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Chile, Mundo, Venezuela :: 30/08/2014

¿Para quiénes se gobierna en Chile?

Paul Walder
Con el nuevo Gobierno, la economía chilena se expresa de forma impúdica como caldo de cultivo para la concentración de la riqueza y el engorde corporativo y financiero

Si desde finales del año pasado las grandes cifras macroeconómicas han venido anunciando, primero, un estancamiento y más tarde el posible ingreso en un nuevo ciclo recesivo, hoy observamos que hay sectores que pueden beneficiarse tanto de los ciclos expansivos como contractivos. La banca ha sido uno de ellos, pero hoy vemos que también las Isapres [Instituciones de Salud Previsiona]. Durante el primer semestre del año las instituciones privadas de la salud ganaron cerca de 50 mil millones de pesos (unos 87 millones de dólares), las utilidades más altas en los últimos diez años y un 50 por ciento mayores que las obtenidas durante el mismo periodo del año pasado.

Un fenómeno similar ocurre con la banca. Entre enero y mayo de este año, el sector financiero ganó 2.174 millones de dólares, cifra que es casi un 50 por ciento superior a la que obtuvo durante los primeros cinco meses de 2013. Con estos números, la banca chilena y extranjera en el país tuvo una rentabilidad sobre capital de casi el 19 por ciento, también mayor a la de los meses y años precedentes y en rangos históricamente elevados.

Y en este festín del lucro, cómo no incluir a la minería. Aunque el precio del cobre ya no está en los niveles históricamente altos, el sector sigue generando miles de millones de dólares a sus accionistas. Aunque las ganancias de las empresas mineras privadas son difíciles de rastrear, hay algunas pistas en la página web del Consejo Minero. Al informar de la distribución de los flujos generados en 2013 por la gran minería (estatal y privada), señala un total de 21.148 millones de dólares (entre dividendos, aportes al Fisco e incorporación de activo fijo (pág.
22, Consejo Minero).

Todo este proceso de acumulación de capital, que implica una transferencia de recursos naturales y de riqueza desde los trabajadores y consumidores a las grandes corporaciones, es también una nueva vuelta de tuerca al perverso fenómeno de concentración de la riqueza y ensanchamiento de las desigualdades y ocurre en un momento de grave desaceleración de la economía. La última medición del Banco Central sobre la actividad económica reveló que en junio pasado ésta se había expandido un escaso 0,8 por ciento, lo que ha llevado a los organismos financieros internacionales, como Cepal y el FMI, a prever un crecimiento anual en torno al dos y tres por ciento. No pocos observadores estiman que la tendencia se pronunciará aún más por cuanto la tasa de crecimiento de la economía para 2014 es posible que sea menor.

HASTA FALABELLA TIENE SU ISAPRE

Al observar más detalladamente el sistema de la salud privada y sus controladores, vemos que se trata de un negocio como cualquier otro en el cual el lucro es la única bandera. Inversionistas de todas las raleas compiten por un mercado que en ganancias no se diferencia en nada al retail , la construcción o los espectáculos. Así es como Cruz Blanca (controlada por el gigante internacional Bupa-Sanitas y el grupo local Said) obtuvo una utilidad de 22 millones de dólares, seguida por Colmena (controlada por el grupo Bethia, dueño de Falabella, el canal Mega, más diversos negocios desde inmobiliarios a la hípica), que ganó 16 millones de dólares. Les siguen Banmédica (con operaciones en otras áreas de la salud, como las clínicas Dávila y Santa María, entre otras), con 15,2 millones y Consalud ( de la Cámara Chilena de la Construcción), con una utilidad muy similar. Entre estas cuatro instituciones concentran el 80 por ciento del mercado de la salud privada, que suma casi tres millones de afiliados.

Entre los motivos de tan elevadas utilidades se han detectado al menos tres variables. Por una parte un reajuste del 33 por ciento en la recaudación de las primas de las garantías explícitas en salud, GES-Auge, el alza del precio de los planes en casi un dos por ciento y, un aumento de casi seis por ciento en la cartera de clientes.

Al comentar las cifras de este negocio, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, dijo que la autoridad está preocupada por la baja utilización de las garantías GES-Auge en el sistema privado. Sólo una de cada cuatro personas las ocupa, lo que revela o falta de información, dificultades de acceso o desinterés por parte del sistema privado para facilitar el uso. Lo concreto es que el desorden ha redundado en un enorme negocio para las Isapres.

