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El gobierno “progresista” y la Generalitat acercan posturas a golpe de atentado ambiental
La ampliación de El Prat constituye un atentado a la biodiversidad, una bomba de emisiones y la apuesta por un modelo económico basado en la precariedad y estacionalidad. Los grandes fondos de inversión son los grandes ganadores. La clase trabajadora, las nuevas generaciones a las que se les niega hasta un planeta que habitar y las aspiraciones democráticas catalanas, las paganas
Con un cheque de 1.700 millones para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Así ha daba inicio esta semana la nueva etapa de entendimiento y acuerdo entre el gobierno “progresista” y el de la Generalitat. Los fondos europeos empiezan a hacer efecto en una doble dirección.
Por un lado, se afianza una hoja de ruta de salida de la crisis basada en el rescate milmillonario de los grandes negocios capitalistas a costa de futuros ajustes, contrarreformas y, como en este caso, aún mayor degradación ambiental. Por el otro, se consolida la restauración autonómica con la que PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat pretenden acabar de sepultar el movimiento y las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.
Un crimen ambiental: atentado a la biodiversidad y bomba de emisiones
Las obras, que concluirían en 2030, destruirían en lo inmediato hábitats naturales protegidos de alto valor, como el Estanque de La Ricarda, que pondría en serio riesgo la biodiversidad del entorno, en particular del Delta de El Llobregat.
Pero las consecuencias medioambientales no se quedan ahí. Con la nueva pista el aeropuerto de El Prat espera aumenta en un 30% el tráfico de pasajeros. Algo que implicaría aumentar 5,8 millones de toneladas de CO2 anuales. Una cantidad que triplica el objetivo de la ciudad de Barcelona para ese mismo 2030 de reducir las emisiones en 1,2 millones de toneladas – un 55% del total actual -. El nuevo Prat añadirá un extra de contaminación al área metropolitana equivalente a dos Barcelonas actuales.
Un proyecto al servicio de grandes fondos de inversión
La propaganda gubernamental y mediática hablan de un aumento del 2% del PIB y la creación de hasta 80 mil puestos de trabajo. Una demagogia neoliberal que acompaña a todos estos megaproyectos, siempre pensados para beneficiar a las constructoras y accionistas detrás de ellos.
En el caso de AENA, entre el 49% de participación privada tenemos a buitres como el fondo de inversión británico “The Childrens Investment Fund”, relacionado con la quiebra del banco neerlandés ABM AMRO e inversiones en centrales nucleares japonesas, el fondo estadounidense “BlackRock Inc.”, ligado al fondo inmobiliario “BlackStone”, “Capital Research and Managment Company”, una de las líderes mundiales en la gestión de fondos de pensiones privados, o el gigante germano de las finanzas Deutsche Bank.
La apuesta por un modelo de monocultivo turístico, precariedad laboral y depredación ambiental
Que Aragonés sea el “hereu” de una de las grandes familias hoteleras de la Costa Brava y amigo de magnates del IBEX35 como el consejero delegado de Ferrovial, era vox populi antes de ser investido. Por eso, a nadie le debería sorprender que su gobierno apueste por un modelo de desarrollo basado en ladrillo, sol y playa, oen otros términos, el modelo de precariedad, salarios de miseria y depredación ambiental.
El turismo se convirtió después de la crisis de 2008 en el nuevo ladrillo español y catalán. Las crisis en los mercados árabes del Mediterráneo fue bien utilizada por las grandes cadenas españolas para pasar de apenas 50 millones a 85 millones de turistas anuales antes de la pandemia.
Unificar la lucha contra la ampliación con la exigencia de un plan de emergencia contra la crisis social y ambiental
Es mentira que la ampliación del aeropuerto sea la única salida para salir de la crisis. Es solo la suya, la que está pensada para beneficiar a los de siempre. Esos 1.700 millones de dinero público, así como otras medidas contra los que se han enriquecido durante años a costa de salarios de hambre y jornadas que consumían la salud de sus trabajadoras, bien podrían servir para promover una reconversión respetuosa con el medio ambiente, un fuerte sector público y condiciones de trabajo dignas.
Algo así, solo podría hacerse si se realiza bajo el control de las y los trabajadores, y no los burócratas de la Generalitat o los capitalistas “verdes”. Por eso ni los “Aragonés” ni los “Sánchez”, pero tampoco las “Yolanda Díaz” que son pieza clave del plan de recuperación a partir de los fondos europeos, lo van a acometer. La lucha contra la ampliación del aeropuerto, debe ir acompañada de una exigencia a los sindicatos a que se impliquen, a que el movimiento obrero la tome en sus manos, junto con demandas de emergencia contra la crisis como el reparto de horas, la nacionalización, reconversión y puesta bajo control obrero de todas las empresas que cierren, despidan o atenten contra el medio ambiente y una subida inmediata de salarios, pensiones y prestaciones.
Se preparan las primeras movilizaciones
Este es el compromiso alcanzado por el gobierno “más progresista de la historia” y el govern de Aragonés, que fue investido hace apenas unos meses con los votos de ERC, JxCat y la misma CUP, que justificó sus “síes” en las vagas promesas de un acuerdo de legislatura que nacía muerto, como dejó en evidencia el discurso de investidura y los acuerdos de los republicanos y los ex-convergentes.
La ampliación cuenta con el rechazo de la casi totalidad de entidades ambientalistas, así como colectivos sociales, vecinales y juveniles. Para Pablo Castilla, militantes de la CRT y Contraconrrent, y vecino de El Prat “se trata de un atentado a cargo de quienes se llenan la boca de “progresismo” y “Agenda 2030”. Destrucción de biodiversidad, aumento de emisiones hasta hacer irrespirable el aire de nuestras ciudades, curros precarios en la hostelería para atender un mayor volumen de turistas, gentrificación... Esto es lo que nos ofrecen el PSOE, Unidas Podemos, ERC y JxCat. Es hora de que la juventud, los movimientos ecologistas, junto a la clase trabajadora, nos organicemos y salgamos a la calle para parar esta barbaridad”.
La CUP ha manifestado su oposición, y la diputada Mireia Vehí ha tildado el acuerdo como una “línea roja”. Si estas declaraciones son sinceras la izquierda independentista debería romper públicamente todo acuerdo con el Govern ERC-JxCat y retirarle inmediatamente el soporte parlamentario del que depende. Por su parte los Comunes se muestran críticos en Catalunya, donde son oposición, pero en el Congreso y el Consejo de ministros y ministras siguen dándole el apoyo necesario al gobierno “progresista” y su ministra de Fomento, para que el proyecto salga adelante.
Para las próximas semanas se están convocando diversas movilizaciones. Una de las que se espera sean más masivas será el próximo 19 de septiembre. Para que este movimiento tome fuerza y logré parar los pies a los dos gobiernos y sus excavadoras, será imprescindible que con el inicio de curso de organicen asambleas y comités en los diferentes barrios, facultades e institutos de todo el área metropolitana, así como que la izquierda sindical, como la CGT que se ha sumado al rechazo, lleve esta reivindicación a los centros de trabajo y exija al resto de sindicatos sumarse a las movilizaciones.