del Interior en el gobierno de Jorge Batlle; definido en su momento como un “fiscal represor” por organizaciones de derechos humanos, este fascista defiende la baja en la edad de imputabilidad, se opone a la legalización de la marihuana, y es un fanático de la “tolerancia cero” porque “hay que perseguir hasta el robo de una gallina”. (Entrevista en Búsqueda, 28-8-2014)  

6.     Debe reconocerse de todas maneras. El progresismo ha hecho un esfuerzo por mitigar la miseria. En “repartir algo” y “contener socialmente”, como le gusta decir al jefe de Estado. Focalizó nuevos planes asistenciales y aumentó los recursos presupuestales del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social). Extendió las asignaciones familiares a los trabajadores que menos ganan; creó programas de empleo (temporal); y segura una canasta básica de alimentos a través del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) para que nadie se muera de hambre. No deja de ser importante, si tenemos en cuenta lo que nos dice Julio Marenales, el “tupamaro histórico” que posa de estar a la izquierdista del gobierno: los desposeídos de todo reciben agradecidos la “ayuda” que viene del Estado. Está en su naturaleza desclasada: “a los muy pobres no les interesa la política y por supuesto ni la democracia, ni el socialismo”. (Mate Amargo N° 17, edición digital, marzo de 2014) Bueno saberlo, a la hora de buscar el “sujeto social” de la revolución. El antiguo guerrillero avisa donde no tendríamos que ir

Sin embargo, el aumento tanto del “gasto social” como de la cantidad de “beneficiarios”, ha sido más que insuficiente para disminuir la pobreza. No hablemos de “erradicarla”. Según el gobierno, 900.000 personas “salieron de la línea de pobreza” en los últimos nueve años y los que aún viven en esa condición son 11,5% de la población. Vale recordar: para el gobierno (que adopta los criterios de medición que impone el Banco Mundial), alguien que tenga un ingreso de $ 9.600 mensuales (360 dólares aproximadamente) se salvaría de ocupar la escala social más baja.

Obviamente, las cifras oficiales maquillan la realidad. Un estudio concluye que al “núcleo duro” de pobreza que registra el MIDES (entre 280.000 y 300.000 personas) hay que agregarle al menos, otras 380.000 en “riesgo de pobreza”. En tal caso, la línea divisoria entre pobres reales y pobres potenciales deja de ser tenue y se borra. (Instituto de Ciencia Política, Udelar, noviembre 2012). Por su parte, el trabajo “Medición de la pobreza infantil en Uruguay”, sostiene que, según los indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión monetaria”. Si a la variable económica se le agregan los datos de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de pobreza trepan al doble. De acuerdo con el INE, 27,3% de los niños de 0 a 5 años estaban en “situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la pobreza afecta a 49,2% de la población infantil. (Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Udelar, 2014)

Algo similar ocurre en el “reformado” sistema de enseñanza que, en el discurso frenteamplista, iba a “cerrar la brecha social” asegurando la “inclusión”. El 50,3% de las capas más ricas de la sociedad completa la educación de nivel terciario; el 60% de las capas más empobrecidas de la sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad simétrica” entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la “desigualdad educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y precariedad laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes de 15 a 20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete de cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”. (Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el 26-12-2012)

Basta dar una mirada a la periferia urbana y suburbana para registrar el paisaje de la “vulnerabilidad social”. En los “asentamientos irregulares” viven 213.000 personas. La mayoría en Montevideo: más de 132.000 personas, alrededor del 10% de la población. Sin mucha diferencia con los viejos “cantegriles”. Allí se concentra el “pichaje”, según la estratificación social que ficha la Policía. Mientras tanto, las “soluciones habitacionales” quedan en manos de los “operadores inmobiliarios” (bancos, fondos de inversión, financieras) y de las grandes empresas constructoras (exoneradas de impuestos). El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la Dirección Nacional de Vivienda DINAVI), se acoplan a una política donde la “ley del mercado” define las prioridades en función de la rentabilidad. Ni el Plan Juntos (impulsado por Mujica), ni el Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT (golpeado por los manejos corruptos de sus responsables, miembros del Partido Comunista), avanzan hacia un proyecto de vivienda social y popular instrumentado y subsidiado desde el Estado

