Un informe destapa la pobreza energética oculta en Barcelona

Casi la mitad las personas que tuvieron que pasar por el trauma de un desahucio hipotecario en Barcelona se lo deben al BBVA. Y el 19%, a CaixaBank. El resto, sobre, todo al Banco Sabadell y Bankia. Además, con malas formas. El 63% de las personas encuestadas en esta investigación manifiestan haber “sufrido maltrato” por parte de las entidades financieras. Una responsabilidad agravada por el hecho de que se tratan de “entidades rescatadas, a las que se inyectó dinero público sin contraprestación”. 

Esta es una de las conclusiones del informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: inseguridad residencial en Barcelona (2017 - 2020)”, presentado este 16 de julio por la PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres y la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

El informe está basado en las historias de vida de 415 personas con problemas de vivienda o de pobreza energética que se acercaron a la PAH o la APE. Según Leilani Farha, relatora de la ONU por el Derecho a la Vivienda hasta abril de 2020, este estudio es una “herramienta fundamental” para entender cómo ha evolucionado la emergencia habitacional en Barcelona en los últimos tres años, “con un número creciente de personas afectadas por problemas de alquiler y de empleo” y de cómo estos problemas afectan a la salud.

El informe también realiza un exhaustivo repaso al perfil sociológico de cientos de integrantes de estas dos organizaciones, así como al papel que jugaron estos movimientos sociales en los cambios legislativos en materia de vivienda y pobreza energética, y en hacer frente a los desahucios. Solo en 2019, la PAH intervino en 230 desahucios en Barcelona, un 9% de todas ejecuciones que se produjeron en la ciudad.

Las principales víctimas de la actual crisis habitacional, avanza el informe, hay que buscarlas entre las personas que viven del alquiler y las que se ven forzadas a ocupar, un fenómeno que no ha dejado de crecer en Barcelona, según este estudio. El 67% de las personas encuestadas que viven en ocupaciones en precario accedieron a su vivienda a partir de 2017.

En el caso de las familias encuestadas que viven de alquiler, el 59% tiene como casero un gran tenedor. Casi la mitad ya habían dejado de pagar el alquiler antes de acercarse a la PAH. Los motivos principales declarados para este impago son el paro (48%), una subida del alquiler (17%), problemas de salud (17%), la finalización del contrato (13%) o la falta de ingresos (10%).

POBREZA ENERGÉTICA OCULTA

Junto con los desahucios, otro indicador de las consecuencias más extremas de esta crisis habitacional es la pobreza energética. El informe señala un cambio drástico con la entrada en vigor la ley catalana 24/2015: solo 13 de las 415 personas encuestadas relatan haber sufrido cortes de electricidad desde 2017, ocho de ellas por parte de Endesa. Pese a ser una cifra muy pequeña, los autores del estudio señalan que estos cortes incumplen el principio de precaución que establece la norma y es una muestra de que “las empresas suministradoras no están cumpliendo al 100% con la ley”. 

El hecho de que la mayoría de los cortes relatados sean responsabilidad de Endesa coincide con las estadísticas, que achacan a esta multinacional española el 68% de las sanciones por parte de la Agencia Catalana de Consumo por cortes de suministros ilegales. 

Pero este reducido número de casos esconde otras precariedades. Entre ellas, el endeudamiento de las familias más vulnerables con las empresas suministradoras. El 27% de las personas entrevistadas relata tener deudas con las compañías de electricidad, gas y agua. Casi en la mitad de los casos, las deudas superan los 500 euros y en un cuarto de ellos, las deudas superan los mil euros, “con el riesgo de acoso y judicialización por parte de las empresas eléctricas”. 

Un detalle no menos importante es la antigüedad de la vivienda. El 65% de las personas entrevistadas viven en hogares construidos antes de 1979, año en el que se convierten en obligatorias una serie de medidas para asegurar el aislamiento de los materiales, “por lo que las familias que habitan en esos inmuebles tienen más dificultad para mantener una buena temperatura en su interior”. 

Casi la mitad de las personas que viven en casas anteriores a 1979 tienen goteras y humedades, afirma este informe. Calentar —o enfriar— una casa en estas condiciones no solo es más difícil sino más caro, algo que muchas veces obliga a elegir entre el uso de la electricidad y otras necesidades básicas, como la alimentación, la ropa, la educación o el dentista. El 57% de las personas encuestadas declaran que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno o en verano, y el 34% que no puede hacerlo en ningún momento del año. 

Sin embargo, las situaciones más precarias corresponden a las personas que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por necesidad. A muchas familias, dice este estudio, no les queda otra opción que recurrir al “suministro irregular” para poder calentar la casa, para usar una nevera o cocinar, con los “riesgos que conlleva para las propias personas y el vecindario". 

La Alianza contra la Pobreza Energética lleva años pidiendo para estas familias soluciones similares a las conseguidas en el caso del suministro de agua de Barcelona, donde se han establecido protocolos para garantizar el acceso a familias vulnerables en situación de ocupación en precario. 

Otro de los riesgos que analiza este estudio son las fórmulas que utilizan las familias en “situación límite” para iluminar sus hogares o para calentarse. Veintiséis de las personas encuestadas afirman haber recurrido a velas en el último año, “una práctica de riesgo, que en algunas ocasiones ha tenido consecuencias nefastas”. Uno de los casos más sonados fue la muerte de una mujer de 81 años en Reus por un incendio provocado por una vela después de que Gas Natural le cortara el suministro.

Las consecuencias de la inseguridad habitacional en la salud mental y física tiene un largo recorrido en todo tipo de investigaciones acreditadas. Un estudio liderado por la Universidad de Granada en 2018 revelaba que el 88% de las personas que pasan por un desahucio presentan cuadros de ansiedad y el 91% de depresión. También es una constante entre las personas entrevistadas en este estudio. Nueve de cada diez mujeres encuestadas reconocen tener “mala salud mental”. Unos problemas que afectan a seis de cada diez hombres.