El sacrificio colonialista del pueblo saharaui

Al pueblo saharaui le ha llegado el mensaje de que no pinta nada en el mundo, hasta el extremo de que también se le niega un lugar en el mapa: los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, han quedado reducidos a inhóspito refugio en medio de la nada, predispuesto para que los mandamases del mundo arrojen a los saharauis por el sumidero de la historia. Especialmente ominoso es el papel que le toca hacer a España en la terrible injusticia que, a la vista de todos, se comete con el pueblo saharaui. No es papel sobrevenido a resultas de alguna lotería de la historia. Es la función que el Estado español ha de desempeñar una vez que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asume que el plan de Marruecos de 2007 para una autonomía del Sáhara Occidental es solución "seria, realista y creíble" para el conflicto que se viene dando entre ese Estado, que pretende hacer valer su soberanía sobre el territorio en cuestión, y la constituida República Árabe Saharaui Democrática que reivindica su independencia.

La desvelada opacidad del alineamiento de España con Marruecos ante el conflicto del Sáhara Occidental

Volteando la política de Estado que España ha venido desarrollando durante casi cincuenta años -defender la necesidad de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación como clave establecida por las resoluciones de la ONU para culminar un proceso de descolonización perversa y violentamente obstaculizado por el régimen marroquí-, el presidente del gobierno español se ha alineado con la posición de Mohamed VI, el rey dictador de Marruecos, que desde su absolutismo político logra culminar la "Marcha Verde" que en 1975 promovió su padre, Hassan II, para ocupar ilegalmente el territorio cuya anexión su hijo se dispone ahora a consagrar. Lamentablemente, al atropello del pueblo saharaui se añade, por lo que tal decisión supone, lo que para España es una humillación notoria, por mucho que se revista de ventajas presentadas como contrapartidas de un pacto que, además, se exhibe como respaldado por razón de Estado. Tras décadas de ninguneo de España como "potencia administradora", con papel asignado por el derecho internacional en la descolonización del Sáhara Occidental, la política de chantaje permanente llevada a cabo por los sucesivos gobiernos marroquíes consigue ahora su objetivo, en un contexto global fuertemente tensionado por la invasión rusa de Ucrania -la imperialista "guerra de Putin"-, que no deja de recordar cómo se inició en el ya mencionado 1975 la apropiación de lo que era colonia española cuando, despotenciada como metrópoli, se hallaba políticamente bloqueada ante una incierta transición en días en que el dictador Franco daba sus últimos estertores.

La gota ofensiva en el amargo trago que se ofrece a la ciudadanía española la pone un comunicado de la Casa Real de la Corona alauita que da cuenta del escrito del presidente Sánchez. Lamentablemente, hay que hablar de opacidad desvelada, lo cual pone en evidencia una grave carencia de sensibilidad democrática al dar ese paso de forma ajena a los pactos de Estado que constantemente se invocan, a procedimientos parlamentarios previos, a deliberación en el seno del gobierno y dejando al margen al mismo PSOE con todas sus resoluciones congresuales en sentido contrario a la decisión que ahora se ha conocido. Lo cierto es que como paso previo en los preparativos de esta actuación, fue nombrado el señor Albares ministro de Exteriores, una vez descabalgada de ese puesto la señora González Laya tras las quejas subidas de tono por parte de Marruecos por la atención hospitalaria prestada en España a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, por razones humanitarias. Nunca olvidaremos la respuesta inhumana dada por el régimen de Marruecos alentando a miles de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, a una peligrosa entrada en Ceuta como masivo movimiento migratorio: habitual pauta del chantaje, en esta ocasión poniendo en peligro la vida misma de quienes se lanzaron al mar para tan riesgosa aventura. Mientras que González Laya sigue apelando al marco de Naciones Unidas y a la legalidad internacional para abordar el conflicto de Marruecos con el Sáhara, el ministro Albares se dedica a "vender" -es lo que hace en esa zona de solapamiento entre diplomacia y cinismo en la que con tanta satisfacción se sitúa- las ganancias para España del negocio que supone el alineamiento en torno a la supuesta autonomía del Sáhara. Tal alineamiento, no respondiendo a un pacto serio, presenta flancos a todas las objeciones habidas y por haber respecto a la viabilidad de instituciones con autonomía para el Sáhara, como se puede argumentar a la vista de la represión del movimiento por la autonomía en el Rif, sin ir más lejos.

