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Rentismo dependiente y democracia popular en la Quinta República
Durante las últimas tres décadas la dimensión rentista de los Estados y las sociedades latinoamericanas se robusteció de forma concomitante con la desindustrialización y la financiarización de los bienes primarios.
Desde mediados de 2014, como resultado de la convergencia de diversas situaciones los precios del petróleo han experimentado un acelerado declive pasando de un promedio de 80 a 40 dólares; esta circunstancia ha afectado drásticamente las finanzas del Estado venezolano, para el cual la renta petrolera representa en promedio 75% de sus ingresos totales. La consecuente disminución de dicha renta está produciendo una profunda crisis del rentismo dependiente , lo que conlleva al trastocamiento de “los arreglos” sociales y políticos que han sustentado durante los últimos quince años el dominio estatal.
En el procesamiento de los conflictos que ello entraña se vienen agitando y tienden a adquirir significativa prevalencia los imaginarios de lo anti-popular y la anti-política; es decir dos nociones fundamentales en la construcción de la democracia popular enarbolada por el proyecto bolivariano.
La renta como sustento histórico del ordenamiento sociopolítico
En el transcurso del siglo XX Venezuela se consolidó como un Estado rentista dependiente, dicha conformación tuvo dos características importantes de resaltar debido a su marcado peso y notable presencia hasta el presente: la primera, la formación de una concepción instrumental en la relación Estado-sociedad por la cual se concibe que quien dirige el aparato estatal dispone discrecionalmente de la renta, cuya administración le permite de un lado, favorecer la acumulación rentística de capital en manos de la clase dominante y de otro, ganar la legitimidad y el respaldo popular necesarios para asegurar la gobernabilidad; la segunda, la afirmación de la institución militar como una entidad con un implícito papel bonapartista que le garantiza el goce de un lugar privilegiado en el andamiaje estatal, pues tácitamente se asume que es el estamento militar el que en última instancia cuenta con la capacidad para dirimir los conflictos sociales y políticos.
El trámite de la renta ha permitido fraguar de distintas maneras el consentimiento social de la dominación, a su amparo han pelechado burguesías burocráticas patrimonialistas, y dependiendo de su participación en el reparto rentístico, las demás facciones de la burguesía (terrateniente, comercial, industrial y financiera), la pequeña burguesía, la clase que vive del trabajo y los sectores pauperizados se han acomodado al orden político vigente con mayor o menor convicción y voluntad.
El rentismo dependiente durante la Quinta República
Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) la condición rentista del Estado se profundizó, siendo la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el soporte fundamental para el respaldo de la política económica y social y de iniciativas solidarias de integración latinoamericana. El auge de los commodities en el transcurso de la primera década del siglo XXI y la tendencia al agotamiento de las energías fósiles persuadieron al gobierno Chávez de que los precios del hidrocarburo se mantendrían boyantes hasta el final de la era de las energías fósiles, de forma que no hubo iniciativas importantes hacia la transformación y diversificación del aparato productivo. Las repercusiones de la actual caída de los precios de los commodities sobre la inversión y el gasto público, el pago de la deuda externa y la subvención de las importaciones no se han hecho esperar, de modo que el país se encuentra en trance de un fuerte ajuste fiscal.
El manejo de las dificultades fiscales viene teniendo elevados costos sociales y políticos. En primer lugar, tiende a erosionar el pacto social asistencialista del gobierno con la pequeña burguesía, la clase que vive del trabajo y los sectores pauperizados potenciando su malestar, en segundo término, lleva a estos sectores a distanciarse de las dinámicas agenciadas por el gobierno y a manifestar su inconformismo –principalmente en forma de intentos de “motines de hambre”- ante las condiciones impuestas (caída de los salarios reales, pauperización, encarecimiento y desabastecimiento de bienes); por último, convierte a los inconformes en objeto de estigmatización o represión estatal. Este eslabonamiento de situaciones tiene como consecuencia fundamental la tendencia al abandono de la concepción de “lo popular” bajo la cual el régimen de la Quinta República desenvolvió su relación con la pequeña burguesía y los sectores populares, trayendo consecuencias decisivas para el curso del proyecto bolivariano en el corto plazo.
Dicha transición se evidencia en el patrón represivo asumido por las fuerzas militares para controlar el territorio y sofocar las expresiones de inconformidad popular. Es decir, la alianza cívico-militar (entendida como la unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo) que ha sido uno de los principales soportes de la gobernabilidad desde la irrupción de la Quinta República se encuentra en vías de desaparición. En resumen, es -y continuará siendo- enorme el impacto de la crisis rentista sobre las mediaciones sociopolíticas que han sostenido el régimen de la Quinta República. Es decir, lo que se está poniendo hoy en vilo no es solamente la capacidad presupuestal del Estado y su margen de maniobrabilidad para sostener determinadas políticas sino la continuidad misma del gobierno y del proyecto bolivariano.
