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20/10/2015 :: Chile

Fin al lucro en políticas sociales

x Arnaldo Pérez Guerra
En Chile las políticas sociales se tercerizan por medio de programas ejecutados fundamentalmente por Corporaciones y ONGs

. La modernización del Estado, iniciada con la Concertación, instaló la tercerización y precarización como mecanismos de desarrollo de las políticas sociales. De esta forma, el Estado renuncia a su responsabilidad, encargando la ejecución de los programas a privados; realiza a través de Ministerios y servicios sólo un rol de supervisión y fiscalización.

Ramiro Orellana, presidente del Sindicato de la Corporación Opción, dice: “Los trabajadores iniciamos la Campaña por el Fin al Lucro en Políticas Públicas. Tiene tres consignas ejes: acabar con el lucro en las políticas públicas, poner fin al sistema de licitaciones -pues hoy los recursos del Estado se licitan a empresas e instituciones privadas que, finalmente, gestionan y administran a su antojo los recursos que entrega el Estado con determinados propósitos-, y en tercer lugar, al involucrar una situación de absoluta precariedad de los trabajadores, colocamos como centro de nuestra campaña defender nuestra dignidad: la dignidad no puede ser licitada”.

Según la Coordinadora Interregional de Trabajadores y Trabajadoras del Area Social (Citas), que es parte de la campaña, “las ONGs son hoy colaboradoras del Estado, aceptando la invitación a participar en la ejecución precaria de políticas sociales sin los financiamientos y condiciones mínimas para la ejecución de calidad, favoreciendo la instalación de condiciones precarias para los trabajadores del área social”. Denuncian mal uso de subvenciones y recursos públicos licitados. Una de las prácticas habituales es instalar en una misma sede varios programas o proyectos licitados, normalmente todos a cargo de un director, con una secretaria contable y con el pago de un solo arriendo de local. Por cada sede con tres o más programas, la institución percibe el monto equivalente a un director, una secretaria y el pago de un arriendo.

Víctor Fernández -presidente del Sindicato de la Corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej)-, dice: “Trabajamos en proyectos Fosis, Sename, de seguridad pública y del Ministerio de Desarrollo Social con los niños más pobres. Nos tocó negociar colectivamente y supimos que nos estaban robando 200 mil pesos de nuestros sueldos. En el Ministerio nos enteramos que, además, Sedej tenía ‘secuestrados’ siete millones de pesos destinados a los usuarios, y que no los gastaría en la ejecución de los proyectos… Decidimos paralizar y recuperamos por un par de meses esos dineros que nos quitaban y que el Ministerio seguía pagando. Así pudimos hacer actividades de fin de año con los niños”. Víctor denuncia una importante sobrecarga laboral: “Se trabaja en duplas, pero si alguien falta por varios meses, ese sueldo no se distribuye, pero sí el trabajo. La plata queda en la institución y tampoco se ocupa para mejorar el trabajo con las familias. Hemos visto lucro y boletas falsas. Un miembro del directorio, por hacer una capacitación de media hora cobra 700 mil pesos. El último caso que denunciamos fue el de una coordinadora que obligó por tres meses a subir a la plataforma de Internet información falsa: atenciones que no se hacían figuraban como realizadas, lo que significó que cien niños no tuvieran atención. Esta persona es miembro del directorio y malversó fondos, falseó instrumentos públicos vulnerando los derechos de los niños y de los trabajadores. No podemos tolerar estas prácticas”, agrega.

CAMPAÑA CONTRA EL LUCRO

Los trabajadores ven con preocupación la mercantilización en la ejecución de las políticas sociales y su impacto precarizante, que repercute en la población a que se dirigen. Añaden que en vez de avanzar y profundizar derechos sociales, se profundiza la tercerización y privatización de las políticas sociales de infancia. Sename -institución a cargo de la protección de niñas, niños y adolescentes-, ha incrementado el traspaso de fondos públicos al sector privado mediante subvenciones permanentes. La partida más importante del presupuesto la constituyen las llamadas “transferencias corrientes”, principalmente traspasos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs). Equivalen para el año 2015 a un 63,79% del presupuesto total. Crecieron entre 2011 y 2012 en 8,85%, y entre 2014 y 2015, 16,46%.

