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Euskadi, 25 años: 15. 000 detenidos, 5.000 torturados
Gestoras pro Amnistía ofreció el 20 de enero (01) un balance del año 2000 en el que la simple relación de fríos números de detenciones, encarcelamientos, torturas y otras actuaciones policiales y judiciales dibuja un cuadro impresionante de una parte de la realidad de Euskal Herria. Si a ello se une las cifras globales del periodo transcurrido desde la instauración del sistema autonómico español, se obtiene una interesante perspectiva y queda también reflejado el fracaso de este marco para superar el conflicto.
En este pequeño país de Europa, en el último cuarto de siglo, unas 15.000 personas han sido detenidas por motivos políticos. De ellas, 5.000 han denunciado torturas o malos tratos. En las últimas cuatro décadas las Fuerzas de Seguridad del Estado han acabado con la vida de 119 ciudadanos, los grupos paraestatales han matado a 67. 11 vascos han muerto en las cárceles españolas y francesas y otros 7 mientras permanecían en dependencias policiales. Hay 5 desaparecidos. Las diferentes organizaciones armadas vascas, por su parte, han acabado con la vida de 732 personas.
Tan sólo el año pasado, las FSE detuvieron a 698 ciudadanos, de los cuales 253 fueron incomunicados. Nada menos que 77 denunciaron haber sido torturados. De los 689 detenidos, finalmente 504 fueron puestos en libertad.
Entre tanto, ETA mató a 23 personas. En 1999, año el que la organización armada vasca mantuvo un alto el fuego, fueron detenidas 513 personas, de las que 432 quedaron en libertad. De estos datos se desprende la existencia de una realidad represiva en Euskal Herria que, por aparecer fragmentada en una sucesión de datos diarios y por ser beligerantemente ocultada en la mayoría de los medios de comunicación, pasa prácticamente desapercibida, salvo para quienes la sufren y su entorno más próximo. Sin embargo, las cifras totales y, sobre todo, su porcentaje con respecto a la población general de Euskal Herria, hacen que la fotografía que se obtiene sea tan brutal como la de estados que son internacionalmente considerados como antidemocráticos y conculcadores de los derechos humanos. Y no se trata únicamente de una cuestión cuantitativa, puesto que sólo en una situación dictatorial se observan casos como el de un joven de 17 que ha pasado tres meses y medio en la cárcel tras poner un cartel denunciando unas detenciones.
Encontrar el modo de hacer visible esta cara de Euskal Herria que hoy permanece ocultada es una de las formas de contribuir a que finalmente puedan superarse las causas que la originan.
Editorial Gara
BALANCE REPRESIVO DEL AÑO 2000 (Gestoras pro-Amnistía)
Dos detenidos al día, 253 incomunicados y 77 casos de tortura en el
informe anual de Gestoras. Hubo además 30.000 identificaciones y 200
cargas, y se impusieron 175 millones de pesetas en sanciones. Alerta de un «estado
de excepción» y denuncia que el pacto PP-PSOE «institucionaliza
la represión»
El balance represivo del pasado año, unido al acuerdo firmado recientemente
por PP y PSOE, hace concluir a Gestoras pro-Amnistía que «Euskal
Herria se encuentra en un estado de excepción». El organismo antirrepresivo
presentó ayer sus datos sobre la represión sufrida por los ciudadanos
de Euskal Herria por motivos políticos en los últimos doce meses,
que recoge 700 detenciones, 253 incomunicaciones, 77 casos de tortura, 200 cargas
policiales y la imposición de 20 millones de pesetas en multas por actos
de libertad de expresión y de 155 millones en fianzas para acceder a
la libertad condicional.
«Euskal Herria se encuentra en un estado de excepción».
