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Colombia, Colombia :: 12/04/2016

Valle del Cauca: Rechazamos amenazas y persecución contra dirigentes sociales y defensorxs de DDHH

Marcha Patriótica
Comunicado público

Nuevamente manifestamos nuestra profunda preocupación por la reactivación del paramilitarismo en el territorio nacional y la intensificación de acciones de terror contra el conjunto de organizaciones sociales, populares y comunitarias, que luchan incansablemente por la Paz con Justicia Social. En esta ocasión, tenemos que informar a la comunidad nacional e internacional, que el día 11 de abril del presente, se recibió una nueva amenaza por parte del grupo paramilitar autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, que declara como objetivo militar a reconocidos/as dirigentes sociales del departamento que han liderado importantes luchas en defensa de los Derechos Humanos, contra las políticas de privatización y despojo de los gobiernos de turno y que han enfrentado en diversos momentos el accionar criminal de los grupos paramilitares que defienden los intereses de la extrema derecha que se ha enriquecido con la guerra y el sufrimiento de los sectores más humildes de nuestro país.

Expresamos nuestra voz de solidaridad y respaldo a nuestro compañero Rodrigo Vargas, integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH Valle), de la Junta Patriótica Departamental y miembro de la Comisión departamental de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica. De la misma manera, a Martha Giraldo, Walter Agredo, Hernán Arciniegas, Wilson Sáenz, Julián Lozano, José Milciades Sánchez, Ariel Díaz, Edinson Méndez, Carlos Murcia, Ismael Hurtado, Antonio Gutiérrez, Henry Domínguez, Jorge Iván Vélez, Albert Quintero y a las organizaciones y procesos a los que pertenecen cada uno de estos compañeros.

Esta situación hace parte de la estrategia paramilitar que se ha incrementado en el último periodo y que deja a la fecha 119 militantes de la Marcha Patriótica asesinados y centenares de compañeros/as del movimiento social y popular amenazados y perseguidos. Indudablemente esta es la respuesta criminal de quienes pretenden sabotear y desestabilizar el proceso de paz que se adelanta con las insurgencias, para mantener al pueblo colombiano sometido en una guerra fratricida e indefinida que sólo beneficia a quienes se han enriquecido y gobernado gracias al terror.

El paramilitarismo se convierte hoy en el principal obstáculo, no sólo para la firma de un Acuerdo que ponga fin a la confrontación armada, sino para construir verdaderas condiciones democráticas que permitan eliminar la violencia de la política. En tal sentido, el Estado colombiano tiene que reconocer la existencia del paramilitarismo y su incidencia en las instituciones oficiales, gremios económicos y medios masivos de comunicación. Así mismo, se deben brindar garantías efectivas para la participación política y medidas inmediatas que protejan la integridad y la vida del conjunto del movimiento social y popular colombiano.

Con la más amplia unidad del pueblo colombiano que sueña, se organiza y lucha por la paz con justicia social y el compromiso real del Estado para combatir el paramilitarismo como estructura militar y concepción ideológica, lograremos derrotar este fenómeno criminal. Exigimos a las instituciones estatales llevar a cabo de manera urgente todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las y los integrantes de nuestro movimiento político y social. Garantizar el derecho al ejercicio político es imprescindible en el escenario del posacuerdo y construcción de paz con justicia social que se avizora.

Los sentimientos de odio, rencor e intolerancia que quieren sembrar los señores de la guerra (Uribe, Ordóñez, Lafaurie, Cabal, José Obdulio, etc.) en los corazones del pueblo, no serán mayores que la potencia del clamor nacional de reconciliación, democracia y justicia social. Sus armas jamás podrán derrotar nuestra esperanza de paz, nuestra apuesta por la vida.

 

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