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Carlos Hernandez «Pote» (Salhaketa Bizkaia y miembro de la Coordinadora de Prevención de la Tortura)
“Sobre el Covid, lo primero que hay que decir es que no se ha seguido la recomendación de la OMS de favorecer las excarcelaciones masivas”
“Sí hay margen para desarrollar un ‘modelo penitenciario vasco’ como dice la consejera Artolazabal, pero claro, siempre y cuando se parezca lo suficiente al del resto del estado”
Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H
Hace unos días el Gobierno español y el Gobierno de Gasteiz acordaron el traspaso de algunas competencias de los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Analizamos con Carlos Hernandez «Pote», miembro de Salhaketa Bizkaia y miembro de la Coordinadora de Prevención de la Tortura, esta nueva situación. En el Estado español hay 55.459 personas presas en 71 cárceles, a marzo de este año. En la CAV suman 1.300 personas y otras 308 personas en Nafarroa, según los datos oficiales. En 2019, de estas personas, había 219 prisioneros y prisioneras de ETA, 17 de GRAPO y 8 de grupos independentistas galegos.
Antes debemos recordar que la Covid-19 ha provocado hasta junio la muerte de 9 personas presas, mientras que hay 2.117 positivos en el conjunto de cárceles españolas. Hay que añadir que en 2020, en la prisión nueva de Zaballa en Araba murieron 6 presos, y alrededor de 130 en todo el Estado español. En 2019, según datos oficiales, se produjeron “194 fallecimientos, ocurridos en los centros penitenciarios o en los hospitales de referencia. 180 fueron hombres y 14 mujeres. La edad media de los fallecidos fue de 46 años”. Desde Salhaketa se ha denunciado “el incremento de las muertes en prisión por motivos no naturales y relacionadas con el coronavirus en medio del hermetismo y ocultamiento sistemático de las mismas”.
Pero, además, las cárceles son centros de trabajo en colaboración con empresas privadas. “En 2019, la media de internos que trabajaron en talleres gestionados en colaboración con empresas externas fue de 3.043”. En muchas ocasiones se ha criticado y denunciado por “beneficiarse de mano de obra barata”. En este sentido, Pote Hernández explica que “mi resumen es que se inventaron como campos de trabajo y en el fondo es lo que siguen siendo”.
Por empezar por las últimas noticias, con el traspaso de las competencias de prisiones a la CAV (Euskadi) ¿qué va suponer? ¿Cómo queda el panorama? En realidad, ¿qué va a controlar el Gobierno vasco? ¿La competencia última la tiene el Gobierno español? ¿Para qué sirve ese traspaso?
En principio, la transferencia de la administración de las tres cárceles de la CAPV es completa, es decir, tanto las infraestructuras (las cárceles y su perímetro) como el personal que trabaja en las mismas (tanto el de vigilancia, como el de intervención, administración y mantenimiento) pasarán a depender del Gobierno Vasco. Esto incluye los traslados entre estas prisiones, la gestión de los recursos de intervención social de las mismas, la seguridad, la gestión de la política penitenciaria, régimen de visitas y otra serie de cuestiones que hasta ahora dependían de Madrid (sólo estaba transferida la cuestión sanitaria, que lleva desde 2011 en manos de Osakidetza). Es decir, el traspaso de transferencias es completo.
Sin embargo, la legislación (tanto la Ley Orgánica General penitenciaria, como el Código Penal -que en muchas ocasiones condiciona la aplicación del Reglamento Penitenciario-, o leyes más específicas como la de Cumplimiento Íntegro de las Penas) seguirá siendo la general del Estado español, cosa que, como hemos visto en el caso catalán, condiciona enormemente la aplicación de ciertas medidas que afectan al cumplimiento de las condenas (plazos para el tercer grado, la libertad condicional, etc.).
Desde 2015 compartiendo
lucha contra la Ley MordazaPor ejemplo, una cuestión tan sensible como los traslados de personas presas, hacia dentro y hacia afuera de las cárceles de la CAPV, seguirá siendo una cuestión sobre la que Madrid seguirá teniendo la última palabra en todos los casos.
En principio, este traspaso de la gestión implicará cierto grado de cambio, pero habrá que esperar algún tiempo para ver cómo evoluciona la situación.
¿En qué situación están las personas privadas de libertad en las prisiones situadas en suelo vasco?
Hoy en día, la situación de las personas privadas de libertad en la CAPV difiere muy poco de las del resto del Estado, a excepción de las catalanas. Incluso la trasferencia de la gestión de la sanidad penitenciaria, que se hizo efectiva hace unos años, ha cambiado poco respecto a los años anteriores, en parte por cómo funciona la propia Osakidetza últimamente y, en mayor medida, por las inercias propias de la cárcel, una institución heredera de la fábrica y el cuartel, diseñada para dificultar los cambios y aislada de la sociedad por su propia definición.