Hay, sin duda, una correlación entre altas utilidades y alzas de los precios de los planes. Pero el profundo motivo de tales ganancias es una institucionalidad que no solo tolera lucrar con la salud, sino que ha basado el sistema en modelos de negocios desregulados que facilitan ingentes beneficios a costa de la salud de los usuarios. Es lo que atrae, por ejemplo, a accionistas del retail o del espectáculo, así como a fondos de inversión internacionales, a invertir en el mercado de la salud en Chile.

Pero existe también otro factor aún más estructural que ha permitido a este sistema crecer y mantener estos niveles de ganancias. En las bases mismas del modelo neoliberal está el concepto de Estado subsidiario, lo que deja en manos del sector público aquellos servicios orientados a los sectores más pobres y vulnerables de la población, en tanto deja en manos del sector privado aquellos grupos de personas más jóvenes, sanas y de más altos ingresos, entre los cuales los costos son menores y mayores las posibilidades de obtener beneficios. En un mercado desregulado constitucionalmente como es éste, el Estado ampara a las Isapres para hacer grandes negocios, sin embargo no puede obligarlas a darle cobertura a una persona con una enfermedad preexistente o a una de la tercera edad.

La esencia del negocio en la salud no dista demasiado del de la educación. El Estado renunció a sus funciones docentes y sanitarias para entregárselas como servicios lucrativos al sector privado. Fue una decisión tomada en los albores de la instalación del modelo, en el cual, de forma implícita, se ha entendido la creciente privatización de todas las actividades relacionadas con la educación y la salud. Un proceso que ha creado sistemas desiguales, ineficientes y abusivos. En la salud, por un lado tenemos un sistema público con zonas privatizadas que entrega servicios discontinuos y lentos; al reverso, un sistema privado, caro y excluyente, que en su afán de lucro genera todo tipo de abusos.

CHILE, INDICADORES SANITARIOS DE MIEDO

La opción tomada por el Estado chileno y su vocación neoliberal la podemos ver con claridad al comparar los indicadores nacionales con los de la OCDE. Según datos de 2012, el gasto total en salud en Chile representó el 7,3 por ciento de su PIB, debajo del promedio de los países de la organización de 9,3 por ciento. Esta cifra, sin embargo, no mide ni eficiencia ni equidad, ya que el gasto muchas veces es fuente de lucro. Este es el caso de Estados Unidos, que tiene el mayor gasto en salud, con casi el 17 por ciento de su PIB, cifra que está fuertemente concentrada en la salud privada. Conocido es el mal sistema público estadounidense y los altos costos de la salud privada.

En la mayoría de los países de la OCDE, el sector público es la principal fuente de financiamiento del gasto en salud, con la excepción de Chile y Estados Unidos. En Chile, el 49 por ciento del gasto en salud fue financiado por fuentes públicas en 2012, una proporción muy por debajo del promedio de 72 por ciento en los países de la OCDE. Esto significa que en nuestro país casi una tercera parte del gasto en salud es pagado directamente por los hogares, comparado con menos de un 20 por ciento en promedio entre los países de la OCDE.

Otras estadísticas señalan que en Chile la oferta de trabajadores de la salud es muy baja comparada con los promedios de la OCDE. Datos muy recientes indican que hay 1,7 médicos por cada mil habitantes, en circunstancias que la media de la OCDE es de 3,2 por cada mil personas. Así ocurre también con el número de paramédicos y de camas de hospital, con una proporción que es la mitad de la OCDE. En cuanto a la inversión per cápita en salud, la chilena es de 1.577 dólares, en circunstancias que la media de la OCDE es de 3.500 dólares. Todo esto ocurre en un país que con casi 20 mil dólares anuales per cápita presume estar a la cabeza de su región.

UNA REFORMA HISTORICA EN LA SALUD

Ante las fuertes inequidades en la salud pública y los abusos en la privada, el gobierno ha planteado el fortalecimiento del sistema de salud a través de diversos mecanismos. Sin embargo, uno de los más expeditos ha sido derivar a un nuevo fondo el descuento del siete por ciento a las remuneraciones de los trabajadores, que actualmente es el mayor alimento de las Isapres. La propuesta la ha hecho la directora de Fonasa, Jeanette Vega, y ha sido acogida por la comisión asesora presidencial para la reforma del sistema privado de salud, instancia que evacuará un informe a la presidenta de la República en un par de meses.
De esta forma, los recursos de los más jóvenes y sanos financiarían de forma solidaria a los adultos mayores… si la propuesta se hace realidad.

