El fraude del tercer pilar fundamental del bienestar social

La ley 39/ 2006 del 14 de diciembre de promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, llamada ley de dependencia, se define como el conjunto de servicios y prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de los servicios públicos y (ojo) también privados. Antes de que existiera esta ley eran los servicios comunitarios, las diputaciones los que se encargaban de los cuidados de las personas dependientes en las familias. Y sobre todo las mujeres de la familia, que lo hacían por el papel que les atribuye el patriarcado en nuestra sociedad.

Este derecho que tanto nos costó conseguir es el que más expuesto en esta pandemia ha quedado. El más en entre dicho de entre todos los derechos. Cuando se aprobó esta ley se estableció que el servicio, como todo en el Estado español, se podía privatizar. La ley de la dependencia se paga con dinero público pero la oligarquía puede meter mano en este negocio gracias a que le abrieron la puerta. Así dieron el servicio a sus amigos, crearon sus redes clientelares… Es decir, se convirtió en una forma legal que el dinero público pasara a manos privadas y de generar lealtades políticas.

Después de más de una década privatizando este derecho fundamental en beneficio de las empresas privadas y precarizando el servicio se puede hacer una autocrítica de como ha sido todo un fiasco, en detrimento de los usuarios y las trabajadoras. Privatizando el servicio se precariza a la trabajadora con el consentimiento de los ayuntamientos. Ya que aunque este privatizado el servicio no le quita responsabilidad de exigir a la empresa que cumpla con contratos y salarios dignos a las trabajadoras. Han precarizado al conjunto de las trabajadoras, con contratos de media jornada, o jornada partida. Los ayuntamientos son una institución sin animo de lucro y si el servicio fuera público se invertiría en la calidad de la atención a los usuarios.

La empresa tiene ganancias precarizando a la trabajadora. En múltiples ocasiones las empresas privadas no cumplen con el pliego de condiciones con las prestaciones que ofrecen. Los usuarios deberían tener contacto directo entre las auxiliares y la trabajadora social, para ver las condiciones de cada usuario, pero con las empresas privadas la auxiliar no tiene ningún contacto con la trabajadora social porque entre ellas están los coordinadores, lo cual no permite la comunicación. Están ahora mismo sin medios de protección para las trabajadoras y exponiendo a los usuarios al contagio del virus Covid-19. Las empresas son las que tienen que proporcionarle el equipo de protección pero los servicios sociales son los que tenían que haber exigido a estas empresas el material para no poner en riesgo a los usuarios. Los ayuntamientos han sido muy culpables de la situación de dejadez de este derecho fundamental, ya que aunque se privatice el servicio, eran los responsables de haber cuidado de las personas con mas riesgo en esta pandemia.

Las auxiliares de ayuda a domicilio, se han visto especialmente expuestas al riesgo de contagio por trabajar sin medios, y la necesidad de seguir trabajando por las represiones que han sufrido por parte de las empresas. Es lamentable como vemos a nuestros mayores hacinados en residencias convirtiéndose en ocasiones a ratoneras, viendo como van enfermando unos tras otros. Además en las residencias privadas (que son la inmensa mayoría de las residencias de mayores en Andalucía) los ratios a las que someten a las auxiliares son excesivos y con escaso personal para que le salga rentable a la empresa. Por eso a día de hoy el 23% de las personas fallecidas en Andalucía por Covid-19 proceden de residencias de mayores, según ha dicho el consejero de Sanidad Jesús Aguirre.

El problema de que haya tantas personas mayores afectadas con el Covid-19 es por que la auxiliar de ayuda a domicilio carece de EPIs adecuados, y tienen que atender a varias personas en sus domicilios, siendo las trabajadoras las que pueden transmitir de un domicilio a otro el virus.

En las residencias privadas que es donde más se ha cebado la enfermedad, las auxiliares tampoco tienen EPIs adecuados, ademas de que las ratios con las que trabajan que son mucho más altas. Son ratios excesivas que se resumen en que hay poco personal para muchos usuarios que atender. En las residencias privadas priman las ganancias, los usuarios son números para las cuentas de la residencia.

Pero no son números, son personas a las que han quedado totalmente expuestas al contagio. En este tiempo que nos ha tocado vivir, no puede caer en vano lo que está ocurriendo y hay que luchar para que el servicio de Ayuda a Domicilio sea totalmente público. Por nuestros mayores y por las trabajadoras que han demostrado su profesionalidad y humanidad de este gran colectivo trabajador.

En la República Andaluza que luchamos por construir, este servicio será un servicio totalmente público y se gestionará de manera democrática por las trabajadoras. Un servicio de calidad donde se respeten los derechos laborales, con salarios dignos, donde las ganancias se inviertan en aumentar calidad del servicio, con suficiente personal y donde la protección de las personas mayores sea una realidad. Por ley la Ayuda a Domicilio habrá de ser municipal, se construirán mediante un plan de choque residencias y centros de día de titularidad, gestión y provisión públicas y se expropiarán por razones de interés general de residencias y centros de día concertadas obsoletas para su reforma, subrogando a la plantilla.

Este es un pilar fundamental del bienestar social, que se ha resquebrajado por que no es rentable para el capitalismo, pero es un derecho fundamental de las personas más vulnerables que en la futura Andalucía libre tendrá que estar muy presente.

 Margarita García Hurtado.

Trabajadora del servicio de Ayuda Domicilio.