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Colombia :: 23/01/2005

Secuestro de Rodrigo Granda: Crisis en las relaciones Venezuela-Colombia

Emilio Marín
El presidente colombiano tiene el apoyo político, financiero y militar de la administración Bush. El "plan Colombia", de ese origen, le surte entre 800 y 1.300 millones de dólares anuales, además de equipos militares, el asesoramiento de 800 oficiales estadounidenses y la instalación de una docena de bases antiguerrilleras

El representante político-diplomático de la guerrilla colombiana FARC, Rodrigo Granda, fue secuestrado en Caracas por militares colombianos en complicidad con militares y policías venezolanos. El guerrillero fue llevado en forma ilegal a Colombia, cuyo gobierno reconoció haber pagado "recompensas". El presidente venezolano consideró que este pago fue un soborno para la comisión de delitos en otro país. Detrás de las autoridades de Colombia está la mano de Washington, que busca golpear a Hugo Chávez y las FARC.

COMO EN LOS '70

A principios de diciembre de 2004 sesionó en Caracas el II Congreso Bolivariano de los Pueblos, una entidad de sesgo tercermundista inspirada por Hugo Chávez. Esa instancia funcionó casi como continuidad del Encuentro en Defensa de la Humanidad, que había congregado a medio millar de intelectuales del continente y algunos otros países europeos.

Rodrigo Granda (o Ricardo González, como se lo conocía en los círculos políticos latinoamericanos) había participado del Congreso Bolivariano. Es que las FARC reivindican fuertemente el pensamiento del Libertador y saludaron la asunción de Chávez tras su primer victoria electoral de 1998. Granda era conocido como "el canciller" de las FARC porque atendía las relaciones políticas con organizaciones de la región.

El 13 de diciembre último, mientras concedía un reportaje en el café Razzetti ubicado en las inmediaciones de la Estación de Bellas Artes del Metro de Caracas, el guerrillero fue secuestrado. El grupo de tareas estaba integrado por militares colombianos y secundado por efectivos venezolanos.

El siguiente paso fue introducir al cautivo en el baúl de un auto y llevarlo inmediatamente hasta la frontera con Colombia, donde el gobierno de Alvaro Uribe legalizó la captura. Esa metodología se había hecho muy conocida en los '70 con el "Operativo Cóndor" de las dictaduras de ese tiempo, consistente en secuestrar militantes populares en un país y llevarlos a otro, rumbo a la tortura y la desaparición. En este caso el detenido apareció preso en la cárcel de máxima seguridad de Combita.

Casi un mes después, el 12 de enero, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Uribe, admitió que el gobierno de su país había pagado "recompensas" para capturar al representante fariano. Los medios de prensa estimaron la suma en cuestión en 2.300.000 dólares. El canciller venezolano Alí Rodríguez y el vicepresidente José Vicente Rangel recogieron el guante, indignados. Ambos acusaron al ministro colombiano de ser responsable "de sobornar a funcionarios venezolanos".

Así quedó instalada una grave crisis en las relaciones entre los dos países, acicateada por el Departamento de Estado norteamericano. Ayer se vio en la CNN a la candidata a ocupar ese cargo, Condoleezza Rice, en su examen ante los senadores, despotricar a gusto contra Chávez.

CHÁVEZ-URIBE

El presidente venezolano tardó varias semanas en clarificar su posición oficial sobre el secuestro de Granda. Incluso en ese lapso recibió varias cartas públicas de personalidades progresistas del mundo instándolo a denunciar los graves hechos cometidos por el gobierno de Uribe.

La incomodidad de Chávez no nacía sólo del hecho de que el vecino país hubiera operado militarmente en Caracas sino también de que hubiera gozado de una conexión local. Eso quedó aclarado la semana pasada, cuando el ministro de Defensa venezolano, general Jorge Luis García Carneiro, informó que cinco integrantes del Grupo Antiextorsión y Secuestro del Comando Regional nº 1 de la Guardia Nacional habían actuado como cómplices del secuestro de Granda. El quinteto, al que adjudicó una conducta "bochornosa", estaba integrado por el teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar y el teniente Darwin Valera Cordero.

La otra razón de la demora en actuar desde el Palacio de Miraflores era que, si Granda había sido secuestrado en pleno Caracas, desde el Palacio de Nariño en Bogotá le espetarían que Venezuela era un "santuario de terroristas".

Finalmente el líder bolivariano salió a la carga: sancionó a los militares implicados en la operación ilegal y denunció públicamente que la administración Uribe había violado la soberanía venezolana. En su programa dominical "Aló presidente", del 16 de enero, Chávez aceptó discutir la crisis bilateral con su colega pero le advirtió: "presidente Uribe, el tema central que se debe conversar, y que usted debe admitir, es que aquí se cometió un delito".

