La guerra y la legitimidad política

La legitimidad es un aspecto clave en todo régimen, pero se hace aún más importante en momentos de crisis. La guerra es uno de esos momentos en los que las dudas sobre la legitimidad, entendida como la aceptación del pueblo de unas determinadas autoridades, o la falta de ella pueden determinar el futuro político, no solo de un dirigente, sino de todo el régimen.

Esta idea está presente en el conflicto ucraniano desde febrero de 2014, cuando la revolución de la dignidad fue percibida como un golpe de estado por una parte mayoritaria del país, que vio además de la injerencia externa una agenda ultranacionalista que no ha hecho más que confirmarse con los años. El no reconocimiento del régimen nacido de Maidan, las incendiarias declaraciones nacionalistas y la nula capacidad del ejecutivo de Yatseniuk, que ante las protestas y la inminente celebración del referéndum de Crimea no supo ofrecer diálogo ni un acomodo en la nueva Ucrania, sino que optó por retirar la autonomía de la península, facilitaron las marchas y la posterior adhesión a Rusia de Crimea.

En Donbass, cualquier matiz de legitimidad que pudiera habérsele dado al régimen de Turchinov-Yatseniuk se perdió en el momento en el que Kiev optó por dar una solución militar, la operación antiterrorista, a un problema político, las protestas de Donetsk y Lugansk contra el camino que estaba tomando Ucrania.

En tiempos de paz, la legitimidad se obtiene teóricamente por medio de procesos electorales, aunque no siempre es suficiente. Viktor Yanukovich había sido elegido en las urnas y su final recuerda que es posible construir un discurso que haga del derrocamiento de un presidente electo una revolución y no un golpe de Estado, especialmente cuando diplomáticos y diplomáticas occidentales se pasean por las calles de la capital y se reúnen en público y en secreto para organizar el gobierno de transición.

Tampoco se duda de la legitimidad de un presidente en caso de ser elegido en un proceso electoral en que no puede participar una región entera al encontrarse en guerra. La legislación ucraniana actual impide la celebración de elecciones en condiciones de ley marcial, motivo por el que Volodymyr Zelensky había dado por hecho que no habría elecciones legislativas hasta nueva orden y se asumía incluso que las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2024 se retrasarían irremediablemente.

En 2014, la operación antiterrorista fue la figura elegida para dar legitimidad a una intervención militar dentro de los límites del país. Se justificaba así el uso de las fuerzas armadas contra la población de una región del país, colectivamente señalada como terrorista. Se evitaba así tener que decretar la ley marcial, que habría impedido la celebración de las elecciones que llevarían a la presidencia a Petro Poroshenko, uno de los hombres en la sombra de Maidan. Las autoridades interinas ucranianas, cuestionadas por amplios sectores del sudeste rusófono, perdida Crimea y con Donbass dispuesto a alzarse en armas contra el ejército ucraniano, en el que también había sectores que no estaban dispuestos a disparar contra la población, precisaba de forma urgente de legitimación, proceso que solo podía realizar por medio de unas elecciones.

La victoria de febrero de 2014 en Kiev, los procesos electorales, en los que no participó todo el país y con crecientes dificultades para partidos opositores a Maidan y el discurso de lucha contra Rusia fueron hasta febrero de 2022 la base de la legitimidad de los gobiernos ucranianos, apoyados financiera, económica y políticamente por los países de la Unión Europea y EEUU. Ese apoyo fue incondicional e imprescindible en el caso de negar cualquier tipo de reconocimiento al movimiento que se había creado en Donbass contra la operación antiterrorista, las autoridades organizadas improvisadamente en el verano de 2014 y cualquier proceso vinculado a ellas.

Una vez iniciada la guerra, la legitimidad de las autoridades de Donbass siempre estuvo vinculada a la capacidad para hacer frente a los retos que suponía el enfrentamiento con Ucrania. Con el inicio de la operación antiterrorista, Kiev perdió toda legitimidad que pudiera haber mantenido a ojos de la población de Donbass, cuya opinión, ya desde febrero de 2014 era absolutamente irrelevante para las autoridades centrales del país. La representación gráfica más clara es el referéndum del 11 de mayo de ese año, cuando, a modo de voto protesta, miles de personas se agolpaban en las ciudades para votar contra el nuevo Gobierno de Kiev y en defensa de Donbass.

En aquel momento, cuando los medios de comunicación occidentales calificaban la RPD como “una república de un edificio”, la supervivencia de las Repúblicas Populares no solo no estaba garantizada, sino que parecía imposible. Los pasos dados por Ucrania, no solo por medio de la guerra sino fundamentalmente a base de añadir la vía económica para tratar de doblegar la voluntad de Donbass, hicieron que aumentara la polarización y obligaron a la población a posicionarse. La guerra hace imposible toda equidistancia.

Desde 2014, Ucrania ha denunciado todo acto político y económico al margen de su voluntad, con lo que ha enviado notas de protesta por cada convoy de ayuda humanitaria rusa enviado a Donbass, así como por cada proceso electoral que allí se ha celebrado. La legitimidad de Alexander Zajarchenko no se basaba en las elecciones de noviembre de 2014, sino en su capacidad para ser la cabeza visible de una República que mantenía un ejército crecientemente organizado y que, con la asistencia de Rusia, comenzaba a ofrecer algunos servicios mínimos con los que compensar la dejación de funciones del Estado de Ucrania desde aquel verano, cuando se produjo la interrupción del pago de salarios públicos, pensiones y prestaciones sociales.