Se pueden hacer algunas objeciones al respecto de la presunta cualidad "realista" del plan que se apoya. Es importante tener presente la justificación que desde la presidencia del Gobierno se ha hecho de la nueva línea adoptada: con ella se inicia una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos, países vecinos llamados a colaborar, lo cual, como se dice textualmente en comunicado hecho público, redundará en "garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países". Eso tiene concreción, como todo el mundo sabe, principalmente en tres cuestiones: freno a las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, acuerdos económicos como son los relativos a pesca, y control de migraciones, punto cada vez más delicado que a España interesa sobremanera, máxime cuando la UE cuenta con Frontex, pero no con política migratoria que pueda considerarse tal.

Nadie dirá que las cuestiones señaladas son baladíes. Es cierto que son de máximo interés y pueden contemplarse como razones de Estado. Ahora bien, ¿todo ello es un bloque de razón de Estado que constituye motivo suficiente para cambiar toda una política de Estado, hasta el momento respetuosa con los derechos del pueblo saharaui, resoluciones y actuaciones de la ONU y doctrina de organismos internacionales, y que a partir de este momento deja de serlo? ¿No hay otros caminos para abordar el conflicto y para lograr acuerdos en torno a los puntos que preocupan a España? Ni siquiera se ha debatido esto políticamente, lo cual es aún más sorprendente cuando la decisión tomada por el Gobierno español supone una escisión al respecto en su seno, una previsible carencia de apoyo parlamentario, la imposibilidad de unidad en torno al gobierno en momentos difíciles por la guerra en Ucrania, los problemas de suministros y las dinámicas inflacionistas de la economía con sus repercusiones sociales. Si a ello se suma las sombras que se ciernen sobre las relaciones con Argelia, aliada del Polisario, de quien dependemos en la mayor cuantía del gas que necesitamos, las supuestas ventajas empiezan a palidecer. Y lo que debiera considerarse en primer plano: el pueblo saharaui queda en la estacada, con sus años de lucha y con sus activistas, ellos y ellas, acosados, detenidos y a veces torturados en prisiones marroquíes. ¿Y dónde queda el apoyo recibido por la comunidad saharaui desde la sociedad española? ¿Reducido a un humanitarismo sin correlato político alguno?

Una España con dependencia neocolonial sacrifica injustamente al pueblo saharaui por razón de Estado

El fondo de todo lo que nos ocupa y preocupa tiene que ver, sin duda, con las mismas presiones recibidas por el gobierno español respecto al contencioso del Sáhara en los últimos tiempos. Ya se ha dicho que desde la UE quería evitarse un frente conflictivo en el sur de Europa cuando en el este se tiene la invasión rusa de Ucrania, con todo lo que supone, además de las consecuencias humanas de una guerra marcada por la barbarie criminal impulsada por Putin, en cuanto a cuestionamiento radical del orden global en el que hasta el momento estábamos. Sí, es asunto mayor, que no quita pensar en que en ese contexto pudiera haberse entrevisto alguna jugada desestabilizadora de Mohamed VI, al estilo de lo que es tradición en la monarquía alauita. De ahí que haya que contentar al sátrapa, del que Europa viene a decir que es nuestro sátrapa, sobre todo debido a su papel en la contención de la inmigración. Y si todo ello ha pesado sobre el presidente Sánchez, la incidencia se acrecienta desde que el presidente Joe Biden hace suya la decisión de su predecesor en la presidencia de EEUU: Trump reconoció la soberanía marroquí del Sáhara, contrapartida al reconocimiento del Estado de Israel por Marruecos.

Conclusión: el pueblo saharaui quedó condenado una suerte parecida a la del pueblo palestino, que se cifra en expulsión de sus tierras y expolio de sus riquezas, soportando procesos de limpieza étnica y durísimo apartheid. Israel, lo peor en cuanto a Estado colonial, queda como modelo para Marruecos. Y España entra en el juego, contribuyendo a que el pueblo saharaui, como ya apuntó hace años Yolanda Sobero, buena conocedora de su trayectoria, se vea condenado al olvido. Después de todo, allá por 2008, a diferencia de las posiciones sostenidas por James Baker a favor de la causa saharaui a tenor del derecho internacional, cuando fue representante del secretario de la ONU para el Sáhara Occidental, otro enviado de la ONU para encauzar el conflicto, el holandés Van Walsum, se mostró partidario de que los saharauis renunciaran a sus reivindicaciones independentistas y se avinieran a la fórmula marroquí. Incluso Zapatero se apuntó a tal camino, como estos días él mismo recuerda -obviando presupuestos y conclusiones de lo que entonces él promovió como "diálogo de civilizaciones"-.

