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El Sindicato de Inquilinos denuncia las prácticas abusivas de CaixaBank
El lema de La Fundación La Caixa, “110 años de compromiso social”, choca a diario con la prácticas antisociales que este banco comparte con los fondos buitre, según denuncian desde el Sindicato de Inquilinos.
CaixaBank es uno de los caseros más grandes del Estado español con 25.000 viviendas en alquiler. Ahora a través de InmoCaixa, que gestiona los activos de la Fundación de esta entidad que hace gala de “compromiso social” ha iniciado un proceso de “desahucio invisible” de 500 familias a través del “aumento desproporcionado y abusivo de las rentas y la elevación de los baremos de acceso a un nuevo contrato de arrendamiento”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid.
Los habitantes de estas 500 viviendas de CaixaBank, situadas en los barrios madrileños de Pinto, Vallecas y Vicálvaro, han decidido plantarle cara al que en breve será el mayor banco de España. Las condiciones de arrendamiento, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos, nunca fueron sociales “como lo evidencian las cláusulas abusivas” que obligan al arrendatario a pagar el IBI o el seguro de caución. Ahora, en plena crisis sanitaria y social, el gigante bancario ha decidido utilizar la fecha de renovación de los contratos para expulsar a las familias que no puedan o no acepten el aumento del precio.
Ante los intentos de los vecinos de negociar, CaixaBank se ha “limitado a tratar de inocular el temor y la incertidumbre” amenazando con la pérdida de bonificaciones en el nuevo contrato si se acogían a la prórroga de los seis meses decretada por el Gobierno por la crisis del covid-19
Desde este sindicato acusan a la entidad de haber adoptado “los mismos comportamientos antisociales de los fondos buitre” obligando a familias que llevan 15 años en esas viviendas a tener que elegir entre buscarse otro lugar donde vivir o apretarse aún más el cinturón “para aumentar la cuenta de beneficios de la entidad mientras ofrecen en sociedad una imagen impoluta de su Fundación patrocinando proyecto de carácter social”.
Según señalan desde el Sindicato de Inquilinos, estos incrementos son “aumentos progresivos encubiertos”, una modalidad prohibida explícitamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, denuncian, la propiedad ha repercutido impuestos que generalmente son asumidos por el arrendador y se ha desentendido de las labores de mantenimiento, algo que ha llevado a los inquilinos a “asumir costes imputables a la propiedad” para que las viviendas sigan siendo habitables.
Ante los intentos de los vecinos de negociar, CaixaBank se ha “limitado a tratar de inocular el temor y la incertidumbre” amenazando con la pérdida de bonificaciones en el nuevo contrato si se acogían a la prórroga de los seis meses decretada por el Gobierno por la crisis del covid-19. La entidad, indican, también amenazó a los inquilinos con demandas judiciales de desahucio o por injurias por las pancartas colgadas por algunos vecinos para dar a conocer las prácticas del banco.
Cuando queda apenas un mes para que concluya la fusión entre Bankia y CaixaBank, los 20.000 millones de euros con las que se rescató a la entidad madrileña acabarán en manos de una entidad privada, denuncian desde el Sindicato de Inquilinos, “que no solo está ninguneando la función social para la se concibió la Fundación La Caixa, sino que como tal, goza de unos privilegios fiscales que chocan frontalmente con un ánimo de lucro desmedido y voraz como el que están demostrando en la gestión de estos 500 hogares”.
En coordinación con otro centenar de viviendas en Hospitalet de Llobregat, con quien comparten la experiencia de tener a CaixaBank como casero, los vecinos de estas cuatro promociones tienen prevista una movilización este 10 de febrero junto al Sindicat de Llogaters.