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31/08/2015 :: Chile

Lucro sin fronteras

x Arnaldo Pérez Guerra
Las cadenas farmacéuticas chilenas obligan a sus trabajadores a vender los medicamentos y productos más caros para mantener sus empleos

La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar) denuncia que las cadenas farmacéuticas violan la Ley de Fármacos al obligar a sus trabajadores a vender ciertos medicamentos y productos para obtener comisiones y así mantener sus empleos, práctica conocida como “canela”. Asimismo agrega que los abusivos precios de los medicamentos dejan ganancias que superan el tres mil por ciento. Esta denuncia evidenció las enormes diferencias entre el valor de las medicinas que compra el Estado a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) -dependiente del Ministerio de Salud y encargada de las adquisiciones y distribución de los fármacos, insumos médicos y bienes del sistema de salud público-, y el precio al que se venden los mismos medicamentos en las farmacias. Los trabajadores proponen que se fije el valor de los fármacos más sensibles para la población empezando por los 222 medicamentos que dieron origen al proceso por colusión de las cadenas farmacéuticas.

“Las cadenas continúan entregando incentivos económicos a sus trabajadores para aumentar las ventas de algunos productos”, dice Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de Fenatrafar. No es la única violación de la ley. Acevedo califica como vergonzosa la imposibilidad de las autoridades para hacer cumplir la nueva normativa a las grandes empresas. “Hablo de la ley 20.724, la Ley de Fármacos. No solo tiene que ver con un tema laboral, sino con la salud de la población. Llamamos a la autoridad a hacer cumplir la ley. Desde septiembre del año pasado existe una diferencia en los sueldos de los trabajadores que tiene que ver con el artículo transitorio de la ley, que estableció que se terminaba con los incentivos para evitar que los trabajadores se vieran obligados a vender determinados productos. La ley 20.724 protegió a los trabajadores, pues las farmacias tenían que promediar el sueldo más alto entre los años 2011 y 2013, pero no lo están cumpliendo. En febrero solicitamos a la Dirección del Trabajo que fiscalizara y determinara cuál es el promedio establecido, y que se multaran las irregularidades”, agrega.

Se fiscalizó a 1.200 farmacias -de Arica a Punta Arenas- y más del 90% fueron multadas. Había diferencias importantes, de uno a dos millones de pesos por trabajador desde septiembre de 2014 a enero de 2015. “Pero desde febrero a agosto de este año aún no se fiscaliza. Responsablemente decimos que a más de diez mil trabajadores se les debe en promedio unos dos millones de pesos. La autoridad no ha sido capaz de hacer cumplir la ley. Simplemente multan y hasta ahí no más llegan. La autoridad debiera ser más estricta con los infractores para proteger a los trabajadores y evitar abusos”, agrega. Las empresas farmacéuticas judicializan y dilatan los procesos y, finalmente, pagan y no cumplen. “Todas las farmacias han judicializado las multas, lo que además refleja que en este país las leyes sólo se hacen para aplicarlas a los consumidores y trabajadores, y no a las empresas. Pedimos a la presidenta de la República que termine con el miedo a esas grandes empresas y haga cumplir la ley”.

ENORMES DIFERENCIAS DE PRECIOS

Fenatrafar viene denunciando el aberrante aumento en los precios de los medicamentos. “Vemos cómo los precios se incrementan a diario. Tras las sanciones a Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand por colusión -se las multó en 19 millones de dólares-, esa multa fue traspasada al costo de los medicamentos. Se incrementó el precio de cada uno de los fármacos para enfermedades crónicas, los más sensibles para la población. Existe una enorme diferencia entre el valor de los medicamentos que compra el Estado y lo que venden los privados a la población. Esto no debiera ocurrir. El Estado debe dar una explicación de por qué lo permite. Dimos a conocer un listado con los escandalosos precios de las medicinas. Por ejemplo, Aerovial, del laboratorio Recalcine: el Estado lo compra a 868 pesos y en el sector privado se vende a 13.647 pesos. Se consume masivamente para problemas bronquiales. Esto demuestra que el lucro con la salud es desvergonzado. El fármaco Artrotin de 20 mg., de Recalcine, Cenabast lo compra a 1.713 pesos, pero las cadenas de farmacias lo venden a 55.290 pesos, es decir con 3.226% de diferencia. Un escándalo.

