Golpes parlamentarios: modelo para armar

La característica fundamental que lo diferencia del golpe de Estado que se estandarizó en el siglo XX, donde el aparato militar figura como el protagonista estelar violentando por la vía de las armas la estabilidad del sistema político, el parlamentario consiste en que las bases para su ejecución se encuentran (previa manipulación política, mediática y judicial) dentro del mismo ordenamiento jurídico del país: moción de censura, investigaciones de tipo judicial (juicio político), declaración de "incapacidad para gobernar" para forzar una renuncia, etc. Se trata de otro repertorio adaptado al siglo XXI.

El golpe parlamentario apareció en escena con la destitución en el año 2012 del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Ahí se demostró que este mecanismo disminuye enormemente los costos políticos de los actores involucrados y permite cambiar el rumbo de un país y su política exterior sin necesidad de "derramar sangre", apelando descaradamente al "respeto de la ley" y a la "democracia", cuando por otro lado se está destituyendo a la figura presidencial apoyada por la mayoría de la población a partir de maniobras producto de una combinación de condiciones objetivas y moldeado de las circunstancias por otras vías.

El golpe parlamentario es, básicamente, y en el escenario ideal, la operación política de intervención extranjera más rentable para alterar la correlación de fuerzas, eliminar de un plumazo liderazgos políticos importantes y cambiar radicalmente los esquemas de poder internacional y bloques de influencia regional en los cuales se mueve el país.

Operación de bandera falsa y juicio político a Fernando Lugo

Pero no basta simplemente con manipular el orden constitucional para destituir un presidente. En Paraguay se empleó como recurso central un gran evento de conmoción social o al menos el levantamiento de un expediente político que endosara suficientes responsabilidades políticas, mediáticas y judiciales a la principal figura del Estado (el presidente) y su entorno, en busca de cumplir par de objetivos fundamentales: justificar las maniobras legales que han de producirse y otorgarle sentido político a las acciones coordinadas de asedio y presión mediática por parte de la "comunidad internacional" ligada a los intereses de EEUU.La operación de bandera falsa conocida como masacre de Curuguaty, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías, fue el "evento" (exacerbado por los medios) que permitió, siete días después, la ejecución del golpe parlamentario contra Fernando Lugo y un gobierno desgastado por el asedio acumulado y las indefiniciones fue responzabilizado de un enfrentamiento entre campesinos y policías que se fue de las manos producto de agitadores en ambos lados de la contienda, produciendo el trágico desenlace que activó todo el dispositivo.

El aparato policial y militar paraguayo ligado a los intereses económicos de Monsanto (el actor estelar del golpe) en el departamento Canindeyú y en todo el norte de Paraguay (donde ocurrió la masacre), los nexos de propiedad sobre dichas tierras por parte del ex senador del Partido Colorado (el partido golpista), Blas N. Ferreira, y el papel de la Usaid en conchupancia con la embajada gringa entregando recursos financieros a políticos y jueces utilizando el programa "Umbrales" para responsabilizar directamente a Lugo, ponen de manifiesto que para derrocarlo por vías legales primero hubo un derramamiento de sangre que sirviera de justificación, y antes de eso un proceso de desgaste por acumulación de pequeños conflictos de todo orden. Si para otras cosas sirve un golpe parlamentario, es precisamente para lavar las manos de sus ejecutantes gracias a la inmunidad que comporta un curul y el soporte mediático que realiza la operación de lavado.Ya a Lugo, antes de la masacre de Curuguaty, el Partido Colorado lo había tratado de destituir unas 23 veces.

La oportunidad 24 fue la ganadora, y en menos de 2 horas (sí, en 120 minutos nada más), derrocaron al presidente de Paraguay por "mal desempeño de funciones" con respecto a la masacre que EEUU y sus operadores internos habían perpetrado. Todas las "pruebas" para estimular la destitución (aprobada alegremente por el parlamento) fueron forjadas por los jueces cómplices pagados por la Usaid a través del plan de "fortalecimiento institucional" mencionado más arriba: "Umbrales".

