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Cuando el abuso prima sobre las libertades
Cuando el abuso prima sobre las libertades: el derecho del Estado a abusar de las personas en absoluta intimidad
En España se está atacando la libertad de prensa y el derecho a la información. El gobierno español, a través de la fiscalía, está sometiendo a un continuo acoso a aquellas expresiones de denuncia que ponen en entredicho a la Administración o a cualquiera de sus agentes: fuerzas de seguridad, agentes judiciales o cualquier administración que atente contra los derechos más básicos. El delito de "revelación de secretos" se aplica a los denunciantes de corrupción o a quienes denuncian con la imagen las actuaciones que vulneran derechos humanos. El caso de Guadalajara, motivo inicial por el que decidimos hacer este acto, no es una excepción.
El pasado 26 de marzo de 2019, una Comisión Judicial acudía rodeada de agentes de la policía local y nacional de Guadalajara a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en el Barrio del Alamín. En ella vivían una pareja de jóvenes de 17 y 19 años, y un bebé de pocos meses. El desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres. Varios vecinos y activistas de la PAH, sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo. La respuesta de la Administración ha sido contundente: el delito no es dejar a una familia en la calle, el delito es señalar a los responsables. La Fiscalía Provincial de Guadalajara solicita para Diego, uno de los activistas de ese barrio, una pena de cuatro años y medio de prisión por fotografiar y difundir las imágenes de los agentes judiciales.
El aumento de los procesamientos en virtud del artículo 197 del Código Penal se produce en un contexto en el que el marco para señalar a los responsables de los abusos es cada vez más estrecho. El contexto de crisis económica que partió en 2008 y que se viene agudizando especialmente desde 2018, lleva aparejado un incremento de la acción estatal orientada a prevenir movimientos sociales y estados de opinión contrarios a las medidas que hay puestas en marcha. Y ello conlleva que denunciar el abuso, protestar por él o poner en entredicho la legitimidad de determinados poderes públicos, herramienta indispensable del derecho a la libertad de expresión e información, está siendo cada vez más una actividad de riesgo y peligrosa para quien lo ejerce.
En una decisión insólita y que trascendió a la prensa nacional como un acto de descarada censura, el Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara ordenó a Twitter borrar una de las fotografías obtenidas en aquel desahucio y prohibió a la PAH, con carćater general, tomar fotografías de desahucios donde intervengan los agentes judiciales. Asimismo, requirió a la red social el listado de activistas que hacían uso de la cuenta de la PAH de Guadalajara.
Twitter no entregó esos datos al Juzgado. Consideraba que las actuaciones de los activistas estaban ejercidas en el marco del derecho a la libertad de expresión, y por tanto protegidas por la Constitución de Estados Unidos, lugar donde la empresa tiene su sede. El 13 de junio de 2019, Diego fue llamado a declarar. En un interrogatorio surrealista, la jueza de instrucción, Cristina Vicenta Guerra Pérez, que se había hecho eco de la repercusión de sus medidas, llegó a advertir a nuestro compañero que "no estaba yendo por buen camino". Se le acusaba de atentar contra la intimidad de los funcionarios judiciales que practicaron el desahucio.
En efecto, ésta es la respuesta de la Administración cuando se denuncia un acto de barbarie, como es el dejar a una familia con un bebé en la calle. Esta limitación y reducción del espacio para denunciar e informar de los abusos que practica al Estado representa una de las amenazas más graves para la defensa del derecho a la información, y también a la protesta. Aplicar el tipo penal de la llamada "revelación de secretos" a cualquier abuso que las personas puedan documentar y difundir abre la puerta a que esos abusos se generalicen, como está sucediendo.
En noviembre de este año Alfonso Galiana ha sido condenado a dos años y medio de prisión por denunciar y difundir las imágenes de una contención mecánica -instrumento de tortura, según Naciones Unidas- de un joven recluido en un Centro de Menores de Almería, práctica ejercida por sus vigilantes de seguridad, que sin embargo fueron absueltos por estos hechos. Diferentes denunciantes de corrupción en España sufren un calvario judicial por sacar a la luz las prácticas de diferentes estamentos oficiales. Desnudar la realidad de un Estado cada vez más avasallante de nuestros derechos puede salir caro, si no lo impedimos.
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Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara