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Los pobres molestan y no son bien vistos por las instituciones
En fechas recientes hemos solicitado una entrevista con el director provincial de la Seguridad Social, con el director de la oficina local de Mérida, y con la delegada del Gobierno.
Las asociaciones Campamento Dignidad y Mérida Solidaria tenemos todo el derecho del mundo a que se nos reciba y toda la obligación de exigir soluciones. Tanto una Asociación como la otra, trabajamos y realizamos una importante distribución de alimentos a familias con problemas de pobreza y en muchos casos, próximas a la exclusión social. A su vez, nos consideramos con el derecho de organizar, movilizar y representar a este importante colectivo de miles de personas que están sufriendo las consecuencias del retraso del IMV.
Además de las entrevistas con los representantes de la Seguridad Social en la provincia de Badajoz y Mérida, también la hemos solicitado a la DELEGADA del Gobierno como máxima representante de las diferentes instituciones gubernamentales en Extremadura.
Con estas peticiones de diálogos queremos realizar una serie de contactos que iniciaremos en fechas próximas con la Dirección General de la Consejería que gestiona todo lo relacionado con las ayudas sociales, mediante entrevista telemática. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y dialogar con todos los grupos sociales, con sus representantes, con carnet y sin carnet, esa es nuestra obligación y nuestro derecho.
La pandemia del COVID-19 está imponiendo toda una serie de limitaciones a los encuentros físicos y las reuniones con algunas instituciones sean de manera telemática, lo que muy bien pudiera ser en estos casos citados.
Posteriormente, queremos continuar los encuentros con diferentes entidades institucionales, políticas y sociales de la Comunidad con el objetivo de conocer y reflexionar sobre los datos que reflejan el estado de la situación económica-social de muchas familias extremeñas, así como las posibles soluciones a lo que hay y a todo lo que viene, que no es poco. La realidad extremeña presenta unos porcentajes de pobreza superiores al 30% de la población, aproximadamente más de 300.000 personas, mientras que en un estado de pobreza severa hay más de 100.000 personas. Las políticas sociales de la Junta de Extremadura están sufriendo recortes importantes. Las políticas de empleo social en los pueblos se reducen prácticamente a la mitad que en el año anterior, las cantidades destinadas a ayudas sociales se reducen en la tercera parte y en la dependencia, de por sí ya bajos mínimos, se supera la profundidad del corte. Mientras tanto, las ayudas y subvenciones a la tauromaquia y a otros gastos que aumenten el consumo inútil no cesan.
Nuestra idea es la de aportar soluciones a los problemas más frecuentes que azotan a los grupos sociales más desfavorecidos, desde las solicitudes del ingreso mínimo vital, los problemas de la vivienda, los desahucios, cortes de suministros básicos hasta el enorme desempleo. En unos casos se necesitan medidas presupuestarias y en otros, detener la ferocidad de las grandes compañías eléctricas y de suministros básicos que se ensañan con el bolsillo de las clases trabajadoras. El gobierno de Vara no reacciona y muestra su cara amable con quienes se llevan el trabajo y la riqueza del pueblo extremeño.
En el caso concreto del Ingreso Mínimo Vital, Mérida Solidaria y Campamento Dignidad llevamos denunciando la gestión y tramitación lenta e irresponsable de lo que la iniciativa gubernamental proyectaba como la medida estrella del gobierno y que está quedando en una verdadera chapuza.
Como todo el mundo sabe hay múltiples problemas que están revelando la inoperancia del Ingreso Mínimo Vital. En algunos casos son trámites burocráticos los que retrasan e impiden una resolución efectiva de las solicitudes y en otros, es la aplicación de la normativa la que conduce a que se aprueben cantidades irrisorias o se rechacen solicitudes de personas con verdadera necesidad.
Este estado de cosas está originando una terrible frustración en los grupos sociales más frágiles y precarizados que son quienes han recurrido a esta medida gubernativa. La situación de atasco administrativo debe haber llegado a tal punto que no es de extrañar que en estos días desde el Ministerio de la Seguridad Social comiencen a sentir la necesidad de realizar ciertas modificaciones en el reglamento del IMV que eliminen burocracia y aceleren las resoluciones positivas.
Entendemos que es una obligación, sin traumas ni contratiempos, de que quienes están al frente de las instituciones públicas y representan a una administración, democrática, abierta y receptiva, escuchen a grupos de ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas de relevancia considerable que les impiden un mínimo bienestar.
