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El Gobierno autoriza la “patada en la puerta” para entrar en domicilios con la excusa de la pandemia
El Gobierno autoriza la “patada en la puerta” de la policía para entrar en los domicilios con la excusa de la pandemia
El Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos ha utilizado desde el principio la pandemia como excusa para recortar derechos democráticos esenciales. Esta es una nueva vuelta de tuerca en esta política liberticida.
0Secuencia de la intervención policial en un domicilio en la madrileña calle de Lagasca el pasado domingo 21 de marzo. (EPV)
El Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos ha utilizado desde el principio la pandemia como excusa para recortar derechos democráticos esenciales y aplicar la “ley mordaza” y el código penal sobre todo a los jóvenes, las mujeres y en general la población de los barrios populares. Miles de multas a los más desfavorecidos, prohibición de manifestaciones de grupos, sindicatos y colectivos de izquierda -incluido el 8M-, identificación y detención de activistas de izquierda por ejercer sus derechos, etc., evidencian el intento de frenar el descontento social. Mientras no han parado de autorizar las manifestaciones convocadas por sectores de ultraderecha e incluso claramente fascistas. Ahora El Gobierno da un paso más y aplica la “patada en la puerta” de las fuerzas represivas para entrar en las viviendas sin permiso judicial. Todo ello con la excusa de la Covid-19 y la existencia de “fiestas ilegales”, mientras sigue sin dar respuesta a la situación crítica de la sanidad, los transportes, los desahucios o las colas del hambre en los barrios populares.
El pasado día 21 de marzo se producía un nuevo atentado grave contra los derechos y libertades fundamentales. Fue en una actuación realizada por la policía, bajo la excusa de actuar en la lucha contra la pandemia. Las imágenes que salieron a la luz sobre esta actuación demuestran a las claras la total impunidad con que actuó la policía para entrar en una vivienda sin autorización de sus ocupantes y sin la prescriptiva orden judicial.
La entrada a la vivienda del día 21 tuvo un método expeditivo, se hizo mediante un ariete y derribando la puerta a golpes, ante la negativa de los inquilinos del piso turístico a franquear el acceso a las fuerzas policiales, previa solicitud por su parte de la orden judicial correspondiente y de la que carecía la policía según reconocieron ellos mismos. A pesar de ello, los policías se abrieron paso, tras tirar la puerta abajo, hasta el interior de la vivienda para identificar y detener a nueve de los 14 participantes en una supuesta fiesta ilegal.
En la intervención policial en otra vivienda privada y efectuada al día siguiente, día 22, se utilizó el procedimiento de introducir un objeto plano de plástico para forzar el resbalón y facilitar la apertura de la puerta, pero también sin ninguna autorización de los ocupantes ni permiso judicial alguno. De hecho, hasta actuaron tres de los mismos policías que intervinieron el día anterior.
Esto evidencia que se ha abierto la veda por parte de Grande-Marlaska, ministro del Interior, para facilitar este tipo de intervenciones expeditivas y saltándose la protección vigente de un derecho tan fundamental como la inviolabilidad del domicilio y que el estado de alarma no faculta para limitar en absoluto, algo increíble viniendo de un ministro que previamente ha sido juez de la Audiencia Nacional. Aunque, quizás no tanto, si se tiene en cuenta su pasado polémico respecto a sus actuaciones en relación a denuncias recibidas como juez sobre torturas policiales, que sobreseyó sin problemas en su etapa en la Audiencia.
La policía además acusó en ambas actuaciones a gran parte de los presentes de desobediencia grave, propuso sanciones por incumplimiento de medidas sanitarias a todos ellos y detuvo a nueve de las catorce personas que se encontraban en la vivienda asaltada por la policía el día 21.
La "ley mordaza" como ariete del Gobierno contra las libertades democráticas
En ambos casos la intervención policial resultó claramente anticonstitucional al violar el artículo 18.2, enmarcado dentro de los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidas en la Constitución española y que garantiza la inviolabilidad del domicilio, salvo cuando se dispone del consentimiento del titular, orden judicial, o en caso de flagrante delito. Sin que en esta actuación se diera ninguno de esos supuestos. Pese a que la policía ha esgrimido para justificar su intervención que estaban amparados por la ley de seguridad ciudadana -la infame “ley mordaza”- y, lo que es más grave, por una orden interna emitida por el ministerio del Interior, para garantizar la aplicación de las medidas acordadas por el ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, de cara a frenar la expansión de la covid-19.
En concreto y según los atestados policiales, los agentes justificaron su actuación sobre la base de los artículos 9.13 y 16.1 de la “ley mordaza”. Estos artículos establecen la autorización a identificar a personas por parte de la policía siempre que existan indicios de que se ha cometido una infracción, y obliga a identificarse a los supuestos infractores. El artículo 16.5 es el que habilita su detención policial en el caso de que no se identifiquen voluntariamente al considerar que incurren en un delito de desobediencia grave. Pues bien, según los atestados como el delito de desobediencia se estaba cometiendo de forma flagrante, a partir de ahí se puede aplicar el artículo 18 de la Constitución y el 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para entrar sin permiso judicial a las viviendas.
Sin embargo, es evidente en este caso que la desobediencia de las leyes la realizan los policías al irrumpir de manera ilegal en una vivienda particular. Y que no puede haber desobediencia por exigir el cumplimiento de la policía de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio. Porque si se aceptara el planteamiento esgrimido en los atestados policiales en estos dos casos, supondría de facto que los domicilios podrían ser asaltados por la policía en cualquier momento y sin autorización judicial alguna, dado que la mera negativa del inquilino, algo que se refleja en la propia ley puesto que es una razón explícita para imposibilitar la entrada policial, se consideraría desobediencia grave facilitando, según sus argumentos, la entrada policial sin consentimiento para impedir ese delito, que de hecho ya se habría producido. Un auténtico sinsentido jurídico.