Las elecciones de 2014, que confirmaron a Alexander Zajarchenko e Igor Plotnitsky y las celebraras cinco años después, que ratificaron a Denis Pushilin y Leonid Pasechnik en los puestos que ya ocupaban fueron la oficialización del sistema, la formalización de unas estructuras en las que lo más importante era ya que los candidatos contaban con el apoyo de Rusia. Al margen de cuáles fueran las intenciones de la población al inicio de las protestas, en el momento en el que el estado de guerra y de bloqueo económico se cronificó con el sabotaje ucraniano del proceso de Minsk, la legitimidad de toda autoridad de Donbass dependía de su relación con Rusia y su capacidad para hacer valer esa cercanía. La situación hacía inevitable esa equiparación.

En ese contexto, la postura de Ucrania siempre fue la de la condena y la del bloqueo. Ucrania no solo protestó por cada proceso electoral, sino que incluso apeló a la letra de Minsk, acuerdo que nunca tuvo intención de cumplir, para condenar el intento de realizar primarias para, en el futuro, celebrar elecciones locales. Esas elecciones, posiblemente para no irritar aún más a Ucrania, nunca se produjeron, como tampoco lo hicieron los comicios locales a los que Kiev se había comprometido.

Nunca hubo una ley electoral específica pactada con Donetsk y Lugansk para realizar elecciones locales, punto de partida para el retorno de Donbass a Ucrania. Al igual que con el proceso de paz en general -y como ocurre ahora-, Kiev optó por la estrategia de rechazar cualquier paso y cualquier acuerdo si no se cumplían exactamente sus exigencias, mandatos y deseos. De esta forma, el bloqueo era la única consecuencia posible. Con esa postura, Kiev se deslegitimó aún más, si eso era posible, ante la población de Donbass.

Ucrania denuncia ahora como una injerencia inaceptable la celebración de elecciones legislativas en Donbass y otros territorios que decidieron adherirse a Rusia, un acto coherente con su postura, pero que muestra cierto nerviosismo. La celebración de elecciones en un territorio, aunque en condiciones que imposibilitan la normalidad democrática y en las que no toda la población puede tener la opción de participar, es una muestra de control efectivo del territorio y a su vez una forma de legitimación y oficialización del statu quo, motivo real de la condena de Kiev.

Ucrania condenó también la participación de población de Donbass que había adquirido la nacionalidad rusa en anteriores procesos electorales rusos. En aquel caso, igual que en el actual, el motivo real era que esa participación, y los escasos actos de campaña que se realizaron en Donbass, mostraban que la cuestión había pasado a formar parte de la política nacional y no de la internacional. No es la injerencia rusa la que molesta a Kiev, ya que eso justifica continuar con su estrategia de negar concesiones y de continuar con la guerra como única vía de resolución del conflicto, sino la imagen de participación de ciudadanos ucranianos en procesos de legitimación de la presencia rusa.

La cuestión electoral ha aparecido en la agenda política ucraniana a lo largo de la última semana, aunque no solo por las condenas a las elecciones legislativas rusas. Zelensky ya había abierto la puerta a la posibilidad de modificar la legislación para realizar elecciones parlamentarias en Ucrania, eso sí, en caso de que Occidente corriera con los gastos y con las necesidades de seguridad. Ahora, el presidente ucraniano ha ido un paso más allá y ha mencionado la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en el momento en el que finalice su mandato.

Sin ninguna figura política que pueda hacer sombra al actual presidente, su reelección estaría más que garantizada y en ella no podría participar ningún partido opositor al régimen oficial de Maidan, todos ellos prohibidos, igual que todo el ya de por sí limitado espectro político de la izquierda. Pero al contrario que en el caso de Donbass, donde los líderes buscaban la legitimación de la población, fundamentalmente para representarla ante Rusia y en el proceso de Minsk, la necesidad de Zelensky no se debe a su población, sino a sus socios. No es la población ucraniana la que amenaza con buscar un nuevo líder, sino que es la prensa occidental la que publica artículos en los que sutilmente deja caer que Zelensky no es imprescindible. De ahí nace la necesidad de Zelensky de mantener la legitimidad formal que le daría un mandato ratificado por las urnas.

La realidad del país, con una parte del territorio que considera propio bajo control ruso, millones de personas refugiadas en el este y oeste, unas condiciones de seguridad profundamente comprometidas y gran parte del espectro político suspendido de las actividades políticas no cumple con relativas garantías para la celebración de unos comicios mínimamente serios. Pero esas elecciones se celebrarán en cualquier caso si Zelensky ve peligrar su legitimidad ante sus socios.

Eso sí, el presidente ucraniano ya ha planteado los primeros problemas, vinculados, como era de esperar, a la participación de la población o, al menos, de una parte de la población que considera propia. “Lo más importante es qué hacer con los territorios temporalmente ocupados”, afirmó Zelensky. La participación de esa población en unos comicios ucranianos no sería solo una legitimación de Ucrania sino una muestra de deslegitimación de Rusia, motivo principal por el que la participación de esa población es importante. Eso sí, el presidente ucraniano dejó un matiz importante.

“Hay quienes están bajo ocupación desde el 24 de febrero. Ellos también son ucranianos”, afirmó, dejando claro qué parte de la población considera ucraniana y desea que pueda participar en los comicios. Esa afirmación deja fuera de la definición de ucranianos a las poblaciones de Crimea y Donbass, que de ninguna manera votarían masivamente a Zelensky y a la que ni siquiera se ofrece participar en las elecciones ucranianas, pero que es condenada activamente si desea participar en los comicios rusos.

Con este breve comentario, Zelensky ha dejado clara su opinión sobre Donbass y Crimea, cuya población a efectos políticos ha dejado de ser considerada ucraniana para su presidente, pero cuyos territorios hay que liberar por tratarse de tierra ucraniana.

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