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La ridícula condena a un hotelero: 3 mil euros de multa por 6 años de esclavitud moderna
Trabajaba 16 horas al día, dormía en el cuarto de la limpieza sin ventilación y no libró ni un solo día durante 6 años.
Trabajaba 16 horas al día, dormía en el cuarto de la limpieza sin ventilación y no libró ni un solo día durante 6 años. El patrón solo tendrá que abonar 3 mil euros de multa y se le impone una condena a 9 meses que no deberá cumplir.
El dueño del Hotel Castillo de Javier en Pamplona ha sido condenado a 9 meses de prisión y 3 mil euros de multa por explotar a una trabajadora durante 6 años. El hostelero explotador, Juan Carlos Ciprés, es hermano de la exconcejala de Unión del Pueblo Navarro y fundadora y presidenta de Derecha Navarra y Española, escisión ultraderechista católica del PP.
La trabajadora de origen búlgaro realizaba turnos dobles de lunes a domingo durante 6 años. Únicamente tenía libre la noche del sábado. Dormía en una cama supletoria situada en un habitáculo sin ventilación, en el ático del edificio, destinado a guardar artículos de limpieza y lencería.
Había llegado a Navarra en 2008 a través de una amiga que le ofreció trabajar en el hotel, y fue ella quien le hacía de traductora. Las condiciones en el país de origen de la víctima, donde se tenía que hacer cargo de su núcleo familiar, y la plena confianza en su amiga le hicieron aceptar el trabajo.
La victima presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo ayudada por una compañera que trabajaba como recepcionista cuando se encontraba de incapacidad temporal por un accidente laboral. Este fue el primero de los tres accidentes laborales que sufrió la víctima durante la relación laboral.
La Audiencia Provincial de Navarra recoge que "tales condiciones de trabajo le fueron impuestas por el acusado con pleno conocimiento de la condición precaria que afectaba a la mujer, dada su ignorancia del idioma español, la plena confianza que depositaba en su compañera de trabajo y compatriota y el interés que tenía de enviar dinero a Bulgaria para atender las necesidades de su núcleo familiar".
Diferentes demandas laborales relacionadas con bajas y con diferencias salariales, interpuestas con el apoyo del sindicato LAB, terminaron con el despido improcedente de la trabajadora en octubre de 2016, lo que obligó a la empresa a indemnizarla con 18mil euros.
Estas condiciones de esclavitud moderna están mas extendidas de los que creemos. Los gobiernos de turno, y sus respectivos servicios de inspección, son cómplices al no perseguirlas ni legislar contra ellas. Las reformas laborales del PSOE y del PP se han demostrado el principal motor de crecimiento de la temporalidad y el desempleo, fortaleciendo la unilateralidad en las contrataciones y la precariedad. La ley de extranjería y la apertura de CIEs solamente promueven aún más que este tipo de conductas por parte de empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la precariedad vital de las personas extranjeras en situaciones de irregularidad y que no tienen en muchos casos ningún reconocimiento como trabajadores.