En el culmen del despropósito los policías llegan a alegar para justificar su intervención que la causa de todo era “la necesidad urgente de intervenir para detener a los autores e impedir la propagación del mal que la infracción penal acarrea, concretamente proteger el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos, así como, sobre todo, y especialmente proteger la salud pública”. Es decir, que todo lo que detallan, en realidad son faltas administrativas, tales como producir ruido y saltarse medidas sanitarias, por arte de magia se convierten en delitos penales muy graves que justifican la intervención policial asaltando los domicilios particulares como si no hubiera un mañana.
Otro aspecto curioso de los atestados que han trascendido ha sido la preocupación expresada por los policías de la salud de los detenidos y sancionados. Así, se señala que de no intervenir con celeridad hubiera podido haber consecuencias graves “toda vez que el tiempo de exposición al virus, en caso de que exista un más que posible contagio en el interior, está directamente relacionado al riesgo de contraer la enfermedad”. No ha mostrado la policía, ni el ministro del Interior ni nadie en “el gobierno más progresista de la historia” el mismo interés por la salud en los hacinados transportes públicos desde el inicio de la pandemia, ni por la situación sanitaria de las y los trabajadores de la sanidad, de los supermercados, de las residencias y cuidado de personas, como de muchas empresas -agrícolas, cárnicas, etc.- en las que hubo focos de contagio. Y no digamos en los CIE que siguieron abiertos o en la masiva llegada y hacinamiento de inmigrantes en Arguineguín en la isla de Gran Canaria, por ejemplo. Ni se ha mostrado tan expeditivo para atajar las medidas segregacionistas de Ayuso cuando cerró barrios populares de manera discriminatoria, o cuando no refuerza la sanidad ni contrata rastreadores suficientes para evitar la expansión del virus.
Sin embargo, y pese a que la actuación judicial al negar el habeas corpus solicitado por un detenido alegando una detención ilegal, hace pensar a algunos que la actuación policial ha sido correcta, lo cierto es que la gran mayoría de los expertos jurídicos han destacado la ilegalidad constitucional de la actuación policial realizada en ambos domicilios. Por otra parte, las dos principales organizaciones sindicales de la policía, Jupol y el SUP, han salido públicamente a defender la irrupción en los domicilios por parte de sus “compañeros”. El portavoz del SUP ha considerado que la polémica busca “demonizar el trabajo policial sin conocer las circunstancias del mismo”, mientras que para Jupol “no ha habido ninguna irregularidad en la actuación”. Argumentos que no extrañan viniendo de los sindicatos policiales que no se caracterizan precisamente por criticar ninguna actuación policial ya sea reventar un ojo de un manifestante o sobrepasarse en las cargas policiales.
Curiosamente, el Ministerio del Interior tampoco se ha pronunciado alegando que la segunda de las actuaciones se encuentra bajo investigación judicial, como si no pudieran intervenir de oficio dada la gravedad del ataque a las libertades democráticas fundamentales, la existencia de imágenes que no dejan lugar a dudas y el hecho de tratarse del “gobierno más progresista de la historia” una de cuyas señas de identidad debería ser la defensa firme y decidida de las libertades democráticas.
Pero lo cierto es que el Gobierno PSOE-UP no solo no ha derogado, tal y como prometió, la denominada “ley mordaza” de Rajoy, sino que se ha transformado en su alumno aventajado, aplicándola con abundante profusión punitiva durante toda la pandemia. Además, con un enorme sesgo discriminatorio en su aplicación si tenemos en cuenta lo elevado del número de multas que ha afectado sobre todo a la población de los barrios populares.
Las imágenes de las manifestaciones en los barrios ricos de la capital campando a sus anchas, con una presencia policial pasiva y condescendiente, frente a la persecución y el acoso a los barrios más populares y a los activistas ha sido una constante a lo largo de toda la pandemia. Eso por no hablar de las autorizaciones a las manifestaciones de fuerzas de la derecha negacionista más reaccionaria, cuando no propiamente fascistas, como la convocada en el Cementerio de la Almudena en homenaje a los caídos del bando fascista en la Guerra Civil española. Cuando a continuación y pese a adoptar todas las medidas legales sanitarias, fue denegada la autorización para realizar la manifestación feminista del 8M. Incluso llegando a perseguir e identificar rodeadas de policías a activistas que intentaron llevar adelante algún tipo de protesta siempre respetando las normas sanitarias, entre ellas compañeras de Pan y Rosas y la CRT.
¿Hace falta alguna prueba de que el Gobierno del PSOE-UP es incapaz de dar una solución de fondo a las necesidades de los más desfavorecidos en lo que respecta a la emergencia social y a la defensa de los derechos democráticos fundamentales de la clase trabajadora y las clases populares? Creemos que no.
En defensa de los más elementales derechos democráticos y de las necesidades vitales de la mayoría obrera y popular, es necesario levantar una alternativa política anticapitalista, feminista y antirracista y de clase que luche por terminar con la represión, la persecución a las y los luchadores y los abusos policiales. El único programa realista para lograr esto es la abolición de la policía, una institución reaccionaria al servicio de defender los intereses y los privilegios de los ricos.