En el caso del Eutirox de 100 mg., medicamento muy conocido para la tiroides, el laboratorio Merck lo vende a Cenabast a 487 pesos, pero en las farmacias su valor es de 9.973 pesos, lo que equivale a 2.044% de diferencia. Y así hay muchos otros. Por ejemplo, Plaquinol de 200 mg., es adquirido por Cenabast al laboratorio Sanofi Aventis a 2.427 pesos, pero las farmacias lo venden a 35.060 pesos. Lafigin de 100 mg., de laboratorio Recalcine, cuesta 1.785 pesos, pero se vende al público a 38.600 pesos. Ricilina de 500 mg., de laboratorio Recben, 1.071 pesos y se vende a 24.867 pesos. Lamictal de 100 mg., de laboratorio GlaxoSmithKline, cuesta 1.535 pesos y lo venden a 36.273 pesos… Y suma y sigue, la lista es enorme.

Esto no va a terminar si el gobierno no toma medidas serias en beneficio de la población. Tampoco se entregan eficientemente a los más necesitados los medicamentos a través de los hospitales o centros de atención primaria. No se encuentran siempre, es más, casi nunca hay. ¿Y qué pasa con la clase media; con los que no tienen acceso a la salud pública? ¿Es justo que se obligue a los chilenos a pagar precios con ganancias de 3.000%? Es vergonzoso que se sancione con 19 millones de dólares a las cadenas de farmacias por colusión, pero cuando se busca a los responsables, a los ejecutivos que se coludieron, se dice que según la ley no hay culpables, que no hay delito porque no está tipificado”, agrega Mauricio Acevedo.

FIJAR LOS PRECIOS

Fenatrafar propone que el Estado fije los precios de los medicamentos. “Se debiera empezar por los 222 fármacos que dieron origen a la denuncia por colusión. Debieran ser parte de una canasta que vaya incorporando otros. Y que los precios tengan un tope máximo. Llama la atención que las farmacias pequeñas estén de acuerdo con que Cenabast les distribuya los medicamentos. Dicen que lo ven con buenos ojos pero cuando el gobierno planteó el tema de revisar el margen de ganancias, dijeron que no. Nos parece una incongruencia. Que Cenabast venda los medicamentos puede ayudar, pero nadie nos asegura que el día de mañana las farmacias de barrio no terminen operando igual que las grandes cadenas. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que la única medida eficaz es que el Estado le pierda el miedo a los empresarios y regule el valor de los medicamentos más sensibles. En Colombia existe esta medida y hay alrededor de 800 medicamentos con precio regulado. Medidas como ésta ayudarían a la población”.

Según denuncian los trabajadores, las farmacias mantienen los incentivos por ventas, llamados “canela”. Maltratan a sus trabajadores al imponerles metas, presionarlos o despedirlos cuando no venden lo que a las cadenas generan mayores ganancias. “Nos obligan a vender los medicamentos más caros, y peor aún, los empresarios observan cómo nos peleamos los que vendemos y los que compran medicamentos. Ellos provocan el conflicto. Lamentablemente, aún los trabajadores tenemos miedo de defender nuestros derechos. Por una u otra razón los trabajadores estamos divididos, eso es lo que debiera terminar”, dice.

“Aunque la ley esté a nuestro favor, somos amenazados y presionados. Las grandes empresas farmacéuticas han lucrado con la salud de todos. Pero no son solo ellos, se han beneficiado los gobiernos y los políticos”, agrega Acevedo.

