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Un juez ordena la detención de la diputada de la CUP Laia Estrada
El juzgado de instrucción 6 de Tarragona ha ordenado detener a la diputada de la CUP Laia Estrada.
Está acusada de desórdenes públicos en la manifestación del 21 de diciembre de 2018, durante el Consejo de Ministros en Barcelona.
Estrada fue citada a declarar en los juzgados de Tarragona el 30 de diciembre de 2020 y el 21 de enero de 2021, pero no se presentó, motivo por el cual la jueza ha dictado la orden de detención.
El 21 de diciembre de 2018 empezó con cortes en varias carreteras y concentraciones en varios puntos de Barcelona y cargas de los Mossos d'Esquadra junto a la Llotja de Mar, donde se hizo el Consejo de Ministros. Por la tarde, una manifestación multitudinaria –80.000 personas, según los organizadores– llenó las calles para protestar contra la presencia del Gobierno en la ciudad. La movilización barcelonesa tuvo réplicas en otros lugares del Principado como Girona, l'Ampolla, Tarragona o Lleida.
El juez la cita por la "injustificada" ausencia en las citaciones de declaración como imputada.
Los Mossos d'Esquadra desaconsejaron celebrar el Consejo de Ministros en la Llotja de Mar. Según el informe que hizo la policia, el lugar se desestimaba por la complejidad de blindarlo.
Una protesta de 5 años de prisión
Impedir la celebración de un Consejo de Ministros está castigado con penas de hasta cinco años de prisión. El Código Penal recoge un apartado específico sobre este tema dentro del capítulo tres de la norma, el relativo a los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes. En la sección primera de este capítulo, relativa a los delitos contra las instituciones del Estado, se establecen quince delitos, entre los cuales figuran el atentado contra la celebración de un Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de comunidad autónoma.
El artículo 504 añade que la pena por "calumniar, injuriar o amenazar gravemente" el Gobierno o los cuerpos de seguridad puede suponer una multa de 12 a 18 meses, y que "utilizar fuerza, violencia o intimidación" para impedir que se celebre el Consejo de Ministros corresponde a una pena de prisión de tres a cinco años. La gravedad de esta tipología penal no se da en otras movilizaciones.
A diferencia de una protesta ordinaria, en la que las personas que provoquen disturbios podrían ser acusadas de delitos como desobediencia, resistencia a la autoridad o contra el orden público, en caso de que alguien intentara impedir la celebración de la reunión de un Consejo de Ministros, podría ser imputado por un delito más grave, contra las instituciones del Estado, como pasó en el asedio en el Parlament en la etapa de Artur Mas.