La CUP se opone a la prórroga y denuncia más militarización y recortes de derechos civiles

La organización anticapitalista independentista catalana votará en contra de la cuarta prórroga del Estado de Alarma, ya que considera que "El estado de alarma solo ha servido para aumentar el control social, la militarización de las calles y el recorte de derechos civiles y políticos", tal como denuncia la CUP en sus redes con la campaña #EstafadAlarma.

"El estado de alarma no puede servir de excusa para restringir nuestros derechos y robarnos nuestro legítimo derecho a la disidencia política, organicémonos y pasemos a la ofensiva!", ha denunciado Maria Sirvent, diputada de la Cup al Parlament catalán.

Claramente el gobierno central del PSOE-Unidas Podemos viene reforzando sus rasgos más bonapartistas y represivos, que mantendrá con todo el peso del Tribunal Constitucional para profundizar la libertad de movimientos, con o sin el Estado de Alarma. De hecho, el TC ha dado vía libre para suspender el derecho de manifestación con la justificación del Estado de Alarma; tal como hemos visto el 1 de mayo.

Las fuerzas de seguridad continúan militarizando las calles a golpe de sanciones y detenciones, cuando no palizas a las personas inmigrantes con todo su racismo institucional. Durante el primer fin de semana que se ha establecido las salidas generalizadas con franjas horarias, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dejado un saldo de más de 230 detenciones y de 36.000 sanciones en 48 horas por supuestos excesos de los límites impuestos por el Estado de alarma.

Unas cifras parecidas al fin de semana del 11 y 12 de abril en el que también se realizaron casi 50.000 sanciones y se ejecutaron 440 detenciones. Sin duda, el Estado de alarma ha servido (y continúa haciéndolo) para reforzar de forma encubierta la violencia policial y la militarización en las calles.

Mientras, el gobierno central ha garantizado continuar con ERTEs y EREs obedeciendo las órdenes de la patronal española, que viene imponiendo una "salida" a la crisis para preservar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de millones de personas, tal como indica el informe “Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19” presentado este lunes.

Al mismo tiempo que siguen sin garantizar tests masivos, la propuesta de este gobierno “progresista” de mantener un Estado de alarma se evidencia claramente, cada vez, más como un estado de excepción encubierto.

No podemos esperar nada de este gobierno que se dice "progresista y de izquierdas" que ha demostrado estar al servicio de las grandes empresas y los bancos. Tampoco de los gobiernos autonómicos, que han respetado al pie de la letra la gestión de la crisis del COVID a favor de la patronal y el IBEX 35. Por ejemplo en Catalunya se ha registrado el peor mes de abril de la historia con un aumento del paro de 50.763 personas y una crisis sanitaria fecundada de décadas de planes de privatización encubierta de parte de todos los gobiernos, desde CIU, el Tripartit hasta hoy con el Govern de Torra y ERC.

Solo un programa que ponga la vida y la salud del pueblo trabajador por encima de las ganancias de los capitalistas puede dar una salida distinta a las crisis la que ya se dio en el 2008 y se está dando nuevamente. Solo la clase trabajadora junto a las mayorías populares pueden imponerlo mediante la lucha y la movilización.