Explica que existe colusión entre laboratorios y cadenas de farmacias. “Las cadenas compran medicamentos a los grandes laboratorios, hay millonarios acuerdos comerciales. Sobre cada mesón de farmacia hay un mix de medicamentos y productos, y a los trabajadores les imponen venderlos a como dé lugar. Medicamentos de marca propia o de laboratorios con los que tienen negocios. Antes, imponían una meta de venta, y si no se cumplía, ganábamos menos o nos despedían. Con el nuevo modelo de categorías terapéuticas, da lo mismo qué medicamento vendamos, lo que importa es encajarle al cliente más productos, de esta forma, sigue existiendo el incentivo a la venta. A eso llamamos ‘canela 2.0’”.

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Farmacias Knop: Tradición en abusos

Farmacias Knop nació en 1928 en la Plaza Echaurren, de Valparaíso, con el nombre de Farmacia y Droguería Knop. En 1988 abrió su primer local en la Región Metropolitana. “Hoy poseen una red de sucursales desde Coquimbo a Puerto Montt y se autoproclaman como la mayor cadena de farmacias de medicina natural en Chile. Pero discretamente, también son parte de la colusión”, dice Jéssica Parrao Mora, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Farmacias Knop. Señala que ex gerentes de las grandes cadenas hoy administran Knop, y han llevado a la empresa las mismas prácticas de abuso con los trabajadores.

“Los productos de homeopatía y los que tienen registro del Instituto de Salud Pública entran en la Ley de Fármacos, aproximadamente la mitad de lo que vendemos. Todos los trabajadores debiéramos tener el promedio establecido por la Dirección del Trabajo, que permite un piso estable de remuneraciones. Pero como Knop se siente ‘distinta’, no cumple la ley. Según ellos, no están en la categoría de las grandes cadenas porque supuestamente ‘no venden medicamentos sino productos naturales’… Pero están despidiendo a trabajadores, a grupos de socios del sindicato, que somos los que sabemos que hay una ley que nos beneficia y estamos peleando se respete el promedio. Despiden para no pagar”, dice Jéssica Parrao.

Knop tiene 450 trabajadores distribuidos en 62 locales. “Hay abusos a diario, maltratos, problemas con las jornadas y turnos. Estuvimos en huelga el año pasado y después, cambiaron los turnos y a la gente de locales. Han ido despidiendo a quienes se han unido para reclamar el dinero que nos adeudan por no cumplimiento de la ley”, agrega. “Knop se presenta como la farmacia líder en salud natural. Así se ha posicionado en el mercado”, dice Parrao. Agrega que se maltrata y discrimina a los sindicalizados, y hay problemas con las comisiones, los horarios, y el incumplimiento de los días libres. “Se hacen denuncias, pero a la empresa le da lo mismo pagar las multas… Y siguen incurriendo en las mismas prácticas. Actualmente, están tratando de acabar con nuestro sindicato, como lo hicieron hace algunos años con el anterior”, dice.

En 2010, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo condenó a Farmacias Knop por prácticas antisindicicales y desleales en la negociación colectiva, cometidas contra el anterior sindicato provocando su debilitamiento y virtual destrucción: despidos y posterior reincorporación de dirigentes sindicales y socios, negativa a descontar las cuotas sindicales, etc. Knop participó, a través de personal de confianza, en la creación de un “comité de bienestar” con el cual pactó beneficios, incentivando la desafiliación al sindicato. El “comité”, compuesto por nueve trabajadores, presentó un proyecto de contrato colectivo idéntico al del sindicato y negoció exitosamente, pasando de 9 a 180 socios, mientras el sindicato tras meses de negociaciones no consiguió nada. Finalmente, Knop condicionó la percepción de los beneficios del “comité” a la renuncia de socios al sindicato, que quedó sólo con nueve socios. “Esas son las prácticas de Knop. Los clientes no lo sabe. Nuestro sindicato nació en abril del año pasado, y dos meses después presentamos una demanda por prácticas antisindicales. Apelaron y volvimos a ganar en la Corte de Apelaciones. Ahora tienen que cumplir la sentencia, pero no lo han hecho”, concluye.

Punto Final

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