Derivas de la crisis del rentismo dependiente
El rentismo es resultado de la deformación de la economía venezolana, la cual se ha constituido históricamente en mono-exportadora de petróleo y en importadora de todo tipo de bienes , en estas circunstancias, la esfera productiva es tremendamente estrecha mientras que la de la circulación (intermediación) es extremadamente grande, lo que redunda en una escasa producción de valores (valorización del valor).
Dado el paupérrimo desarrollo de las fuerzas productivas y el bajo dinamismo del aparato productivo, la ocupación en el comercio menor de mercancías se ha convertido para amplias capas de la población en el único medio de subsistencia. Ante la ausencia de fuentes productivas de inserción laboral proliferan actividades informales (buhoneros) e ilegales como el bachaqueo, el malandreo, el acaparamiento, la especulación, la piratería marítima y el contrabando.
A pesar de ser resultado de la configuración estructural de la economía rentista, la informalidad y la ilegalidad se han convertido en objeto de una fuerte represión estatal. Paradójicamente, los sectores populares que se ocupan en las actividades descritas mantienen su respaldo al gobierno. Ello no quiere decir no haya un desgaste de la legitimidad gubernamental, sin embargo, el mismo no se ha traducido en una desbandada automática y generalizada de los sectores populares hacia las toldas opositoras.
En el imaginario popular opera una especie de deuda moral con el Comandante Chávez, intensamente explotada mediáticamente por el gobierno Maduro, que ha funcionado como barrera de contención a la expresión masiva y organizada de la inconformidad popular.
La incorporación de las fuerzas políticas de izquierda (distintas al PSUV) a la alianza de gobierno no ha permitido que el descontento en ciernes sea canalizado en una perspectiva política profundizadora del proceso de reformas sociales. Por otra parte la oposición (de derecha) articulada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) prosigue distinguiéndose por carecer de programa, organización y estrategia; prueba de ello son sus bajos niveles de convocatoria y movilización, así como la reducida participación electoral durante su más reciente consulta interna. El despliegue de una estrategia conspirativa en febrero de 2014 y la derrota sufrida le cobran actualmente a la oposición grandes réditos. Por demás que, ante el poco halagüeño horizonte que enfrenta el Estado, para ninguna de las ene fracciones de la oposición parece ser este el momento más indicado para dirigir el gobierno, a menos que sea para consumar un sumo desfalco, como por ejemplo la total privatiz ación del sector energético.
Adicionalmente, en medio de este enrevesado discurrir determinados sectores de la oposición (incluso la patronal Fedecámaras) han tendido a un acercamiento con el gobierno, un ejemplo de ello se evidencia con el diario El Universal, cuya línea editorial cambió de la crítica virulenta contra la revolución bolivariana a la adopción de un tono conciliador respecto a las iniciativas gubernamentales. Dicho deslizamiento concurre con el despliegue de abundante pauta gubernamental en sus páginas. Igualmente sectores de la burguesía y la pequeña burguesía han variado su percepción del gobierno luego de los intensos operativos militares en contra de sectores populares caraqueños que otrora fueron “la población objetivo” de la política social del gobierno. A dichas operaciones se agrega la reciente aplicación del “Estado de excepción” en cinco municipios del estado Táchira y tres del estado Zulia y la deportación de cientos de familias colombianas de la zona de frontera.
La puesta en marcha desde julio de 2015 del denominado Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP) se justificó como una respuesta a los continuos, selectivos y poderosos ataques urbanos armados en contra de patrullas de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), no obstante, hasta el presente los resultados de dichas operaciones han sido muy pobres respecto a la determinación de los responsables. Llama la atención que mientras el comercio organizado burla los controles establecidos por el gobierno en materia de precios, emplea métodos evasivos de tributación y soborna a las autoridades para desarrollar sus negocios, se despliegan espectaculares operativos contra pobladores de territorios y barriadas periféricas y miserables donde supuestamente se esconden las grandes mafias que desangran la economía nacional.
Conclusión
La crisis del rentismo viene concurriendo con la pérdida de convocatoria de los partidos y las organizaciones políticas evidenciada en la baja participación en las consultas electorales internas llevadas a cabo tanto por la oposición como por el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y la adopción de una línea propagandística (de retórica chovinista y encuadre militarista) en el tratamiento de los problemas sociales. Ello es expresión de la germinación de una tendencia de rechazo a la política como mediación social capaz de resolver, aún con todas sus precariedades, la disputa de intereses en el seno de la sociedad venezolana.
En medio del acrecentamiento de las mediaciones ilegales y del poder que ostentan las mafias organizadas, la sociedad en su conjunto tiende a reclamar mayor fuerza y contundencia en el accionar de las Fuerzas Armadas aún a costa de limitar e incluso conculcar el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas. Es decir, tiende a re afirmarse un patrón de acción gubernamental que a todas luces marcha en contravía de la aspiración bolivariana por dar pasos hacia la construcción de la democracia popular.