Si algo demostró este golpe parlamentario (el primero en la región), es la capacidad que tienen de operar de forma silenciosa y difuminada a lo interno del poder judicial y legislativo paraguayo las estructuras del Departamento de Estado gringo, que venía sedimentándose desde los tiempos de Stroessner. La agrotransnacional Monsanto, aparte de ser el gran propietario del suelo de ese país (el que registra la mayor concentración de tierras en menos manos en todo el continente), también puso de manifiesto que tiene a su servicio y disposición discrecional todo el aparato legislativo (el agronegocio arropa la mayoría de diputaciones) y de seguridad (tanto militar como policial) de ese país. El "Estado" paraguayo es tan sólo una propiedad más dentro de su amplio portafolio de dominación global.

Honduras y el papel del Parlamento

Aunque el golpe de Estado contra Manuel Zelaya estuvo marcado más por la tradición "militar" descrita al principio de esta nota (así como a Chávez en 2002, a Zelaya también lo secuestraron y lo sacaron del país), el Parlamento hondureño jugó un papel fundamental para cerrar los cabos sueltos y aminorar los elevados costos políticos en los que había incurrido el estamento militar.Un día antes del golpe de Estado, el parlamento dirigido por el empresario Roberto Micheletti inició una investigación contra el presidente Zelaya por supuestas "violaciones al Estado de Derecho" ante el anuncio de un referendo no vinculante para evaluar las opiniones de la población hondureña con relación a una reforma constitucional. A falta de una operación de bandera falsa como en Paraguay, los actores externos e internos recurrieron al levantamiento de expediente político exprés donde Zelaya estaba "violentando" el Estado de Derecho.La Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito, aprobada ese mismo día, fue la maniobra legal que premeditadamente le sirvió de colchón político y mediático a las fuerzas militares golpistas.

El empresario Roberto Micheletti (del mismo gobernante Partido Liberal del que Zelaya formaba parte), días después, fue nombrado por el Parlamento como presidente de Honduras hasta el 27 de enero del año siguiente, luego de que se "separara oficialmente" de su cargo al secuestrado Manuel Zelaya.Tanto Fernando Lugo como Manuel Zelaya tenían minoría parlamentaria cuando se ejecutaron los golpes. Es la condición clave para que se lleven a cabo, pero no la única.Dato impelable: ambos golpes se dan en un contexto donde Zelaya se acercaba políticamente a Chávez y donde Fernando Lugo gestionaba políticamente la entrada del país al Mercosur. El golpe parlamentario en Paraguay y el golpe militar (con soporte parlamentario) en Honduras logró sacar de la esfera de influencia regional de Venezuela a los dos países.

Golpe parlamentario (en desarrollo) contra Dilma Rousseff

El golpe parlamentario en curso contra Dilma Rousseff es quizás de todos los ejemplos el que más guarda relación con Venezuela después de los resultados del domingo 6 de diciembre, donde la MUD logró obtener 112 diputados. El "escándalo Petrobras" (punto de arranque del golpe) fue el resultado del espionaje de EEUUmediante la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) posteriormente filtrado por Edward Snowden, dirigido especialmente hacia la presidenta de Brasil, altos políticos de su gabinete de Gobierno y directivos de Petrobras: centros medulares del sistema político y económico brasileño.

Las acusaciones sobre corrupción administrativa y corretajes de sobornos que salieron a la opinión pública, más allá de los implicados que han sido sancionados y también más allá de las manipulaciones mediáticas recurrentes en las actividades de espionaje que realiza EEUU, apuntan a generar una base política que legitime el golpe parlamentario contra Dilma, afectando su liderazgo por vías laterales debido a la inexistencia de pruebas sólidas que la impliquen directamente con el caso.Dentro del proceso golpista cabe destacar que el escándalo de Petrobras (o "Lavajato"), así como podría involucrar a integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), el escándalo también salpica a la totalidad de los partidos políticos, incluyendo el PMDB de Eduardo Cunha, otrora principal aliado del PT, así como al PSDB de Aécio Neves.
La cobertura mediática ha omitido las irregularidades procedimentales en la forma en que han sido juzgados los implicados (todas figuras cercanas a Lula) así como el involucramiento de otros actores políticos en la oposición igual de involucrados en el escándalo.Sin embargo, el sólo hecho de construir un referente mediático de tipo propagandístico lo suficientemente fácil de recordar y reproducir (nacional e internacionalmente) ya es un terreno ganado en términos políticos para los intereses de EEUU en Brasil.

