La despinochetización incompleta del Chile actual

El reciente centenario del natalicio de Augusto Pinochet mostró una vez más una faceta de la sociedad chilena de principios del siglo XXI. A diferencia de épocas no muy lejanas, hoy cualquier expresión pública de adhesión a la dictadura militar está condenada a una extrema marginalidad. Por más que existan sectores sociales que enlacen sus propias memorias personales con narrativas legitimadoras del régimen (Stern, 2006), éstos ya no pueden articularlos públicamente. Simplemente ya no hay espacio para ese tipo de exhortaciones, y ello tiene razones históricas de peso: desde el momento mismo del golpe militar se gestó una batalla cultural por los significados sociales de la violencia estatal y el autoritarismo militar.

Al monólogo conservador de los años 70 le siguió un escenario mucho más disputado en los años 80, alimentado por las protestas sociales y la organización de una oposición visible y desafiante. Los años 90, por su parte, fueron testigo de la agudización de esa batalla ahora en un contexto democrático. Por aquellos años el empresariado, la derecha política y las Fuerzas Armadas estaban firmemente alineados con el “legado” de la dictadura. La propia figura de Pinochet al mando del Ejército, primero, y ocupando un escaño en el Senado, después, se encargaba cotidianamente de recordarnos a los chilenos de la pesada presencia dictatorial.

La lucha por los sentidos del pasado, con todo, fue decidida por la indignación moral que provocó la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de la dictadura. Los gobiernos democráticos se encargaron de investigar y difundir los horrores del régimen de Pinochet, en base a lo que organizaciones de Derechos Humanos habían hecho desde finales de los años 70. Aquella imposibilidad moral de legitimar a ese tipo de régimen -imposibilidad más fuerte que el recuerdo traumático de la Unidad Popular para quienes así lo vivieron- se le sumó a la indignación que cundió en el campo de la derecha política tras los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte del ex-dictador y su círculo.

Para quienes la evidencia incontrarrestable de los horrores del régimen no era suficiente, las faltas a aquella probidad de la cual siempre se habían ufanado terminó por ser la piedra de tope para seguir apoyando el recuerdo dictatorial. La detención de Pinochet en Londres en 1998 sería el último momento en que un pinochetismo político y socialmente transversal podría expresarse públicamente. La muerte del general en diciembre del 2006 sólo sería un paréntesis en aquel proceso. Quienes siguen sosteniendo el pinochetismo como seña de identidad son hoy por hoy -y con justa razón- curiosos remanentes de un tiempo en el cual sus retorcidos argumentos podían tener algún grado de plausibilidad para los que querían creer.

Con todo, la despinochetización de la sociedad chilena dista mucho de estar completa. Las narrativas sociales que circularon en el marco de la indignación moral de oposición hicieron hincapié, como era evidente, en el terror estatal y en los niveles indecibles de crueldad y salvajismo alcanzado por los aparatos de seguridad del régimen. Sin embargo, ello no daba cuenta de todas las dimensiones del autoritarismo chileno, si bien apuntaba a aquella donde la urgencia de verdad, justicia y reparación era más explícita. El neoliberalismo como conjunto de convicciones recubiertos de lenguaje científico encontró acogida al interior de la dictadura de Pinochet desde temprano, dado que era el único proyecto viable -y coincidente con los principios generales del régimen- que permitía un brusco vuelco a las formas más descarnadas de capitalismo.

La amenaza latente al régimen de propiedad y a las jerarquías sociales verificadas durante el gobierno de la Unidad Popular hicieron necesarias -a ojos del militarismo ultraconservador entronizado en el poder- medidas drásticas para restablecer precisamente ese “orden”, contrario a toda reformulación de las relaciones de poder entre clases. En ese esfuerzo, el reemplazo del radio de acción estatal por las fuerzas del mercado entraba directamente dentro de los objetivos reestructuradores de la dictadura. Se articuló entonces un proyecto modernizador, pero que segmentaba de acuerdo a la posición de ingreso a ese mercado distribuidor pero nunca igualador. Progreso material, libre despliegue de las fuerzas productivas e inserción de Chile en el mercado global quedaban así íntimamente vinculadas con su contraparte: concentración del capital, pauperización de los sectores populares y privatización de derechos sociales.

La manera en que la sociedad chilena recibió y se adaptó a la reestructuración neoliberal fue ambigua. Los sectores populares recibieron el golpe más duro tras el desplome del empleo, los salarios y las prestaciones estatales (reservadas éstas últimas sólo a la “extrema pobreza” dada las nuevas políticas de focalización). Por su parte, los sectores medios más explícitamente ligados al Estado perdieron acceso a recursos y status social, mientras otras capas ligadas al sector terciario de la economía avanzaron posiciones. El consumo y la capacidad de deuda a la que pudieron acceder diferentes grupos medios, junto a un boom importador que inundó el mercado chileno de bienes antes inalcanzables para el chileno común, provocaron que hacia finales de la década de los 70 el neoliberalismo comenzase a ser adoptado socialmente, sobre todo por parte de los sectores altos y medios que estaban en posición de beneficiarse de él.

La crisis de 1982-83 interrumpió momentáneamente el sueño de prosperidad mediante consumo de esos años. Ello gatilló la articulación de una oposición política visible, dado que la crisis amplió el radio de acción de grupos opositores antes marginales organizados durante los años del “boom”. La dictadura tuvo que limitar los alcances de la ortodoxia neoliberal, pero mantuvo en lo fundamental los principios de lo que llamaban “economía social de mercado”.

Un cuarto de siglo de régimen democrático le ha dado una legitimidad al neoliberalismo autoritario que la propia dictadura estaba imposibilitada de lograr. Con arreglos en la superficie de las relaciones Estado-sociedad civil, y con remedos de reformas constitucionales para darle un nuevo aire democrático a un sistema lejos de serlo plenamente, el ciclo Concertación-Alianza de 1990-2014 hizo del neoliberalismo el orden natural de las cosas, y del uso de sus conceptos como los referentes obligados para la formulación de cualquier discurso político. A nivel social, hoy por hoy, nociones como “emprendimiento” o la propia de “economía social de mercado” siguen siendo parte del vocabulario cotidiano, sin reparar en el modelo económico e ideológico subyacente. La Nueva Mayoría ha seguido esa senda, encontrando allí el principal obstáculo para la reconstrucción de lo público que el movimiento estudiantil y social había demandado en las calles el 2011.

En suma, la derrota cultural absoluta del pinochetismo ha tenido su contraparte en un triunfo silencioso del neoliberalismo en su versión democrática. El modo en que esto ha impactado en la estructura social, las experiencias cotidianas y las formas de organizar el trabajo y las relaciones sociales lo ha tornado en una lógica naturalizada, no cuestionada tanto por parte de los sectores sociales que pueden integrarse plenamente a sus lógicas como por los gobiernos que han tenido que administrar ese modelo. En otras palabras, para una despinochetización real de la sociedad chilena se necesita, hoy por hoy, más que verdad y justicia, sin que esas demandas estén obsoletas o no carezcan de valor político y moral. En la hora actual, el verdadero antipinochetismo es la lucha en el campo de lo político contra el neoliberalismo naturalizado que, entre muchas otras cosas, le ha puesto un freno al parecer irremediable al impulso reformista del actual gobierno.

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