Piden 1.440€ para 2 inculpados y 2 años de cárcel para un 3º por “ultraje a la bandera nacional"

El pasado 2 de junio de 2014 Juan Carlos abdicó como Rey de España. Aquel día, con ese motivo, en distintos lugares de Andalucía surgieron manifestaciones espontáneas celebrándolo y exigiendo una república, unos andaluza y otros española. Uno de esos lugares fue la ciudad de Granada.

En el transcurso de la misma, al llegar a la céntrica rotonda de la Avenida de la Constitución, donde se encuentra izada permanentemente, desde que gobierna el Partido Popular (PP), una gigantesca bandera rojigualda, manifestantes desconocidos la retiraron y sustituyeron  por otras dos, una republicana andaluza, la  arbonaida, y otra, la tricolor republicana española.

Dos afiliados del SAT granadino, y a su vez militantes, uno de Jaleo!!! y otro de la CUT, fueron detenidos posteriormente por la policía e inculpados por los hechos. A las “fuerzas vivas de la ciudad”, encabezadas por el Alcalde, Torres Hurtado (PP), les faltó tiempo para condenar como culpables a los detenidos, llegándolos a calificar de “delincuentes”.

Ahora, próximo a celebrarse el juicio, ha trascendido que la fiscalía ha solicitado una multa de 1.440 euros para los acusados, por un delito de ultraje a la bandera nacional, y ha pedido dos años de cárcel para otro tercer inculpado, acusado de incendiarla.

La Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Granada, ha declarado que considerara "desproporcionada" y debida a "intereses políticos" la petición y ha mostrado su rechazo por lo que considera "persecución" al sindicato, ya que entiende que los datos usados para imputar e identificar a los compañeros acusados se han canalizado a través de las que ha denominado "listas negras que maneja la policía nacional que no son más que listas ilegales de activistas sociales”, ya que no fueron detenidos en el momento ni en el lugar de los hechos.

El sindicato manifiesta, además, que esta persecución no solo ha sido contra sus afiliados sino que se ha extendido a sus abogados, a los que se ha intentado "criminalizar". El sindicato basa esta persecución política en que se ha imputado a sus compañeros una acción que ellos no hicieron, a pesar de que, en un vídeo, puede verse que fue una persona "no identificada todavía" quien quitó la bandera monárquica del mástil. "Entendemos la petición fiscal desproporcionada y más centrada en intereses políticos que en aplicar la legalidad vigente", ha advertido el SAT, que cree que la retirada de la bandera formó parte de un "acto simbólico de protesta social" y no de un delito.

Asimismo ha manifestado que piensan iniciar una campaña por la absolución de los compañeros acusados y contra la monarquía bajo el lema "Andalucía sin monarquía", para emplazar al resto de organizaciones sindicales, partidos y movimientos sociales a sumarse a la denuncia del que consideran un nuevo "juicio político", que incluirá "acciones sorpresa" para denunciar tanto la persecución de sus afiliado como a la propia monarquía.

Por último, el sindicato declara que “exigiremos que se deje de gastar el dinero de los granadinos en la colocación de banderas que no representan una institución democrática como la monarquía, y el compromiso a los partidos políticos que se presenten a las municipales de que retiren la misma”.

La otra Andalucía