Con esta frase resumió el portavoz de Gestoras pro-Amnistía Andoni
Hernández el informe que recoge el balance represivo del pasado año
2000. Para realizar tal aseveración, el miembro del organismo pro-amnistía
se basó en los datos reflejados en el documento presentado ayer en Bilbo
a los medios de comunicación. «700 personas detenidas, 253 incomunicadas,
77 casos de tortura, 194 encarcelamientos, 200 cargas policiales, 20 millones
en multas administrativas, 155 más en fianzas y 200 puntos de control
fijo», son entre otros, los números que presenta Gestoras pro-Amnistía
como resumen de la «represión por motivos políticos, sin
tener en cuenta a encarcelados y huidos».
Hernández compareció junto a medio centenar de personas que han
sufrido la represión durante el año pasado, además del
también miembro de Gestoras pro-Amnistía Gorka López. Todos
ellos se encartelaron tras la conclusión de la rueda de prensa en el
puente de La Merced de Bilbo para denunciar el acuerdo PP-PSOE, que calificaron
como «pacto de guerra». «Han firmado un acuerdo para mantener
la guerra en Euskal Herria y lo que hace ese pacto es institucionalizar la represión
y la convierte en permanente», dijo Hernández.
«Todos estos datos represivos conforman una realidad que desde Gestoras
pro-Amnistía entendemos que nos pone a las puertas de un estado de excepción.
Cada día nos sorprenden con algo. Ayer fue ver cómo concedían
el premio del Mérito Civil a un torturador reconocido como fue Melitón
Manzanas», apuntó Andoni Hernández.
López corroboró las opiniones de su compañero e hizo referencia
al «pacto de guerra» firmado entre PP y PSOE. López se refirió
a una serie de elementos que, en su opinión, se han ido conformado a
lo largo del pasado año. «Ahí está todo lo que se
refiere a las reformas legales, el papel que desarrolla la Audiencia Nacional
contra movimientos populares, los mil efectivos nuevos de la Guardia Civil que
se van a desplegar en Euskal Herria o la creación de distintos foros
de víctimas que dan una lectura parcial del conflicto».
Todos estos elementos que citó vienen a confirmar, en palabras de López,
que el pacto suscrito por ambos partidos españoles «es, al fin
y al cabo, un pacto por la guerra, una apuesta por la imposición total
contra Euskal Herria».
La «apuesta de Estado contra Euskal Herria» a la que hizo mención
refiriéndose al pacto tiene fijados como objetivos «los derechos
básicos de los ciudadanos y los derechos propios que tiene Euskal Herria
como pueblo y que no le son reconocidos», añadió López.
A este criterio general se destinan, según dijo el miembro de Gestoras
pro-Amnistía, «elementos represivos concretos, desde los planos
político, judicial y el policial».
Gorka López aseguró que la iniciativa adoptada por los partidos
dirigidos por José María Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero no ayuda «en absoluto» a la resolución del conflicto
que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés.
Es más, consideró todo lo contrario: «Va directamente en
contra de la resolución, cuando es más que sabido que en tanto
en cuanto no haya garantías para el respeto de esos derechos básicos
como ciudadanos y como pueblo, es muy difícil hablar de Estado de Derecho,
libertad o democracia».
Frente a la imposición que atribuyó al Estado español,
reiteró que la apuesta de la sociedad de Euskal Herria tiene que ser
reivindicar sus derechos y trabajar cada día más «por el
cese de esas injerencias políticas, judiciales y policiales, con la finalidad
de alcanzar un marco en el cual esas libertades que hoy en día son inexistentes
estén garantizadas y avancemos en la solución democrática
del conflicto», concluyó.
«Judicialización de la represión»
Por su parte, Andoni Hernández se expresó mas concretamente sobre
algunos ejemplos de la represión durante el último año,
entre los cuales concedió capital importancia a la «judicialización
de la represión que se esta dando, reflejada en el sumario 18/98»,
abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. «En
el año 2000 ha alcanzado uno de sus puntos más altos, con el encarcelamiento
de diferentes militantes de organizaciones políticas de este país»,
recordó este portavoz.
Al tiempo, trajo a colación también el notable incremento de multas vinculado a la aplicación de la conocida como Ley Corcuera. «Hay, por diferentes movilizaciones, alrededor de mil millones de multas», aseguró Andoni Hernández.
Gara, 21.01.01
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