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Denuncian al fondo buitre Azora por cláusulas abusivas en centenares de contratos de alquiler
Una demanda interpuesta por el Sindicat de Llogaters y el Colectivo Ronda señala hasta diez cláusulas abusivas, fraudulentas e ilegales en los contratos de alquiler del tercer gran tenedor en el Estado español: el fondo de inversión Azora.
El fondo de inversión Azora es el tercer gran tenedor del Estado español. Cuenta con 13.000 viviendas en alquiler y en sus contratos se pueden encontrar hasta diez cláusulas abusivas y fraudulentas. Al menos esa es la base de la denuncia que el Sindicat de Llogater (Sindicato de Inquilinos) y el Colectivo Ronda presentaron este 7 de octubre a la justicia catalana.
Estas cláusulas, según estas dos organizaciones, contradicen la Ley de Arrendamientos Urbanos y “violan los derechos de los inquilinos”. Esta demanda judicial por la vía civil se basa en un solo contrato, explican, pero las cláusulas aparecen de “manera sistemática en centenares de contratos de alquiler” en todo el Estado.
Según cuentan desde el Sindicat de Llogaters, el proceso judicial puede alargarse hasta un año. Si la sentencia determina que la cláusulas son ilegales y atentan contra el derecho de los inquilinos, centenares de familias se podrían ver beneficiadas.
Entre las principales cláusulas que estas dos organizaciones califican de “fraudulentas” destacan las llamadas “bonificaciones”, es decir, subidas del alquiler interanuales que superan el IPC. Esta cláusula, que incluye subidas de hasta el 20%, es contraria al decreto aprobado en marzo de 2019, que prohíbe incrementos por encima del IPC.
Otra de las irregularidades denunciadas es el abono obligado de un seguro de impago, “un gasto totalmente ilegal” que solo responde a los intereses del arrendador y no del arrendatario, denuncian desde el Sindicat de Llogaters.
La posibilidad de retención de la fianza íntegra con criterios más que dudosos, la penalización por demora en la entrega de las llaves, la autorización que deben firmar los inquilinos para que el arrendador los incluya en el registro de morosos, la renuncia a derechos en caso de interrupción de suministros o el derecho del arrendador a hacer visitas periódicas a la vivienda son otras de las cláusulas consideradas abusivas, ilegales y fraudulentas.
Esta demanda se trata de la primera iniciativa del convenio entre el Sindicat de Llogaters y la Colectivo Ronda, especializado en litigios vinculados con temática laboral. Se enfrentan a unos de los grandes tenedores del Estado español, matriz de las empresas Lazora, Encasa Cibeles y Témpore Properties, que cuentan con un total de 13.000 viviendas en todo el Estado español.