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Denuncias y peticiones de cárcel a huelguistas del metal de Bizcaia, PCB, Tubacex y Petronor
En rueda de prensa, representantes de CCOO, LAB, ESK y CNT, han denunciado esta mañana la ofensiva policial y judicial en marcha contra numerosos trabajadores y trabajadoras por su participación en los recientes conflictos del metal de Bizkaia, o empresas como PCB, Tubacex o Petronor, todas ellas en Euskal Herria.
Muchos de ellos y ellas han sido “apaleadas, imputadas y sancionadas con multas económicas” y algunas de ellas se encuentran a las espera de juicio, con “peticiones de penas de cárcel muy altas”.
En un comunicado conjunto denuncian que “lo que se esconde es un intento de criminalizar la lucha de la clase trabajadora, criminalizar el sindicalismo, criminalizar el derecho a la huelga, en definitiva, criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas”.
Han responsabilizado de la manera especial al Gobierno Vasco, al que acusan de que en todos los conflictos su “primera aportación” haya sido el envío de “la Ertzania a reprimir protestas, apaleando, deteniendo bajo falsas acusaciones y aplicando la Ley Mordaza”. Su complicidad con las empresas habría llevado también a que el ejecutivo autonómico se pusiesa de su lado cuando algunas de estas empresas presentaron EREs o ERTEs que finalmente la Justicia ha terminado tumbando.
Denuncian que no han visto al gobierno presidido por Urkullu “defender a los trabajadores y trabajadoras que han sido amenazadas para que no secunden la huelga” o “que a diario ven vulnerados sus derechos laborales”, ni a “ninguna patronal sufriendo detenciones o enfrentándose a un juicio ante la sangría incesante de accidentes laborales y muertes”. Muy contrariamente, estas empresas “actúan con total inmunidad” porque así se lo permiten.
Han reivindicado sus movilizaciones señalando que “la lucha es el único mecanismo que tenemos los y las trabajadoras para hacer frente a la imposición, a la precariedad y a la pobreza, y poder tener mayor capacidad de presión en la negociación frente a las patronales”. Mientras tanto “la patronal tiene las leyes y los gobiernos de su parte”.
Ante esta campaña de persecución y criminalización, las organizaciones sindicales han solicitado una primera reunión con los departamentos de Empleo y Seguridad del Gobierno Vasco para que pongan freno a esta ofensiva, dejen sin efecto las multas y denuncias interpuestas en estos y cualquier otro conflicto laboral.
La represión contra las y los trabajadores en lucha no es el modus operandi solamente del gobierno del PNV. Recientemente veíamos las imágenes de la tanqueta en la huelga del metal de Cádiz y las detenciones semanas más tarde de varios huelguistas en sus domicilios. Contra esta ofensiva, en este caso a cargo del ministerio del Interior del gobierno “progresista”, hay convocadas movilizaciones en diversas ciudades en los próximos días.