El colombiano había propuesto un diálogo de pares pero en el marco de una "cumbre presidencial multilateral". Apostaba a que personajes como el ecuatoriano Lucio Gutiérrez, el peruano Alejandro Toledo y muy probablemente el chileno Ricardo Lagos, se pondrían de su parte y en contra de Chávez.

Si esa reunión se hace, lo más probable es que se concrete en los términos "de tú a tú" propuestos por el jefe de Estado de Venezuela. Pasadas su pasividad y confusión iniciales, Chávez le ha puesto mucha presión a este asunto. Por ejemplo, llamó a su embajador en Bogotá, Carlos Rodolfo Santiago, y aclaró que no regresará hasta tanto Uribe se disculpe. También ordenó "paralizar los acuerdos y todo negocio con Colombia", entre otros el gasoducto transcaribeño, un proyecto que involucraba unos 200 millones de dólares. El comercio bilateral, de 2 mil millones de dólares anuales, sufrirá un parate hasta que el coágulo del "plan Cóndor" se disuelva.

EL ROL DE EE.UU.

Alvaro Uribe, ex gobernador de Antioquia con vínculos con carteles de narcotraficantes y paramilitares, asumió el poder en agosto de 2002 y prometió acabar con la guerrilla en dieciocho meses. Como sus únicos logros concretos en la materia han sido los secuestros ilegales de Ricardo Palmera (Simón Trinidad) en Ecuador, en enero de 2004, y de Granda en Caracas, en diciembre, queda a la vista que aquella promesa no pudo ser materializada. ¿Será por eso que ha forzado al Congreso, en una octava votación, a reformar la Constitución para disputar un segundo mandato de cuatro años?

El presidente colombiano tiene el apoyo político, financiero y militar de la administración Bush. El "plan Colombia", de ese origen, le surte entre 800 y 1.300 millones de dólares anuales, además de equipos militares, el asesoramiento de 800 oficiales estadounidenses, la instalación de una docena de bases antiguerrilleras, etc.

Hasta el 11 de setiembre del 2001 la argumentación norteamericana para esa intervención bélica era un supuesto "plan antinarcóticos". Desde aquel día varió abiertamente a la lucha "antiterrorista".

Sobre la acusación gubernamental de que las FARC serían parte del narco-terrorismo, en un reportaje de principios de 2004, Rodrigo Granda le decía al periodista portugués Miguel Urbano Rodrígues, de Resistir: "incluso en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana han llevado droga a los EE.UU. El buque insignia "Gloria", el barco No.1 de la Armada colombiana, ha sido capturado llevando en su interior cocaína y en el mismo avión presidencial, cuando el Dr. Ernesto Samper Pizarro iba a visitar los EE.UU., ahí encontraron cocaína. Pero obviamente este negocio es de los más rentables que hay en el planeta Tierra, está casi que a la par con el de armamentos.

Aquí el capital circula con mucha mayor rapidez y analistas del problema calculan que hay 550.000 millones de dólares circulando en el mundo producto del narcotráfico. De esos 550.000 millones revierten para América Latina 20.000 millones de los cuales a Colombia le llegan 5.500 millones según los más optimistas, y eso que supuestamente Colombia produce el 80% de la cocaína del planeta Tierra. ¿Dónde se está quedando este dinero? Es dentro del imperio, el gran negocio lo están haciendo los mismos EE.UU.".

Uribe y sus asesores del Comando Sud del Ejército norteamericano no han podido eliminar a los rebeldes del legendario Manuel Marulanda (Pedro Antonio Marín). En declaraciones a la agencia ANNCOL, Raúl Reyes, del secretariado nacional de las FARC, afirmaba que estaban de pie los 60 frentes guerrilleros y que sus dos bloques más importantes, el Oriental y el Occidental, inflingían respectivamente al ejército 414 y 294 bajas mensuales. Según esa estadística, contra 708 bajas del enemigo, los insurgentes tienen solamente 50.

Esa carencia de buenos resultados en las montañas de Colombia puede haber llevado a Uribe y el Comando Sud a idear secuestros de guerrilleros en el extranjero, con montajes mediáticos. Si es así, difícilmente podrán ganar la guerra real que libran contra las FARC desde mayo de 1964.

Reafirmando qué parte elige en el conflicto Chávez-Uribe, el embajador norteamericano en Bogotá, William Wood, apoyó la actuación de Colombia y exigió una definición "antiterrorista" de Venezuela.

En esta ocasión la administración Bush busca golpear a dos de sus tres máximos enemigos regionales: el gobierno de Chávez y la guerrilla colombiana. El texano bruto debe haber felicitado a sus asesores y preguntado por qué no metieron en la misma bolsa al tercero, Fidel Castro.

Fuente: La Arena

 

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