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El independentismo galego resiste ante el asedio del Estado
La semana pasada se inició el juicio contra 12 independentistas procesados por la Operación Jaro de la Guardia Civil en 2015. La Fiscalía mantiene la petición de entre 4 y 12 años de prisión para los miembros de Causa Galiza y Ceivar.
Continúa el juicio contra 12 independentistas, procesados por la Operación Jaro de la Guardia Civil en 2015. En las primeras pesquisas se llego a detener a nueve personas en sus domicilios cuando se dirigían hacia sus trabajos. Se ha dado de esta manera un nuevo espectáculo mediático que trata de amedrentar al movimiento independentista, y poner a la opinión pública en su contra. Medios como “La Voz de Galicia” han reproducido a pies juntillas el relato de la Guardia Civil, una versión que sostiene cómo las personas detenidas constituirían el “brazo político” de la supuesta organización armada Resistencia Galega. De esta manera se busca suspender la presunción de inocencia, creando así una opinión desfavorable entre la opinión pública antes de que la justicia se pronuncie.
La investigación policial, que se centró en las funciones legales y públicas de los militantes, y nunca en actividades ilegales, continuó sumando detenciones. El 21 de junio de 2017, en una segunda fase de la operación, son detenidas tres militantes del colectivo contra la represión Ceivar–OPAR; dos años después, y ante los nulos indicios de vinculación a organización terrorista, cuya mera existencia está cuestionada, la Fiscalía retira la acusación de integración a banda armada. Sin embargo, en el escrito de acusación de octubre de 2019, endurece aún más su interpretación y solicita la ilegalización de las dos organizaciones — Causa Galiza y Ceivar—. Para once de los acusados pide el delito de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista, y hasta 29 delitos de enaltecimiento por la participación o asistencia a actos políticos o de recibimiento a presos independentistas, varios de los cuales finalizaron absueltos. La estrategia de la fiscalía ha sido aplicar lo que se ha denominado en entorno jurídicos como el derecho penal del enemigo, es decir: se castiga no por las acciones cometidas, sino por las que se puedan llegar a cometer. Xoan Sampedrol, del consejo de redacción de Novas da Galiza, en 2013, ya señaló a propósito de estas detenciones (para el medio digital Diagonal) que: “Se utiliza un argumento circular perfecto. La sospecha como punto de partida, la presunción de culpabilidad y la absoluta incapacidad para demostrar la no participación en algo que ellos construyen”.
Este es despliegue que se ha desarrollado hasta el momento. El pasado jueves, la Fiscalía mantuvo la petición de entre 4 y 12 años para los miembros de Causa Galiza y Ceivar; a este respecto, Juan José Pérez Lorenzo, uno de los activistas encausados, afirma haber vivido “una auténtica pesadilla” desde el inicio de la operación Jaro. Tanto Ceivar como Causa Galiza habrían ejercido su derecho a la libre expresión, insistiendo en la ausencia de enaltecimiento a la violencia durante el desarrollo de sus movilizaciones. Pérez ha señalado también que ni siquiera existe marco alguno de enaltecimiento hacia Resistencia Galega, ya que “en Galicia nadie la conoce ni sabe (de ella)” . Concluyendo que, si bien se reafirma en lo dicho, también se sabe de sobra cómo opera el tribunal en el que se encuadran los trámites en cuestión. La Audiencia Nacional, que recibía durante la dictadura el nombre de “Tribunal de Orden Público”, se ha centrado desde entonces y hasta ahora en el juicio a los diversos movimientos independentistas en el estado, así como a otros grupos de izquierda y libertarios.
Un dispositivo gubernamental, el jurídico-policial, que ya nos tiene desgraciadamente acostumbrados a centrar sus investigaciones, procesos, y pesquisas en las mismas ideologías de siempre.