Katia Molina, señala: “Somos los tercerizados del Estado. Esto de quién es realmente el empleador le pasa no solo al área social, también a los subcontratistas del cobre, del Metro, etcétera. El Estado y la Iglesia son de los peores empleadores. Nuestros derechos se tercerizaron absolutamente. Es el sector privado el responsable de que nuestros derechos se cumplan o no. Pero no hay interés en cumplir ninguna de las misiones y objetivos que supuestamente tienen ONGs y OCAs, porque funcionan con una lógica de lucro. Si se revisan las partidas anuales de los Ministerios encontramos una cantidad de recursos pasando directamente a privados. No puede ser que quienes necesitan de las políticas públicas, principalmente niños y niñas pobres, no se beneficien. Al revisar las ‘transferencias corrientes’ del Ministerio de Justicia, se observa que el Sename sólo se hace cargo de un 5% de los proyectos, el 95% restante está radicado en los OCAs. ¿Qué sucede realmente con esos recursos?”.

Los trabajadores señalan que el Estado “neoliberal-subsidiario” impulsa los procesos de privatización con el argumento de mayor eficiencia en los servicios. En la realidad, son un conjunto de prácticas orientadas a la privatización del ejercicio de los derechos sociales fundamentales, transformando políticas públicas en fuente de negocio para las instituciones privadas colaboradoras del Estado que pasan a ser verdaderas empresas que lucran en su propio beneficio. Añaden que no se cuenta con mecanismos de transparencia. “La desviación de recursos se ha constituido en una práctica permanente, a través de dineros que no se gastan directamente en programas licitados o que son justificados con boletas falsas, trabajadores inexistentes, pagos de arriendos irreales, equipos de trabajo con menos personal del necesario. Esas estrategias les permiten llegar a los balances finales con todo el dinero gastado”, añade Víctor Fernández.

En la Fundación León Bloy, un miembro del directorio adjudicó a una empresa el traslado de los equipos de trabajo. Tiempo después, los trabajadores supieron que él era dueño de esa empresa.
“Lucró con fondos públicos, se estaba enriqueciendo. Llegaban a balance cero, pero la ‘empresa externa’ se llevaba los recursos. La denuncia fue comprobada por la Contraloría. La situación es similar en otras instituciones. Por eso, hemos constituido esta campaña con sindicatos de Valparaíso, Santiago, Chillán y Osorno. Participan los trabajadores de la Corporación Llequén, de Opción, de Sedej, de la Fundación León Bloy, del Fondo Esperanza, del Centro Juvenil El Puerto, la Casa de Acogida del Sernam de Viña del Mar, el Sindicato Interempresa del Area Infanto Juvenil, y la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Area Social (Citas). Y estamos invitando a compañeros de los sindicatos Tierra Esperanza, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Fundación Beata Laura Vicuña, la Asociación Nacional de Trabajadores Regionales (Anfur) y del Sename”, dice Víctor Fernández.

Según Katia Molina la campaña contra el lucro tiene varios objetivos. “Tratamos de crear conciencia de que quienes laboramos en el área social somos trabajadores y tenemos derechos, que debemos unirnos para lograr nuestras demandas, impulsar negociaciones colectivas y organización. Otros objetivos son denunciar la precarización, que está íntimamente ligada con la vulneración de derechos y el lucro. Quienes dirigen las corporaciones de ‘apoyo’ a los Ministerios lucran con recursos que finalmente no llegan a la gente necesitada, pues el 80% se gasta en recursos humanos e infraestructura”, dice.

Según los trabajadores de la campaña, sólo trabajando para el Sename hay unas 450 corporaciones, ONGs, OCAs y fundaciones: “Cada una tiene de 25 a 100 trabajadores, y algunas, como Opción o Integra, varios miles. Muchos trabajan a honorarios. Somos miles de trabajadores externalizados. Actualmente hay sindicatos en proceso de negociación colectiva: de la Fundación León Bloy, de la Corporación Llequén y de Coanil Osorno”, dice Víctor Fernández. Explica que las diferencias de sueldo entre las corporaciones por igual trabajo y horas son abismales. “Supuestamente, nuestro trabajo es restituir derechos, pero no podemos enseñar valores o entregar herramientas para defenderlos o empoderar a las familias vulneradas, si todos los días nos maltratan o nos pagan menos de lo que corresponde. Esa contradicción la vivimos diariamente”, dice.

Punto Final

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