Aunque el presidente de la cámara de diputados del congreso brasileño, Eduardo Cunha (implicado en casos graves de corrupción e imputado por la justicia brasileña por lavado de capitales en Suiza), había dado un paso gigante semanas atrás para autorizar el juicio político contra Dilma Rousseff pedido por los partidos de derecha, hoy ese proceso se encuentra en pausa por posturas encontradas a lo interno de la Comisión Especial de Ética, organismo parlamentario encargado de centralizar las investigaciones contra la presidenta de Brasil.Tanto en el caso paraguayo, en menor medida el hondureño, y en el caso brasileño, los parlamentos firman el último capítulo de un largo proceso que tiene como centro el poder judicial (en el caso brasileño, el Ministerio Público y la Corte Federal de Cuentas). Es allí donde se define el enjuiciamiento presidencial, las metodologías, los tiempos y las pruebas forjadas que servirán de materia prima para que los diputados opositores puedan profundizar el linchamiento a nivel mediático hasta la ansiada firma de la destitución.

Las fuerzas políticas de la derecha definen el escenario y los tiempos políticos en Brasil, el poder judicial sólo se mueve en función de esos intereses malinterpretando a conveniencia las leyes y las "acusaciones" sobre corrupción que va exigiendo la correlación de fuerzas.Sin menoscabo de la gran capacidad operativa de las agencias de EEUU en la preparación y ejecución de golpes parlamentarios, existen condiciones políticas que definieron los tres escenarios planteados en esta nota y que definirán el nuestro: la gente, al momento de arrancar la ofensiva de la derecha vía parlamentaria, no estaba movilizada, politizada y cohesionada como lo está el chavismo. Sus principales dirigentes pensaron que negociando sin demostrar firmeza y audacia ante el momento los libraría de la embestida. Todo lo contrario: el enemigo los vio relajados y aprovechó para darles la estocada final. Lo hicieron. No mantener a los países movilizados en momentos críticos los arrimó a una situación aún más tensa, delicada y difícil de resolver.

En Venezuela

Entendiendo que en cada uno de estos países utilizados como ejemplos el poder judicial juega un papel clave para el golpe parlamentario, en Venezuela también lo jugaría dado que no existe ninguna prerrogativa constitucional que dote a la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional de elementos técnicos para destituir al presidente Maduro de un plumazo. Aunque este sea el objetivo estratégico, se tienen que producir un conjunto de condiciones políticas que los vaya acercando tácticamente, de ser esa la vía que prevalezca sobre las tendencias actualmente en disputa interna.

Con la mayoría calificada que lograron, podrían remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por unanimidad y colocar agentes que puedan iniciar un enjuiciamiento al presidente, autorizado por la misma Asamblea Nacional que los eligió para supuestamente contribuir a una "justicia independiente", "despartidizada" y que no reponda a los "intereses del ejecutivo", sino únicamente a los de la MUD y a los del Departamendo de Estado.

Es el Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el órgano encargado de declarar si hay mérito para enjuiciar al presidente. Ese nuevo TSJ admitiría ese recurso sin esperar que terminen de leer la declaración los diputados de la MUD.

El arranque de un proceso de golpe parlamentario estaría dado en sí por la remoción y posterior colocación de magistrados afiliados a los intereses del enemigo, sino en medio del asedio internacional contra Venezuela, donde estructuras ejecutivas del gobierno norteamericano como el Departamento del Tesoro, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado y organismos judiciales como la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tienen ya el expediente listo para proveer de pruebas forjadas, bodrios propagandísticos e investigaciones fraudulentas y declaraciones a estos nuevos magistrados.

Apelar a causas judiciales poco sustentadas provenientes de entes judiciales o ejecutivos extraterritoriales para iniciar este proceso es inconstitucional, puesto que quedaría en evidencia que el enjuiciamiento al presidente es prefabricado bajo una componenda de intereses políticos antinacionales. El Tribunal Supremo de Justicia debe responder a procedimientos judiciales internos, no porque le dé la gana sino por principio de soberanía legal de la cual es garante. Superar esa franja los podría colocar dentro de ese escenario en posición de golpistas, como los jueces y diputados brasileños y paraguayos.

Así como ellos estudian sus panoramas, también nosotros debemos diseñar los nuestros. Si van por el golpe parlamentario, no se encontrarán con un liderazgo político parecido a los ejemplos aquí citados. Aún con su profunda incontinencia política, saben lo que les depara si cruzan la raya: un chavismo a la contraofensiva.