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Nacionales Galiza :: 04/11/2016

"No se nos permitió nombrar la muerte de Diego Viña, el juez se centro en las supuestas injurias"

Insurgente / Kaos en la red / La Haine
Ayer se celebró el juicio contra Nais contra impunidade por injurias a la Guardia Civil en los juzgados de Coruña, hablamos con Pastora, una de las imputadas

Una de las concentraciones realizadas ayer en apoyo al colectivo Nais contra Impunidade Foto:@boletintokata

Ayer miércoles fueron juzgadas 15 personas en los juzgados de Coruña por 'injurias a la Guardia Civil' por pedir el esclarecimiento de la muerte de Diego Viña, un joven de 22 años que fue hallado muerto en el cuartel de la Guardia Cvivil de Arteixo (Coruña) en septiembre del 2004.

 

Los hechos de los que se le acusan fueron por una concentración llevada a cabo en el año 2010, convocada por el colectivo 'Nais contra a impunidad' (Madres contra la impunidad), frente a una iglesia donde la Guardia Civil celebraba una misa por el 12 de octubre. En dicha concentración se pidieron explicaciones y responsabilidades sobre la muerte de este joven, y varias personas fueron identificadas y se abrió una querella criminal por parte del instituto armado.

 

Ayer, una concentración en apoyo arropó a las Nais a la entrada de los juzgados. El juicio, que había sido aplazado desde el pasado mes de junio, se centró en las supuestas injurias a la Guardia Civil, no dejando en ningún momento nombrar el tema de la muerte de Diego Viña, que fue por la que se convocó dicha concentración. Ni el derecho de la familia a conocer la verdad, ni las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de este joven en el cuartel de Arteixo, pudieron ser prácticamente nombradas en el juicio, donde tanto el juez como el fiscal cortó a cualquiera de los acusados o abogados que intentaron nombrar el tema: “Esa no es la cuestión, aquí estamos para juzgar un delito de injurias a la Guardia Civil”, dijo varias veces el juez mientras cortaba las distintas declaraciones.

 

Los Guardias Civiles que declararon incurrieron en varias contradicciones, sobre todo en torno al número de personas concentradas en aquella movilización. También desde Nais denuncian otras irregularidades, como una grabación realizada por un agente de paisano con el teléfono móvil que en la que no se les llega a identificar a nadie, pero que fue admitida como prueba.

 

De las 15 personas acusadas la mayoría se acogieron al derecho de no declarar, excepto dos que declararon por video-conferencia y otras dos en persona, entre ellas el abogado Fran del Buey, el cuál reconoció que estaban concentrados, pero que lo que estaban haciendo era pedir explicaciones sobre la muerte de Diego Viña. Del Buey defendió que “estamos en todo nuestro derecho de pedir explicaciones, puesto que la madre de Diego no recibió apoyo ni reconocimiento ninguna de las instituciones”. Una vez más, su intervención fue cortada, bajo el argumento de que “estamos aquí por injurias al honor de la Guardia Civil”.

 

Según nos cuenta Pastora, miembro de Nais, madre del ex-preso FIES ya fallecido Xosé Tarrío, y una de las imputadas en este caso, los abogados creen que la mayoría de las personas serán absueltas, pero le preocupa que se quiera usar este juicio para ir contra varias personas, entre ellas Fran del Buey o ella misma. Cree que hay personas “a las que nos tienen muchas ganas” como represalia al trabajo llevado a cabo desde la asociación Nais contra a impunidade.

 

Sobre el apoyo recibido ante este proceso, Pastora nos comenta que “estoy sumamente orgullosa de toda la gente que ha venido a solidarizarse con nosotras frente al juzgado y al resto de personas que se han concentrado en otras partes del estado e incluso en el extranjero.
Pero quiero recalcar que aún así, tendría que haber habido más gente, esta madre tendría que tener más apoyo. Estamos hablando de un chaval de 22 años que han ido a su casa a detenerlo sin orden de detención, con una denuncia falsa, y que al final a su madre le han devuelto a su hijo con los pies por delante. Esta madre tendría que tener el apoyo de toda España”.

 

Tras las tres horas y media que duró el juicio, quedó finalmente visto para sentencia, los acusados se enfrentan a una petición fiscal de 44.000 € de multa o 9 meses de prisión.

 

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