Avances y límites del programa de gobierno de Lula

Las directrices del programa de gobierno de la candidatura Lula-Alckmin, divulgadas el 21 de junio, presentan, en un texto con 121 puntos, el sentido correcto de reversión de las políticas del gobierno de Bolsonaro en las más diversas áreas y la aplicación de medidas a favor de la justicia social y la preservación del medio ambiente y de un modelo económico con mayor participación del Estado.

Hay importantes puntos concretos, entre ellos, la defensa del fin del Techo de Gasto Público, la revalorización real del salario mínimo, una reforma fiscal progresiva y un plan de obras públicas en materia social y de infraestructuras para generar empleo y desarrollo económico. También cabe destacar la justa oposición a la privatización de Eletrobrás, Petrobrás y Correos.

Sin embargo, hay retrocesos y ausencias, así como varios puntos imprecisos. Aunque el documento se estructura en torno a la necesaria crítica de lo hecho por el gobierno de Bolsonaro, no hay defensa de la derogación de algunas medidas centrales ejecutadas desde el golpe contra Dilma, en 2016.

Las directrices no hablan, por ejemplo, de la reanudación de los derechos suprimidos por la Reforma de la Previsión Social aprobada en 2019. La defensa de la derogación de la Reforma Laboral fue sustituida por una declaración mucho menos directa y comprometida, en la que se habla únicamente de la retirada de los «marcos regresivos» de la actual legislación laboral, sin citar cuáles serían esos puntos perjudiciales. No se defiende la anulación de las privatizaciones y ventas de activos públicos realizadas en el último periodo, como las refinerías y filiales de Petrobras.

En la versión presentada, quedó ausente también la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. El texto tampoco menciona la creación de un ministerio de los pueblos indígenas y es muy vago en cuanto a las políticas concretas para combatir el racismo estructural en sus diversas facetas. No se defiende, por ejemplo, un cambio radical del modelo policial en el país, aspecto clave en el proceso de genocidio de la juventud negra en las periferias y favelas.

En la cuestión ambiental, hay avances que cabe destacar, como la mayor centralidad dada a la protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas y quilombolas (comunidades negras originadas en los quilombos durante la época esclavista). Pero también hay retrocesos y ausencias. La propuesta de deforestación cero fue sustituida por la de «deforestación líquida cero», un paso atrás. Y no hay un compromiso explícito con la demarcación de todas las tierras indígenas y quilombolas.

Alckmin y Lula.

En las alianzas con la derecha y sectores de la clase dominante, no habrá cambios estructurales

Las directrices del programa de gobierno de Lula contienen, como hemos visto, varios puntos positivos, pero también varios retrocesos y ausencias importantes. Sin embargo, la cuestión primordial no es lo que está o no está en el documento. Al fin y al cabo, el papel lo contempla todo. El punto nodal es el pacto político y social que se está construyendo para gobernar, en caso de ganar las elecciones.

En las últimas semanas, según lo informado por la prensa, Lula y Alckmin han tenido varias reuniones y «cenas» con grandes empresarios. El objetivo es sortear la desconfianza de las élites en relación con el proyecto de la fórmula. Alckmin incluso se reunió recientemente con Michel Temer para tender puentes con el MDB. Según las noticias, el ex PSDB negó al golpista que vaya a haber una derogación de la Reforma Laboral, sino sólo algunas revisiones puntuales.

Las alianzas con sectores de la derecha, como Alckmin, sectores del MDB y otras fuerzas burguesas, pueden ser útiles para gobernar dentro de los parámetros permitidos por la clase dominante y su régimen de dominación. Pero hacen imposible los cambios estructurales a favor de las mayorías explotadas y oprimidas. Por la sencilla razón de que las élites brasileñas aseguran su monumental riqueza y sus privilegios seculares sobre la base de un agresivo patrón de explotación y opresión de la mayoría del pueblo, con énfasis en el papel que juega el racismo estructural.

En tiempos de crisis económica y con la presencia de una extrema derecha con influencia de masas (el bolsonarismo seguirá siendo una potente fuerza política aunque pierda las elecciones de este año), será muy difícil que un nuevo gobierno de Lula encuentre las condiciones económicas, sociales y políticas que le permitieron complacer, durante los gobiernos petistas de conciliación de clases, entre 2003 y 2013, tanto a los más ricos como a los más pobres. Cuando los tiempos de bonanza terminaron, la burguesía pasó a desestabilizar el gobierno de Rousseff (en 2014 y 2015) y luego al golpe parlamentario (en 2016), instalando el gobierno de Temer y abriendo las puertas a Bolsonaro.

Por tanto, un programa de reversión de la herencia golpista y de cambios estructurales, en beneficio del pueblo trabajador y oprimido, requiere una estrategia política diferente, que pasa por una apuesta por la organización y movilización popular de las masas para cambiar la relación de fuerzas sociales y políticas en el país (que debe activarse ahora ante las amenazas golpistas de Bolsonaro). Esto se traduce en la lucha por un gobierno de izquierda sin alianzas con sectores de la clase dominante y la derecha, que garantice la «gobernabilidad» con y por la fuerza del pueblo.

El PSOL debe reforzar esta perspectiva estratégica y programática, que es crítica con la conciliación de clases. En este sentido, las declaraciones exageradamente elogiosas (sin ninguna crítica o diferenciación) del presidente del partido, Juliano Medeiros, a las directrices del programa de gobierno Lula-Alckmin son un error. El PSOL apoya firmemente a Lula para derrotar a Bolsonaro, pero presenta varios puntos programáticos a la izquierda que no están contemplados en el documento de la coalición de la fórmula Lula-Alckmin, como se puede comprobar en la plataforma Derecho al Futuro.

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