Con tales antecedentes, y en las circunstancias en que estamos, el presidente Sánchez se suma al entierro de lo que ha sido la legítima causa saharaui. A la presidencia del Gobierno, desde sus comunicados, solo le falta citar a los clásicos de la razón de Estado, empezando por Giovanni Botero y su Della ragion di stato (1598). Bien es verdad que cabría recordar, como contrapeso, a clásicos de nuestro barroco hispano, como Francisco Suárez o el mismísimo Saavedra Fajardo, reticentes frente a una razón de Estado que fácilmente podría extralimitarse si no se ve contenida por leyes y por la prudencia de quien la invoca y la aplica. Son las malas aplicaciones de la misma las que llevaron a Baltasar Gracián a identificar, en El Criticón, la razón de Estado con la "razón de Establo", con argumentos -entonces antimaquiavélicos- que ponían límites a medios, y más si son inmorales, incluso aunque fueran para un buen fin. Lo cierto es que los fines que el gobierno de España espera alcanzar -y cabe decir que con exceso de confianza, sabiendo cómo las gasta el monarca cuasiabsoluto del país vecino- no justifican aplicar como medio una dura lógica sacrificial al pueblo saharaui.

Si de los siglos XVI y XVII pasamos al XIX nos encontramos, en cuanto a esa lógica sacrificial, con la rotunda afirmación hegeliana de que la historia es "el ara ante la cual han sido sacrificadas la dicha de los pueblos, la sabiduría de los Estados y la virtud de los individuos". ¿Para qué ese enorme sacrificio? Hegel, con su confianza en la historia como progreso, para el cual las vidas de los individuos son solo medios, no hacía ascos al curso de la historia, aunque ésta fuera "un matadero". Por fortuna, desde Franz Rosenzweig hasta Walter Benjamin y otros muchos y muchas después, no han aceptado la resignación ante tan despiadada visión de la historia, por mucho que los hechos vengan a presentar una y otra vez alardes de la ley del más fuerte -la que ya cuestionaba Sócrates frente a Gorgias en los diálogos platónicos-. ¿Por qué aquí y ahora no hay capacidad de resistencia, por parte de quien está al frente del gobierno español y, al fin y al cabo, de todo él en su actuación colegiada, frente a la injusticia que se comete con el pueblo saharaui?

No hay que olvidar de qué historia venimos y en qué momento estamos. España, que siglos atrás tuvo imperio colonial, a finales del XIX, cuando perdía los últimos enclaves de aquel, se hizo cargo como potencia colonial, por más que venida a mucho más que menos, de diversos territorios en África, entre ellos lo que se llamaría Sáhara Occidental. La cuestión es que, perdiendo esos territorios a lo largo del siglo XX, su debilidad se hizo patente, máxime en las condiciones del régimen franquista con el dictador moribundo. Y el otro régimen, el de Marruecos, como se indicó, aprovechó las circunstancias. Hoy vuelve a hacerlo, frente a una España democrática y que forma parte de la Unión Europea. Con el componente de chantaje por parte de Marruecos y de humillación por lo que se refiere a España, la conclusión que cae no puede ser relativa más que a nuestra debilidad. Esta se disimula externalizando nuestro fracaso político y diplomático sacrificando al pueblo saharaui, y para más inri en un momento en el que es contradictorio oponerse, y ello con buenas razones, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, a la vez, transigir con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

El proceder de España a manos de la decisión de su presidente del Gobierno revela una vez más una posición internacional débil, incluso en el seno de la UE. De suyo, que España se pliegue ante Marruecos una vez más ocurre cuando este ya ha seducido a Alemania respecto a su propuesta, y contando siempre con el apoyo de Francia. La primera es el centro por antonomasia de la arquitectura europea, en la cual somos periferia, y la segunda no se apea de ínfulas colonialistas a pesar de todo lo transcurrido desde la guerra de Argelia. No tuvieron suficiente eco las denuncias de Aimé Césaire y Frantz Fanon, y al carro del neocolonialismo se sigue subiendo quien puede, aun en medio de reconfiguraciones del desorden mundial. Y entre Marruecos, que aun con sus dependencias actúa colonialmente respecto al Sáhara -estamos en la "colonialidad del poder" a nivel global, como cabe decir recordando a Aníbal Quijano-, y las metrópolis neocoloniales que van desde EEUU hasta Alemania en Europa y Francia en tanto sigue su partida en el campo Magreb y África subsahariana, España, de imperio colonial viniendo a parar a país neocolonizado, actúa queriendo salvar los trastos sin poder ocultar su posición subalterna. De aquí a un tiempo todo será distinto en el mundo del siglo XXI, pero se recordará a España -no solo pero también-, por ser oficiante del sacrificio colonial al que se sometió al pueblo saharaui. Adelantándonos al futuro, en ejercicio de memoria anticipadora, cabe decir que queda la tarea de oponerse a la injusticia que se comete.

CTXT