Jaime Tapia, asesor en materia de instituciones penitenciarias de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha señalado que se considera una buena ratio que un 40% de personas presas esté bajo un tipo de régimen de semilibertad, ¿esa posibilidad depende del Gobierno vasco?
En teoría sí, siempre y cuando se cumpla con la legislación vigente al respecto que, recordemos, es estatal… que ya hemos hablado de eso. El único punto de comparación vuelve a ser Cataluña que, por ejemplo, tenía un 24% de su población penitenciaria en tercer grado, que es bastante más que el 15% del resto del Estado (la media total en ese año 2019 fue del 16%), pero que queda muy lejos del 40% “prometido”.
De todas formas, más que del Gobierno Vasco, estas cuestiones dependen más de los equipos de tratamiento de las cárceles… ¿van a ser los mismos funcionarios? ¿van a tomar los mismos funcionarios decisiones distintas por depender ahora del Gobierno Vasco? No olvidemos que una parte de la decisión de concesión de los terceros grados ya dependía del Gobierno Vasco a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (dependiente del Departamento de Justicia, como el resto de los juzgados), el proceso es complejo y moviliza a varias administraciones algunas de las cuales, repito, ya estaban gestionadas por el Gobierno Vasco, y que probablemente sigan funcionando como lo hacían hasta ahora.
La consejera, por otro lado, ha afirmado, tras el anuncio del traspaso de la competencias, que “hay suficiente margen para desarrollar un modelo penitenciario vasco”. ¿Estás de acuerdo? ¿El mejor modelo penitenciario no sería el que no tuviera prisiones?
Bueno, partiendo del principio de que Salhaketa Bizkaia es una asociación abolicionista del modelo social punitivista y, por lo tanto, de la existencia de un sistema “penitenciario” (¡Abajo los muros de las prisiones!), hay que reconocer que la consejera tiene parte de razón en cuanto a que sí hay margen para desarrollar un “modelo penitenciario vasco”, pero claro, siempre y cuando se parezca lo suficiente al del resto del estado: para empezar la legislación de aplicación general (que es la mayoría en el mundo talego), para continuar el personal será subrogado en su totalidad y, salvo algún traslado que otro, seguirá siendo el mismo… y no menos importante, las infraestructuras.
La cárcel de Araba es nueva, va a seguir siendo la referencial de la CAPV durante bastante tiempo tal y como es (una macrocárcel, el modelo que desde los distintos Salhaketas llevamos tanto tiempo combatiendo), la nueva que se construya en Gipuzkoa también será de modelo modular (como la de Araba) ¿Hay planes para cerrar la de Basauri y sustituirla por algo distinto? ¿o al menos para abrir algún módulo de mujeres en Bizkaia? O mejor aún ¿Van a renunciar al modelo penitenciario basado en las cárceles modulares y el régimen cerrado como norma? Esas son varias de las preguntas que tendrá que responder el nuevo modelo penitenciario vasco, y para muchas de esas preguntas la respuesta va a ser no, al menos hasta amortizar las actuales instalaciones (lo que puede suponer décadas).
Con el tema del Covid-19, ¿en qué condiciones se encuentran pasando esa crisis sanitaria dentro de las cárceles?
Sobre este tema, lo primero que hay que decir es que no se ha seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de favorecer las excarcelaciones masivas (la república de Irán excarceló a más del 60% de la población penitenciaria durante la primera ola de marzo/mayo), y que se ha multiplicado el aislamiento, puesto que los confinamientos han impedido visitas, vises, traslados, etc. Como es fácil de entender, el confinamiento se ha cebado más en los aislados, porque les ha negado el poco contacto real que les quedaba con sus seres queridos. Y lo más grave es que esto tampoco ha evitado los contagios y las muertes dentro de prisión a causa de la pandemia de la Covid-19.
¿Cuántas muertes se producen al año en las cárceles vascas y en el Estado español? ¿Qué conclusiones se pueden extraer? ¿Con el traspaso de las competencias se van a evitar más o dará igual?
Durante muchos años hemos formado parte de la Coordinadora para le Prevención y Denuncia de la Tortura, por lo que los datos que manejamos sobre muertes en prisión son estatales. Como resumen, entre los años comprendidos entre 2001 y 2016 (de los que tenemos las series completas). En esos 15 años murieron en las cárceles del Estado español 3.738 personas, lo que supone una media de 233 fallecimientos al año, la mayoría por causas evitables (un 45% por enfermedad, un 20% por sobredosis, un 12% por suicidio…) y todas ellas responsabilidad de la institución que ejerce la custodia, es decir, la propia cárcel. La conclusión es que en la cárcel es casi siete veces más fácil morir que fuera de ella… Y no sabemos si esto va a cambiar con las transferencias, y los únicos datos segregados en las estadísticas oficiales (que son los e Catalunya), en este tema son muy parecidos a los del resto del Estado, para las personas privadas de libertad.
https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/06/carlos-hernandez-pote-salhaketa-bizkaia.html