Investigan a varios agentes de la Policía Nacional por trato humillante a dos mujeres migradas

Investigan a varios agentes de la Policía Nacional por el presunto trato humillante a dos mujeres migradas

La Delegación del Gobierno en València investiga si varios funcionarios de la comisaría de la Policía Nacional de Paterna (Horta Nord) humillaron e intimidaron a dos mujeres migradas que intentaron tramitar el DNI para sus bebés. Una grabación prueba como los agentes dificultaron los trámites y, además, impusieron una multa de 501 euros a una de las afectadas e iniciaron un expediente de expulsión a la otra por encontrarse en situación administrativa irregular.

 Hace unos días, Sandra y Lucia —quienes prefieren utilizar un nombre ficticio—, atendidas en el programa de atención de trato no discriminatorio de València Acull, denunciaban públicamente el trato humillante e intimidatorio que habían recibido por parte de varios agentes de la Policía Nacional española de Paterna (Horta Nord). Las dos mujeres intentaran tramitar el DNI para sus hijos, pero el intento acabó con una sanción de 501 euros para la primera y con la apertura de un expediente de expulsión para la segunda por encontrarse en situación administrativa irregular.

El 3 de noviembre, Sandra fue a la comisaría de Paterna, situada en la calle Les Roses, a tramitar el DNI para su hijo, pero le dijeron que volviera el día siguiente, ya que según le comunicaron, los funcionarios que podían tramitar su gestión no estaban disponibles. Alrededor de las cuatro de la tarde del 4 de noviembre, Sandra hacía cola con su bebé en los brazos para tramitarle el DNI. Un policía le indicó que pasara para esperar su turno. Según relata Sandra, otro policía, al margen de la tramitación que ella quería hacer, le preguntó de dónde era. Ella le respondió: “De Colombia”. “Me preguntó con qué finalidad iba a la comisaría y yo le contesté que quería sacar el DNI a mi bebé. Y él me respondió: ‘Sal de la cola. Tu hijo no es español, no tiene derecho a sacarse el DNI’”.

Después de que Sandra volviera a explicar su situación, llegó otro agente, quien le recordó que es encontraba en situación administrativa irregular y le preguntó si tenia el pasaporte. Sandra respondió que sí. Según relata la afectada, el agente empezó a amenazarla con iniciar un expediente de expulsión. “Me quedé, obviamente, asustada, esperando a ver qué sucedía. Me dijeron que lo acompañara a la oficina”, narra.

Una vez dentro de uno de los despachos de la comisaría, según relata València Acoge en la denuncia, el funcionario le dijo: “Es una tontería que te haga una orden de expulsión, cuando en un día, dos o una semana, tu hijo tendrá la nacionalidad y me pedirás el [permiso de residencia] de familiar comunitario. Entonces, te pondremos una multa”. Y continuó: “Además, tienes toda la suerte del mundo, porque hasta hace pocos días solo se podía proponer la expulsión”. El agente hacía referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 8 de octubre, con la que se impide expulsar persones migradas solo por estar en situación administrativa irregular.

Sandra recuerda que se encontraba muy angustiada e intentaba explicarle su situación de vulnerabilidad. En ese momento, el funcionario le preguntó por el padre del niño, quien también es colombiano y solicitante de asilo. “Como todos, como todos…”, le recriminó el agente haciendo referencia al hecho de que las personas migradas “se aprovechan” de la legislación española. Tal como se constata en el audio que registró la conversación, el policía le dijo: “La ley española dice que tu hijo no debería ser español, pero tú te aprovechas, una vez más, de la ley de tu país. Ahora tendrás que pagar una multa”.

Minutos más tarde, después de terminar con la documentación, el funcionario le volvió a explicar la sanción que le estaba imponiendo y le comunicó que disponía de quince días para presentar alegaciones. En ningún momento le informó del derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita. Tal como ha denunciado València Acull, el funcionario le esgrimía: “Te recomiendo que no lo hagas, básicamente, por una cosa muy sencilla: un abogado te cobrará dinero. Ahora haré una copia de tu pasaporte, donde hay un sello de entrada del 28, y aquí no hay más. Puedes alegar lo que quieras, pero es lo que hay”. Con estas palabras, el agente le dio a entender que tendría que estar agradecida porque no la hubiera detenido, y proponía la cuantía de multa mínima de 501 euros.

