Ayuso y el PP: un peligro sanitario

Ayuso y el PP madrileño son el mayor exponente de una política que, más allá de los matices, se viene llevando adelante en todas las comunidades autónomas y el gobierno central. El modelo privatizador y de precariedad es un peligro sanitario. Por un plan de emergencia independiente.

La pandemia está lejos de estar controlada, al igual que los devastadores efectos que ésta tendrá en la economía. Hoy Madrid concentra un tercio de todos los contagios contabilizados en el Estado español así como de los positivos que necesitan hospitalización. Es la región que concentra la mayor presión sobre la sanidad. Sin dudas, estamos asistiendo a la crónica de una segunda ola anunciada y la irresponsabilidad del Gobierno central y los autonómicos.

La comunidad de Madrid, que acumula un 14% de toda la población del Estado, suma en la última semana casi un tercio de todos los positivos por covid: 14.871 de los 49.399 nuevos casos. De los que 8.115 fueron reportados el pasado martes. En el mes de julio, la comunidad solo aportaba el 12% del total. Un escenario de lo menos deseable para dar fin al verano y el inicio de las clases.

Sin embargo, en los últimos días hemos visto al consejero de sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, minimizar la situación de la comunidad y defender la gestión del gobierno que preside Ayuso.

La realidad es que los rastreadores en Madrid están muy por debajo de los 560 que sostuvo que se contrató el consejero. Solo unos 210, según reconoce la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas. A su vez, este número está más lejos aún del mínimo de los que debería tener, según los propios estándares internacionales, que los cifran en 1.206.

Así respondía Mar Noguerol Álvarez, médica de familia del Centro de Salud de Cuzco, en al consejero de Salud de Madrid, “La situación en atención primaria en nuestras consultas es de tal calibre que solamente me gustaría que el señor consejero que niega la situación pasara un día por aquí” Y definió la situación de la atención primaria una como de “sobrecarga limite insostenible”.

Al igual que ella, más de 600 profesionales de la salud, denunciaron la falta de medios y personal y exigieron un decálogo de actuaciones en la comunidad para enfrentar el aumento de casos de covid. Entre las que están el refuerzo de las plantillas, los rastreadores y abrir más centros sanitarios.

Pudimos ver en el ultimo tiempo desde la [movilización y la huelga del personal del MIR_https://www.izquierdadiario.es/Medicos-residentes-de-Madrid-ganan-un-round-tras-una-larga-lucha?var_mode=calcul] hasta la [huelga del personal de limpieza del hospital Gregorio Marañonhttps://www.izquierdadiario.es/Hospital-Gregorio-Maranon-Privatizar-la-limpieza-tambien-es-desmantelar-la-sanidad-publica?var_mode=calcul] contra la privatización de su sector.

Pero la última “perla” de Ayuso, es la privatización por parte de la comunidad de las pruebas serológicas a los docentes, que han generado enormes colas al ser convocados cientos de docentes simultáneamente.

Las empresas escogidas a dedo mediante un procedimiento de “emergencia” ante el sorpresivo (nótese la ironía) comienzo de las clases, han sido Ribera Salud y Cruz Roja. No se ha indicado públicamente por parte de la comunidad cual sería el coste de esta privatización.

Los docentes, que fueron convocados del martes al miércoles, denunciaron colas kilométricas, retrasos de varias horas y que no existían las distancias recomendadas de seguridad. Esto, como no podía ser de otra manera, generó la indignación de la comunidad educativa.

Ante lo cual, finalmente, desde educación se vieron obligados a suspender las pruebas momentáneamente por no haber condiciones de seguridad para las mismas.

Recordemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero y 10 directores de residencias ya tienen una querella criminal colectiva presentada por familiares y trabajadores agrupados en “Marea Residencias” por su nefasta gestión de la crisis.

En contraposición a los planes privatizadores que defiende Ayuso y el PP para la comunidad (en consonancia con la política aplicada en el resto de las comunidades independientemente de que partido del régimen esté al frente) es necesario levantar medida para fortalecer el sistema público de salud, y se puedan garantizar un inicio de clases seguro.

Para esto es fundamental la financiación en base a la imposición de impuestos especiales a las grandes familias, los beneficios empresariales y de la banca, las empresas del sector sanitario y farmacéutico.

Para garantizar el incremento drástico de profesionales contratados tanto en la sanidad como en la educación, así como de las infraestructuras, y el fin de la precariedad laboral en estos sectores. En el camino de conquistar una red educativa y sanitaria pública y única que revierta todas las privatizaciones.

Algo que ni el gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos, ni ningún gobierno autonómico va a llevar adelante y solo puede conseguirse mediante la movilización independiente de la clase trabajadora y las mayorías sociales, enfrentando a sus propias direcciones sindicales mayoritarias, cómplices de la paz social.

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