La precariedad salarial está fuera de discusión. Según un informe del INE (agosto de 2014), el ingreso medio per cápita corriente sin aguinaldo, se ubica en $ 14.843 (alrededor de 650 dólares). Hasta las cúpulas sindicales lo reconocen. Hace falta un “sacudón”, dice Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT: “porque hay todavía 800.000 trabajadores que perciben menos de $ 15.000”. Es decir: el 50% de la fuerza laboral gana menos de dos salarios mínimos mensuales. Por eso, la central sindical propone a los candidatos presidenciables “llevarlo a $ 16.000”. Con una precisión: “no lo planteamos de golpe”. Tabaré Vázquez recogió el guante: habrá un “aumento gradual” del salario mínimo nacional. Otro reclamo en la plataforma electoral del PIT-CNT, es la suba del mínimo no imponible para el cobro del IRPF a alrededor de $ 25.000 (hoy está en $ 19.733) y desgravarlo de aguinaldos y salarios vacacionales. A pocos días de las elecciones, el sindicalismo progresista se acordó de que “los que más tienen más deben aportar” para “achicar la brecha entre ricos y pobres”

Poco creíble esta erupción reivindicativa de los burócratas. Si consideramos que durante estos años de “gobierno compañero”, el aparato del PIT-CNT no ha hecho otra cosa que consentir la política económica del Frente Amplio. Su lema “No somos neutrales ni indiferentes”, lejos de afirmar una posición de autonomía política e independencia de clase, convalida la estrategia de subordinación al partido de gobierno. La relación contractual (de negocios) entre sindicatos y ministerios; el maridaje con empresas privadas; el fenomenal proceso de corrupción y tráfico de influencias (Plan de Vivienda Sindical, Salud Pública, Registro Civil, etc.), o la complicidad de sus dirigentes con las torturas en las cárceles de menores, muestran, en definitiva, las consecuencias destructivas de un sindicalismo de prebendas, gerencial, entrelazado al aparato de Estado

7.     Lo sabemos. A la hora de votar, una mayoría de trabajadores (que debido a sus bajos salarios no tributan el IRPF), y de las capas más pobres, lo harán por el progresismo. Pondrán en la balanza cuestiones muy concretas e inmediatas. Se decidirán por conservar los “avances” de estos años de “hegemonía popular”. En su imaginario, es la única opción válida para evitar el peligro de “restauración neoliberal”

De nuestra parte, la decisión es protestar y continuar luchando. En ningún caso, Ni el 26 de octubre, Ni el 30 de noviembre (si finalmente hay balotaje), daremos un voto por el “mal menor”. Es una decisión  fundamentada por el camino recorrido -junto a otras fuerzas anticapitalistas- en este período de “hegemonía cultural” progresista. Por tanto, acompañaremos a los compañeros y compañeras que componen un espacio radical que va desde el Voto Nulo al Voto en Blanco. Habrá otros compañeros de este mismo espacio que darán su apoyo a las opciones de izquierda que se presentan a las elecciones: el Partido de los Trabajadores y la Unidad Popular. Una decisión que respetamos

Asumimos, claro está, nuestra cuota de responsabilidad. La ausencia de una expresión unitaria de las fuerzas que se reivindican del antiimperialismo y el socialismo revolucionario, hacen más evidentes la dispersión política y la orfandad estratégica de un campo integrado por miles de activistas y militantes; luchadores y luchadoras que participan e impulsan las demandas de los trabajadores, las movilizaciones contra la impunidad del terrorismo de Estado, las resistencias que se oponen a la megaminería, las protestas barriales que denuncian la brutalidad policial.

El balance es inocultable: no avanzamos en la “disputa hegemónica” con el progresismo. Ni en la construcción de nuevos instrumentos de organización en los  movimientos sociales, ni en referencias claras sobre un nuevo proyecto político. Todo lo que indica un grave retroceso político. No obstante, subyace en sectores de esta izquierda y del sindicalismo clasista, un debate respecto a las perspectivas de la unidad revolucionaria. Para los firmantes de esta declaración, integrantes del bimestral En Lucha, la cuestión de esa unidad debe ser pautada desde las luchas y los movimientos de resistencia. Este desafío político se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra actividad militante. Se trata de contribuir a la construcción de una fuerza organizada y consistente. No solo para impedir que las consecuencias de la política económica (cualquiera sea el color del gobierno) la sigan pagando los asalariados y las capas sociales más empobrecidas. Sino para reivindicar la permanente validez de un programa de emancipación social, anticapitalista, socialista.