La comisión ya considera posibles fórmulas para mejorar el sistema de salud, las cuales tienen como denominador común el redireccionamiento de la cotización obligatoria del siete por ciento administrado por las Isapres a un fondo único, el que operaría como un seguro financiado con el aporte de los cotizantes, más recursos fiscales. La directora de Fonasa, al defender este modelo, ha dicho que es parte de la seguridad en el país, por lo que no se trata de una propiedad de las Isapres ni de Fonasa. “Es propiedad de todos los ciudadanos”, dijo en una entrevista al canal CNN Chile, además de ser un mecanismo utilizado en muchos otros lugares. Por lo general, dijo Jeanette Vega, “todos los países acuerdan que este dinero va a un fondo único, que es con el cual se financia la salud”, enfatizando en que los administradores del recurso “son agentes de seguros, que pueden ser públicos o privados”.

La propuesta de Vega, acogida por la comisión asesora, deja en evidencia la esencia del Estado neoliberal en cuanto modelo diseñado para el fortalecimiento y subsidio del sector privado, en claro desmedro del sistema público y de la gran mayoría de los chilenos. Prácticamente el 80 por ciento de la población, unos 13,4 millones de personas, se atienden por el sistema público. Pese a ello, gran parte de los recursos de los trabajadores, especialmente de aquellos de mayores ingresos, se canalizan al sector privado.

POLEMICA ESCALA Y SE POLITIZA

Tras las escandalosas ganancias de las Isapres, el senador del PS Fulvio Rossi, integrante de la Comisión de Salud del Senado, hizo un llamado a legislar a la brevedad en relación a la regulación del mercado privado de la salud. En la oportunidad, Rossi dijo estar alarmado por el bajo uso del GES entre los usuarios privados, situación que se debe a que estas instituciones no informan o presentan una red de prestadores que no satisface las expectativas o necesidades de los usuarios.

Las enormes ganancias tienen explicación para Rossi. Son trucos y nuevos nichos de negocios en un mercado desregulado. “Las Isapres son libres para fijar el valor de sus planes y de la prima Auge, pero cercenan la libertad de elección por parte de los usuarios respecto de los distintos prestadores. Es más, en algunas regiones del país ni siquiera existen los prestadores ofrecidos por las instituciones a sus pacientes, por lo que vemos que están cobrando por el 100% de un servicio cuando sólo entregan el 25%. No conforme con eso, engañan a la población al señalar que se necesita incrementar el valor de sus planes para su propia viabilidad, lo cual es falso”. Por ello, llamó al gobierno a enviar cuanto antes un proyecto de ley que ponga fin a este verdadero “paraíso de las Isapres” y que proteja a nuestra población de sus abusos.

Pero no será tan fácil legislar. En defensa de su negocio de 87 millones de dólares semestrales han salido con fuerza las Isapres y sus representantes políticos. Y han hecho anuncios amenazantes, como es denunciar de inconstitucional la propuesta presidencial. Hacia la segunda semana de agosto, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dijo que con un sistema así se contraviene la Constitución Política de Chile al impedir a los chilenos elegir entre salud pública y privada.

La defensa del lucro también se hace desde el Senado, y apunta a una fuerte politización del debate. Para el senador de RN Francisco Chahuán, el planteamiento será un “duro golpe a la clase media”, en tanto también significaría para las personas afiliadas a Isapres “una expropiación de sus derechos de propiedad, sobre sus contratos de salud y su patrimonio”.

Sólo el pensamiento neoliberal dominante en Chile y sus medios de comunicación afines permite estas polémicas. Nubla y confunde los debates. Lo que se inició como una discusión sobre la calidad de la educación ha derivado en los intereses económicos de los inversionistas. En salud podemos prever que el discurso terminará canalizado hacia la libertad del mercado. ¿Legislará el gobierno o cerrará el debate con un nuevo acuerdo con la derecha y los empresarios?

 Punto Final

 

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