Así pues, el funcionario incumplió la normativa de no hacer valoraciones sobre el caso que estaba instruyendo. Para acabar, el agente afirmó: “Has estado trabajando; no has estado cotizando; no has estado pagando la Seguridad Social; si te has puesto enferma, has ido al médico. Al final es lo que hay, tú te has aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios. Pues ahora te toca pagar 500 euros. Mira, después de todo lo que has recibido, pagar 500 euros tampoco es tanto. […] Llora todo el que quieras, di que todo esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando y es lo que hay”.

Una situación muy parecida le ocurrió a Lucía, que tan solo una semana antes, el 30 de octubre, había ido a la misma comisaría para tramitar el DNI a su hijo. Ninguna de las dos se esperaba que el último trámite para obtener la nacionalidad española de sus hijos acabaría con el trato humillante e intimidatorio por parte de los agentes. “Fui con todos los documentos en regla, con todos”, insiste Lucía. Y continúa: “Me pidieron los papeles y me empezaron a preguntar por qué no tenía documentación”.

Rápidamente, se la llevaron para incoarle un expediente de expulsión. La respuesta del funcionario fue inmediata: “Tú eres colombiana, tu hijo también, y no puede tener DNI español”, a pesar de que Lucía le mostró el documento de presunción de la nacionalidad española. El Código Civil español establece la nacionalidad por presunción cuando el país de origen de los progenitores no la concede la nacionalidad a los hijos si nacen en el extranjero, como es el caso de Colombia. El artículo 17 determina que “se presumen nacidos en territorio español los menores de edad el primer lugar de estancia conocido de los cuales sea territorio español”. Aun así, los agentes le aseguraron que ninguna documentación que aportaba “era válida”, relata.

Pocos minutos después, tal y como se relata en la denuncia, este agente empezó a hacerle preguntas personales innecesarias para el procedimiento que estaba instruyendo, como por ejemplo quién era el pare, la nacionalidad de él o como habían llegado al Estado español. En esta ocasión, el policía concluyó el procedimiento con una propuesta de expulsión, “que vulnera lo establecido por la sentencia del TJUE y, además, no la dirigió a hacer el trámite del DNI, que era el motivo por el cual Lucía había acudido aquel día a la comisaría”, describe València Acull en la nota de prensa.

Lucía consiguió obtener la documentación para su bebé en la comisaría de Mislata, donde la policía le dijo que sus compañeros de Paterna “no deberían haberle hecho eso”. Y sentencia: “La verdad es que lo que me ocurrió en la comisaría de Paterna fue horrible, denigrante, humillante”. Una abogada de oficio presentó las alegaciones y el expediente de expulsión fue archivado.

Abren una investigación

Unas semanas después de la denuncia pública de estos dos casos y del eco mediático que han tenido, Glòria Calero, delegada del Gobierno en València, ha abierto una investigación y ha pedido un informe interno para depurar posibles responsabilidades, tal y como avanzó Europa Press.

Los posicionamientos públicos de los representantes políticos son diversos. Pilar Lima, coordinadora y diputada de Unidas Podemos, ha pedido la comparecencia de la Delegada del Gobierno en les Corts, y desde su grupo explican que lo sucedido en Paterna “es grave”, y “por eso nos alegramos de que Delegación haya pedido un informe para depurar responsabilidades”. Y añaden: “Las persones migrantes continúan sufriendo todo tipo de discriminaciones y violencias en nuestra sociedad, más todavía siendo mujeres, y es algo que se debe combatir”.

Desde València Acull —entidad que también ha celebrado la investigación abierta—, CEAR, la Fundación CEPAIM y los colectivos Movimiento por la Paz y Movimiento contra la Intolerancia, en una carta enviada a la Delegación, exigen que “cesen este tipo de prácticas en la comisaría de Paterna y en cualquier otra dependencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”. Por eso, piden que sancionen a los responsables y se dicten instrucciones precisas para que no vuelva a pasar en ninguna otra institución del Estado español.

 Artículo publicado originalmente en La Directa.