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El juez imputa a más policías por las cargas del 1-O tres años después
El juez instructor rechazó en junio la petición de la fiscalía de archivar el grueso de la causa.
Casi tres años después del referéndum unilateral del 1-O, el juez de Barcelona que instruye las diligencias judiciales por las cargas policiales en distintos centros de votación continúa citando a declara a policías nacionales en calidad de imputados. Fuentes judiciales han confirmado a este diario que el próximo 23 de septiembre serán interrogados cuatro agentes que, de una u otra manera, están vinculados al operativo que se desarrolló en los centros docentes Dolors Monserdà, Prosperitat y Àgora. Entre los funcionarios que declararán hay un subinspector.
Ya son unos 50 los policías nacionales que están imputados. El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que se encarga de las pesquisas, rechazó la petición de la fiscalía de archivar el grueso de la causa en base a los establecido en la sentencia del Tribunal Supremo contra dirigentes independentistas por el ‘procés’. El fiscal razonaba que la actuación policial era “legítima”, pues lo que se pretendía era cumplir la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de impedir el referéndum declarado ilegal y “no fue dirigida hacia los ciudadanos que acudieron a votar el 1-O, sino frente a aquellos que obstaculizaron y entorpecieron la intervención”. Solo apoyó la continuación del caso por acciones “individualizadas” de seis agentes.
Petición prematura
El juez argumentó que en la causa que en la causa que investiga no se pone en cuestión “la legitimidad de la actuación policial”, sino “el modo en que esta se produjo”, y subrayó que la actuación del Cuerpo Nacional de Policía “no se ajustó de ningún modo a lo previsto en la legislación vigente, ni a los protocolos existentes ni a los estándares internacionales”. Así, el magistrado tachó de “prematura” la petición de la fiscalía de archivar la causa, puesto que todavía faltan diligencias a practicar.
El togado insistió en que los votantes “fueron arrastrados por el suelo de cualquier manera, el pelo o desde la mandíbula, arrojados escaleras abajo, pisoteados por agentes, ignorados una vez presentan heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido”. En su resolución recordó que constan 300 partes de lesiones en la causa y que en múltiples casos “los ciudadanos son tratados con absoluta falta de consideración no solo a su integridad física sino a su propia dignidad". La fiscalía recurrió este auto y se está pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva.